Extrañas políticas de seguridad y soberanía alimentarias

Si se mantiene la actitud gubernamental hacia la producción agropecuaria, pronto el país tendrá que importar productos de los que antes se autoabastecía

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Callejón ¿sin salida?

2. El Día: Los peores del curso

3. El Día: Palabras Mayores

4. El Día: Bolítica

5. El Día: Consecuencias de una fatalidad

6. El Día: Presunción de inocencia, una garantía procesal de aplicación obligada

7. El Día: El hombre de azúcar

8. Los Tiempos: EXTRAÑAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS

9. El Deber: Deficiencias en los depósitos aduaneros

10. Cambio: La Constitución señala el camino

11. La Prensa: Las armas rusas

12. El Diario: Mínima producción minera y elevadas cotizaciones

13. El Mundo: Corrupción

14. Opinión:

15. Clarín, Argentina: El comercio Argentina-Brasil

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El Día: Callejón ¿sin salida?

Reconocer un problema y asumir la responsabilidad es el inicio de la solución. El vicepresidente García Linera acaba de pedir disculpas al pueblo boliviano por el “sufrimiento que está pasando estos días” para conseguir azúcar y otros alimentos básicos y se ha mostrado esperanzado en la abundancia de la próxima zafra azucarera. A su tiempo, el presidente Morales hizo lo propio, aunque él prefirió encomendarse al ekeko para que ayude a frenar la escasez.

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La segunda etapa para un Gobierno que supuestamente pretende eliminar una amenaza tan grande como la crisis alimentaria, sería ponerse de acuerdo sobre las medidas que hay que tomar y mantener un discurso coherente que ayude a generar tranquilidad en la población.

Pese a que no hay duda sobre el papel que han jugado las políticas gubernamentales sobre la falta de alimentos y que existe un consenso sobre las medidas urgentes que se deben tomar para evitar una hambruna, los zigzagueos se mantienen en el oficialismo y no hacen más que incrementar la incertidumbre.

La ciudadanía observó esperanzada hace unos días la actitud del presidente de convocar a los agropecuarios del oriente para establecer una alianza productiva y al mismo tiempo manifestó el compromiso del Gobierno de eliminar las trabas que impiden aumentar las áreas de cultivo y también reconoció que las exportaciones son vitales para dinamizar la agroindustria cruceña.

Lamentablemente, la supuesta preocupación del Gobierno sobre la escasez de alimentos no termina de pasar del discurso y lo peor es que los mensajes son adversos, incoherentes y en todo caso, preocupantes. Ávido por recuperar su palestra internacional lesionada de muerte por la pérdida de credibilidad, el presidente Morales se trasladó a Dakar, donde ha retomado su carraspera anticapitalista, sus arengas “pachamamistas” y su animadversión hacia el mercado, cuyas reglas son las únicas capaces de sacarlo del callejón sin salida en el que se encuentra. Mientras Evo Morales levantaba el dedo en África, un atronado funcionario de su Gobierno retomaba la querella contra los productores de Santa Cruz, a los que responsabiliza por la falta de comida. Según este inquisidor de turno, son tres mil familias cruceñas dedicadas a la agroindustria las que han dejado de producir un 35 por ciento en los últimos años.

Machacar con el cambio climático, con el discurso anti-cruceño, con esas simplezas como la miel, y los pollos criollos, además de una actitud villana, constituye una política escapista similar a la que asume el avestruz que cree que escondiendo la cabeza en la tierra habrá evitado el desastre.  Por si las evidencias no han dejado las cosas claras, la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha concluido en un reciente informe que han sido las políticas del Gobierno de Evo Morales las que han afectado la producción y recomienda cambiar de rumbo para no seguir provocando distorsiones en el mercado que a la larga generan un efecto boomerang, con procesos inflacionarios y situaciones de escasez mucho más intensos. El organismo internacional sostiene que la tozudez del Gobierno lo llevó a ignorar las recomendaciones y a aprobar desde el 2007, trece decretos que han restringido las ventas al exterior de pollo, aceite de soya y girasol, maíz, trigo, y otros productos. La opción es del Gobierno: o sigue distraído en majaderías y en buscar chivos expiatorios o de una vez se pone manos a la obra.

Machacar con el cambio climático, con el discurso anticruceño, con esas simplezas como la miel, y los pollos criollos, además de una actitud villana, constituye una política escapista similar a la del avestruz que cree que escondiendo la cabeza en la tierra evitará el desastre.  Por si las evidencias no han dejado las cosas claras, la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha concluido en un reciente informe que han sido las políticas del Gobierno de Evo Morales las que han afectado la producción

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El Día: Los peores del curso

En el colegio, a los malos alumnos se los reconocía al tiro. Vivían de fiesta, copiando en los exámenes y se sentaban en la parte de atrás del aula para pasarla bomba junto con sus amigotes. En el manejo de la economía también es fácil distinguir a los vagos de los que hacen su tarea y a la hora de la verdad son estos últimos los que pueden darse sus gustitos. En Bolivia, por ejemplo, mientras hablamos de las penurias que causa la escasez de alimentos, en Brasil lo están viendo como la gran oportunidad para incrementar la exportación de granos y de carne. La previsión de los brasileños y las adecuadas políticas que implementó Lula desde la crisis de 2008, permitirán que Brasil incremente en un 7 por ciento su participación en el comercio mundial en ambos rubros hasta el 2020. En el caso de la harina de soya la cuota de Brasil en el mercado internacional va a disminuir, pero no porque hubiera bajado su producción, sino porque hay otros aplicados, como Paraguay, Estados Unidos y Argentina que están cosechando y exportando más. Los “vaguetas” del colegio siempre le echaban la culpa al profe por sus aplazos, en Bolivia preferimos responsabilizar al cambio climático, a los cruceños y a las mamaderas.

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El Día: Palabras Mayores

APREHENSIÓN, de Villa Vargas es para tomar su declaración sobre el video-soborno, no para detenerlo"

Carlos fiorillo
fiscal asignado al caso

CULPABLE, el responsable de todo es el Gobierno nacional. No es justo. Están cometiendo errores en la economía"

PERCY FERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SIN PRUEBAS, en diciembre el fiscal Soza acusó a mi cliente, pero no mostró ni una sola prueba, nada"

ERICK SEIFERT
ABOGADO DE BRANKO MARINKOVIC

CLÁSICO, Oriente aprovechó dos ocasiones que tuvo y por eso ganó. No hubo mucha diferencia entre ambos equipos"

JUAN MANUEL PEÑA
EX JUGADOR DE FÚTBOL

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El Día: Bolítica

Las dudas que se ciernen sobre las cifras oficiales de la inflación están latentes porque el propio INE ha provocado una baja en la credibilidad de su información. Cambió la base de cálculo y composición de la canasta de consumo sin una justificación"

Roberto Laserna
ANALISTA ECONÓMICO

Se dice que: Analistas económicos expresaron sus dudas respecto al informe sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publicó el INE donde señala que la inflación en Bolivia suma 1,29% en enero de 2011".

    El INE ha presentado cifras que no reflejen la realidad de los mercados y centros de abasto del país al afirmar que la inflación del mes de enero fue del 1,29% y que se la justifique con una subida del precio de los alimentos sólo en un 2,22 %"

Napoleón Pacheco
DIRECTOR DE
FUNDACIÓN MILENIO

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El Día: Consecuencias de una fatalidad

El derrumbe del edificio Málaga, casi a tiempo de ser concluida su construcción, es una fatalidad más que ha golpeado a los cruceños en estas épocas tan duras que vivimos. Quince personas muertas, que pudieron ser muchas más, no es algo que pueda dejar indiferente a nadie. Ingenieros, técnicos, obreros, fallecieron bajo los escombros tratando de salvar lo insalvable, pero, además, se llevaron consigo toda la información que hubiera sido tan útil para esclarecer el por qué de la tragedia.

Ahora, la socia mayoritaria del proyecto Málaga, Paulina Callaú, tiene que enfrentar esta fatalidad porque queda como la única responsable de lo acontecido. Como no podía ser de otro modo, ha reconocido esa responsabilidad – que no es reconocer culpabilidad – y según la información que se conoce la empresa ha devuelto los desembolsos que habían realizado algunas personas que adquirieron departamentos en el edificio colapsado.

Ahora continúa lo más difícil, lo que humanamente es más doloroso, lo que conmueve en el fondo, y es la damnificación a los familiares de las víctimas, muchos de ellas competentes profesionales allegados cercanamente a la propia Paulina Callaú, por antiguas relaciones de emprendimientos conjuntos que fueron exitosos. Las leyes determinan lo que se debe erogar luego del siniestro, y, sin necesidad de especulaciones judiciales ni informativas, debe pagarse lo que corresponde por ley, que no dudamos se hará. Esto último en el convencimiento de que ninguna recompensa material puede satisfacer algo que no tiene precio: la vida de un ser querido.

Ahora bien: la propietaria – o socia mayoritaria del edificio Málaga – es absolutamente responsable de lo acontecido. Eso no se puede discutir. Como responsable está cumpliendo con sus obligaciones, y nada induce a pensar que no lo haga hasta el final. Eso no significa que Paulina Callaú sea “culpable” de lo sucedido. Porque ser culpable significa haber cometido un daño deliberadamente, haber actuado mal a propósito o negligentemente. La figura de la culpabilidad no encaja en este caso. Lo de la responsabilidad, plenamente.

En el drama del Málaga se conjugaron muchas circunstancias que posteriores investigaciones podrán descifrar, si es posible. Ha llegado a tal extremo esta fatalidad que quienes podían dar los únicos testimonios reales, las únicas luces sobre los desdichados acontecimientos, murieron tratando de salvar la obra, esa noche trágica del 24 de enero pasado.

Esperemos que un caso tan sensible como este, que ha congregado a la solidaridad de cruceños, bolivianos en general, y extranjeros, no se quiera utilizar para politizarlo – lo que es habitual en nuestro medio – ni tampoco para que algunos cuantos pretendan obtener provecho de una desgracia tan grande que merece la mayor responsabilidad, respeto y mesura.

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El Día: Presunción de inocencia, una garantía procesal de aplicación obligada

Esta institución jurídica destinada a ser una de las más firmes garantías del debido proceso, fue incorporada a la Constitución de 1967, con una redacción precisa y contundente de manera que al ser aplicada e interpretada no sea distorsionada ni se le dé una dirección ajena a su finalidad.  “Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad”, decía el texto del artículo 16.I de la anterior Constitución. Una reforma sustancial en materia penal, pues no se olvide que antes de ella se tenía la presunción de culpabilidad según el texto del Art. 1º. del código penal de 1834, que obligaba al infractor a probar su inocencia, situación que sirvió para cometer atropellos y arbitrariedades contra la persona involucrada.

La reforma de 1967, que se mantiene vigente en la Constitución promulgada el 7 de febrero de 2009, aunque con una redacción menos categórica y abierta más bien  a posibles interpretaciones alejadas de su real propósito, cerró formalmente una injusta y larga época de la presunción de culpabilidad que harto sirvió para denigrar a la persona y hacerla víctima de vejámenes contra su dignidad.

Los redactores y legisladores del nuevo código de procedimiento penal (conocido por Ley 1970 de 25 de marzo de 1999), tuvieron el acierto de incorporar, junto a otros principios, la presunción de inocencia dándoles la justificada relevancia como garantía procesal para evitar atropellos y errores judiciales irreparables. En el artículo 6 de este procedimiento hay una síntesis de las garantías de las que debe gozar el procesado en materia penal. Así, todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada; tampoco será obligado a declarar contra sí mismo y la carga de la prueba corresponderá a los acusadores “y se prohíbe – además – toda presunción de culpabilidad”. Hay, pues, en el texto citado reglas básicas de índole garantista para su aplicación en el ámbito de los procesos penales.

Ahora bien, en la práctica son los jueces quienes están obligados a dar correcta aplicación al enunciado constitucional de la presunción de inocencia que encontramos en el Art. 116. I de la nueva Constitución, pese a tener inexplicable condicionamiento que puede disminuir su eficacia pues dice: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”. No es una redacción que pueda tranquilizarnos del todo, sin embargo y para despejar esa inquietud es la Convención Americana de Derechos Humanos que en su Art. 8.2 reconoce el derecho de presunción de inocencia de quien estuviera inculpado de la comisión de algún delito mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Este enunciado despejará la duda de la autoridad judicial, sobre todo si tenemos en cuenta que la Constitución vigente, en materia de derechos humanos, da un criterio de interpretación cuando afirma que los derechos consagrados en la Constitución se interpretarán de acuerdo con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (Art. 13.IV).

El tema aquí tratado, de la manera más sucinta, es de todos conocido. Por ello nuestra intención ha sido la de actualizarlo en circunstancias que caracterizan el momento actual, cuando se han instaurado procesos penales que son de conocimiento público, contra autoridades elegidas por voto popular sin considerar el derecho a la presunción de inocencia ni el debido proceso, en un abierto atentado contra el Estado de Derecho y el sistema democrático. Parecería que hay sometimiento de órganos jurisdiccionales y del Ministerio Público a las instructivas del régimen gubernamental antes que a la ley y a la Constitución. Entonces haría mucho bien al país – para evitarle retroceso a épocas de abuso y autoritarismo- que haya respeto a la independencia de poderes y que legisladores, jueces y fiscales hagan de la ley instrumento de justicia y no de represión.

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El Día: El hombre de azúcar

Las crónicas terrestres señalan que antes del azúcar –tal como lo conocemos- estaba la miel, producida por las infatigables abejas. O sea que hace más de 2500 años o quizás 5000 años antes de nuestra era los alimentos tenían un sabor peculiar, muy distinto de ahora, porque no se conocía el azúcar. El ser humano recién está descubriendo su entorno. Si lo mira bien, la ciencia humana con todos sus avances es aún insuficiente para explicar la realidad que nos rodea. No sabemos a ciencia cierta cuándo el primer ser humano surgió del continente africano, como no sabemos de dónde es originario el azúcar, esa dulce planta de tallo alto llamada caña, que los árabes llamaban al-sukkar.

Se especula que el azúcar se originó en la China. Pero sólo luego de una expedición de Darío al Indo en el año 500 antes de nuestra era se dan noticias de la caña que da miel sin la intervención de las abejas. Los persas la llevaron a su país y Alejandro Magno la hizo conocer en el resto de Europa. Hasta ahí todo bien, solo descubrimientos y otro  sabor en la cocina europea. Pedro de Atienza la planta por primera vez y el catalán Miguel de Ballester la obtiene para el consumo. Todo cambia con el lanzamiento comercial del azúcar una vez se descubre América. Un 30 de mayo de 1498, en el tercer viaje de Colón al Nuevo Mundo, sale de Sanlucar de Barrameda la caña de azúcar hasta la isla de Santo Domingo. Después llegarían los esclavos africanos a las Antillas.

Pero esa es otra historia, con más sangre que azúcar. Y América se vuelve africana mientras la tierra se enferma de tanta explotación. El azúcar cambia también la vida de los nativos americanos. Con el tiempo, el azúcar se convierte en medio de subsistencia de algunos pueblos, como Cuba, y su cultivo se extiende a México y Brasil, con todas las connotaciones histórico sociales y políticas que conocemos. El azúcar se ha hecho indispensable en el mundo y de hecho se ha convertido en un negocio fabuloso para unos cuantos. Producto de una sociedad de consumo, surge el hombre de azúcar, el enfermo. El que sufre de la vista, el corazón, los riñones: el nuevo hombre diabético.

Los estudios científicos han demostrado que quienes sufren más de diabetes son los indígenas pobres y los pobres del mundo. En ellos, el consumo desmedido de azúcar –en todas sus formas y productos- ha hecho estragos. Hoy por hoy, se acepta que la diabetes es una epidemia silenciosa que mata más a los jóvenes, a las mujeres y a sus hijos. Michael Porter, en Australia, se enfrentó a la dura realidad de la población indígena. Un creciente y grave problema era, y es, la diabetes entre los nativos. Y se inventó el cuento del Hombre de Azúcar, un innovador modelo interactivo de educación sobre el efecto nocivo del azúcar en el organismo humano, su metabolismo y control.

Educar sobre un lienzo donde está la figura de un hombre: “el hombre de azúcar”, le ha servido a Porter de más ayuda que otros métodos para informar, educar y ayudar a la gente sobre la comprensión de la diabetes. A través de preguntas y respuestas, y utilizando el relato –tradicional y milenaria forma de comunicación oral de los pueblos nativos- la gente ha participado y participa conociendo cómo el azúcar daña el cuerpo humano cuando el consumo sobrepasa los límites razonables. Un retorno obligado a la calidez del grupo y el debate de los problemas como si nadie supiera nada y todos supieran mucho. Hablar del hombre de azúcar en que nos estamos convirtiendo todos.

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Los Tiempos: EXTRAÑAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS

Si se mantiene la actitud gubernamental hacia la producción agropecuaria, pronto el país tendrá que importar productos de los que antes se autoabastecía

Mucha razón tiene el presidente de la República cuando afirma que un objetivo central de la humanidad y, se entiende, del país, debe ser garantizar la seguridad alimentaria de la población. Los organismos multilaterales, los Gobiernos y el conjunto de las organizaciones no gubernamentales van advirtiendo que políticas erradas junto a evidentes problemas ocasionados por el deterioro del medio ambiente hacen prever que pueden presentarse situaciones de hambruna generalizada, que además de la interpelación moral que ella presenta, es el estado más fértil para la ingobernabilidad y la violencia.

De ahí que en una serie de cumbres y foros internacionales se estén haciendo sostenidos llamados a los dirigentes del mundo a prestar especial atención a este fenómeno y sea incluido en las agendas nacionales el debate y aplicación de políticas que dirijan a las naciones a, por lo menos, satisfacer las demandas alimentarias de sus poblaciones. A ello habría que añadir el novel concepto de "soberanía alimentaria", que es un paso más y que significa aportar al mundo para paliar los rigores del hambre con una producción accesible.

Ante ese panorama, que el Gobierno y, especialmente, el presidente del Estado hacen suyo, resulta pues contradictorio que en el país se vayan aplicando políticas que están afectando severamente la cadena de producción agroindustrial. Se trata de acciones que no emergen de las necesidades reales de la gente, sino de concepciones ideológico-políticas que conciben al país como un laboratorio de experimentación. Además, a través de esas políticas se persigue afectar -aun a costa de provocar escasez, como está sucediendo- a los sectores agropecuarios considerados por el Gobierno como sus enemigos y que se ubican preponderantemente al oriente del país.

Tan erradas son esas acciones que si bien han debilitado al sector, ha sucedido que de ser un país que exportaba una serie de productos alimenticios hoy debemos importarlos porque junto a algunos problemas climatológicos la acción política mencionada ha sido devastadora para desanimar a los productores agropecuarios (grandes, medianos y chicos) a seguir cultivando sus productos. Además, esta escasez repercute directamente en otros rubros de producción alimentaria (como ganado, leche, avicultura, industria porcina, etc.), como demuestra lo que está sucediendo con el azúcar y el maíz.

El resultado es el deterioro de las cadenas productivas agropecuarias y la intención de sustituirlas -para satisfacción de la militancia desempleada- por empresas estatales cuya burocracia cae rápidamente en el burocratismo, la ineficiencia y la corrupción, como también estamos observando diariamente.

Ahora, al parecer, el turno es de la industria lechera. A la demanda del sector de "regantes" del valle cochabambino de "nacionalizar" PIL Andina, ahora los productores de leche exigen incremento del precio que ésta les paga, pero la hasta ayer Autoridad de Empresas le prohibía incrementar el precio de sus productos ya elaborados.

En fin, si se mantiene este tipo de actitud hacia la producción agropecuaria, el Presidente debe estar seguro de que el país incluso tendrá que importar productos de los que hasta con erradas políticas se autoabastecía.

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El Deber: Deficiencias en los depósitos aduaneros

No es de hace poco sino de mucho tiempo atrás el deficiente servicio que brinda Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) a los operadores del comercio exterior. Esta repartición estatal, como es sabido, es la receptora de las importaciones nacionales en todas las capitales departamentales del país, lo que da una pauta de la vital importancia que adquiere su funcionamiento y la normalidad, agilidad y eficiencia que deben ser principal característica de dicha repartición.

Mediante Decreto Supremo del 19 de febrero de 2009, DAB fue creado como ‘Empresa Pública Nacional Estratégica’ para la prestación de servicios logísticos, de almacenaje y de asistencia al control de tránsitos y como parte de la política del Gobierno central para fortalecer la activa participación del Estado en la economía nacional.

Conforme a disposiciones legales en actual vigencia, dicha empresa debe registrar y concentrar todos aquellos ingresos en sus respectivos depósitos, a fin de que después sean recogidos y trasladados a los correspondientes destinatarios. De este modo, el Estado se garantiza la legalidad de las importaciones y el cumplimiento del régimen impositivo en la materia.

Pero ocurre que entre la llegada de las importaciones a los depósitos aduaneros y la entrega de aquéllas a quienes las hicieron, transcurre demasiado tiempo. La demora perjudica no sólo a los operadores del comercio exterior, sino también a diversos sectores vinculados al sector, entre los cuales resulta igualmente perjudicado el servicio del transporte.

¿Cuáles son las causas de tan lamentable deficiencia? Se ha mencionado, en primer lugar, la circunstancia de que los recintos de DAB no cuentan con los necesarios y suficientes espacios físicos para un adecuado almacenamiento de las importaciones.

Otra de las causas es que en sus dependencias no se dispone del personal suficiente para las tareas de recepción y despacho de los bienes y productos importados. Finalmente, una razón de mayor peso aún resulta de la falta de maquinaria para las operaciones de levantamiento y traslado de cargas pesadas de un sitio a otro.

A todo esto agrega lo suyo la exasperante pesadez burocrática. La llegada y entrega de las importaciones transcurre a paso de tortuga, perjudicando a los operadores del comercio exterior y a varios sectores vinculados al área.

Sobre todo ahora que la crisis nos castiga con toda clase de carencias de bienes de consumo, conviene que el Gobierno nacional ponga remedio a tan criticable situación.

Es imperativo y urgente aplicar las medidas que sean necesarias para que DAB agilice su trabajo y deje atrás las ya crónicas deficiencias con las cuales viene perjudicando a tanta gente y a diversos sectores cuyas actividades son gravitantes en el desarrollo de la economía en el país.

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Cambio: La Constitución señala el camino

El 8 de febrero de 2009, el presidente, Evo Morales Ayma promulgó la vigente Constitución Política del Estado y cimentó la edificación del Estado Plurinacional, Comunitario y con Autonomías. Ese mandato popular permitió el 5 de diciembre del mismo año la celebración de los primeros comicios generales en el marco de la nueva Carta Magna y la elección de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia democrática que en los últimos doce meses sancionó cinco trascendentales leyes que hoy se constituyen en la base de la más profunda transformación de las estructurales económicas, sociales y políticas de la patria.

Hace dos años, el pueblo aprobó con su voto el décimoséptimo texto constitucional que —a diferencia de los documentos que lo precedieron— no fue redactado por ‘expertos’ constitucionalistas reunidos entre cuatro paredes y generosamente remunerados, sino fue el resultado de la participación mayoritaria de los bolivianos. Es decir, la vigente Constitución Política es fruto de los aportes de los habitantes del campo y de las ciudades, de los sectores secularmente marginados por el viejo Estado colonial que heredamos.

Es que la redacción del texto supremo sorteó todos los obstáculos que sembraron quienes nunca aceptaron el proceso de cambios estructurales que recorre los caminos de la patria, de aquellos que nunca escatimaron acciones violentas para conseguir sus objetivos y que incluso alimentaron un proceso sedicioso, cuyo fin no sólo fue abortar el proceso constituyente sino dividir Bolivia.

Fue en El Alto —la ciudad que durante las heroícas jornadas de septiembre y octubre de 2003 le pusiera un freno en seco al neolibealismo y nos señalara el camino para la liberación de Bolivia— donde el presidente Evo Morales promulgó una nueva Carta Magna que, 12 días antes, el 25 de enero, había sido aprobada mediante un referendo constitucional con participación del 90,24% de los electores inscritos.

El respaldo popular fue de 2.064.417 votos (61,43%); mientras que 1.296.175 sufragios votaron en contra (38,57%); en tanto que los votos en blanco sumaron 1,7% y los nulos un 2,61%. Desde entonces, mucha agua corrió bajo el puente y mucha historia discurrió para cimentar el proceso político que apuntalamos la gran mayoría de los bolivianos.

Es que la nueva Constitución Política del Estado marcó el ritmo de trabajo de los legisladores plurinacionales, porque al plantear un plazo de 180 días, a partir de su instalación el 22 de enero de 2010, para sancionar cinco leyes orgánicas del nuevo Estado Plurinacional, puso en marcha la más profunda revolución democrática que país latinoamericano alguno tenga memoria en el último medio siglo.

Y bajo el paraguas de la vigente Constitución fue posible aprobar —entre otras normas trascendentales— la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Estas leyes cimentaron la nueva institucionalidad jurídica y electoral en el nuevo Estado.

Y como señalara el vicepresidente del Estado y presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, se trata de "leyes de carácter estructural que han unificado, al menos en papel, y ahora hay que levantar, en la práctica, una nueva institucionalidad jurídica y electoral". Aunque la cifra a diciembre del pasado año reporta 88 leyes aprobadas, el trabajo en las cámaras de Senadores y de Diputados gestó muchos más proyectos de ley, que a estas alturas se encuentran en tránsito de tratamiento en comisiones y plenarias. Una veintena de sesiones en las que ambas cámaras, reunidas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, debatieron acaloradamente —además de las cinco leyes orgánicas—, normas de alta sensibilidad e impacto social como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, la Ley Educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez, la Ley de Pensiones, la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la Ley de Reformas al Código Penal (Niño, Niña, Adolescente) y la Ley Madre Tierra.

De las 88 leyes sancionadas a diciembre de 2010, 23 fueron de carácter económico, 22 de carácter social y 24 de carácter orgánico. Además, la construcción del nuevo marco de leyes del Estado boliviano tiene un sello propio, la totalidad de las leyes fueron trabajadas por la coordinación entre la sociedad, el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, normas trabajadas a partir de lo que somos, de lo que tenemos, y no de lo que alguna vez soñamos tener. Sin embargo, la construcción de la estructura legislativa del nuevo Estado Plurinacional no ha terminado porque los desafíos son tan grandes como el primer día de vigencia del nuevo texto constitucional.

Es que la edificación del Estado Plurinacional tiene la virtud del autorreconocimiento de un país diverso, compuesto por identidades y culturas que germinan en objetivos comunes, solidarios, soberanos y dignos.

Y como prescribe el texto constitucional, mujeres y hombres, con el poder originario del pueblo, asumimos nuestro compromiso con la unidad e integridad de la patria; dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal, asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho, Plurinacional y Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos.  Se dieron trascendentales pasos, pero todavía queda mucho por construir.

La edificación del Estado Plurinacional tiene la virtud del autorreconocimiento de un país diverso, compuesto por identidades y culturas que germinan en objetivos comunes, solidarios, soberanos y dignos. Se dieron trascendentales pasos, pero aún queda mucho por construir.

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La Prensa: Las armas rusas

El país puede vivir sin el satélite chino y sin las armas rusas, pero no puede hacerlo sin que se resuelvan los problemas de desabastecimiento?

Mientras el país vive una crisis económica que viene a contradecir la propaganda oficial, siguen surgiendo noticias que muestran una enorme falta de coordinación y coherencia.

En efecto, el Gobierno dispone el incremento de algunos precios y autoriza otros aumentos por falta de recursos para mantener subvenciones, pero al mismo tiempo anuncia millonarios gastos.

Parece una contradicción que el Gobierno diga que no tiene recursos para las subvenciones y acto seguido anuncie que se propone comprar un satélite chino de 300 millones de dólares, además de helicópteros y armas rusas por un monto similar.

Las encuestas hechas hasta ahora dicen que los bolivianos no están de acuerdo con la compra de un satélite artificial que será fabricado y lanzado al espacio por la China Popular. Los sondeos y consultas que hacen los medios confirman que los bolivianos creen que hay urgencias mucho más premiosas que deben ser atendidas antes de pensar en esos gastos.

Todos apuntan a la necesidad que existe en el país de apoyar al sector agrícola, pero con programas eficientes y no solamente con anuncios y planes que nunca se cumplen. Los productores de alimentos en todos los departamentos tienen que vérselas con un incremento de los precios de los fertilizantes y los pesticidas importados, mientras el Gobierno sigue hablando de la posibilidad, siempre remota, de instalar una planta de úrea. Ésa sí que es una urgencia en el país, y no los satélites chinos ni los helicópteros y las armas rusas, dicen los campesinos, incluso aquellos que estuvieron alineados con el Gobierno.

Los contratos por el satélite y las armas habían sido anunciados y luego dejados en duda por un largo silencio, pero de pronto resurgieron con caracteres de urgencia. Al parecer, los proveedores llegaron a acuerdos firmes con las autoridades a cargo de las operaciones, y lo que hicieron fue recordarles que los compromisos eran irrevisables, sin vuelta atrás. En vista de esos compromisos irrevisables, el país tiene que comprar, de prisa, un satélite chino y unas armas rusas, no se sabe para qué propósitos. Las explicaciones sobre el satélite fueron hechas por el presidente Morales, pero no satisfacieron a nadie.

Sobre las armas rusas, parlamentarios paraguayos dijeron que la compra confirma que Bolivia está en una carrera armamentista. Es decir que la decisión de hacer esa compra está poniendo al país en una situación incómoda en la región.

Todavía está el Gobierno a tiempo para revisar estas decisiones. Los funcionarios que asumieron las responsabilidades que convirtieron las compras en compromisos irrevisables podrán ayudar al país si dan las soluciones para que estas compras queden sin efecto.

Que Bolivia se lance a este tipo de compras en estos tiempos de vacas flacas es algo que debe ser revisado. El país puede vivir sin el satélite chino y sin las armas rusas, pero no puede hacerlo sin que se resuelvan los problemas de desabastecimiento que están angustiando a los bolivianos.

El presidente Morales tendría que tomar la iniciativa de anunciar el desistimiento de esas compras, lo que vendría a ser un mensaje tranquilizador.

Nunca es tarde para corregir un error.