La FLACSO lamenta que en Bolivia no sólo se practique una política pervertida, sino que haya alcanzado niveles legales e institucionales. Analiza cuatro leyes promulgadas por Evo Morales y una decena de resoluciones por jueces y fiscales nombrados por el Ejecutivo.
Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: El Presidente bala
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El Día: La incoherencia entre la ideologización y la realidad
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El Día: Ni imputado ni testigo
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El Día: Bolítica03146465
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El Día: La mayor corrupción
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El Día: ‘Estado forajido’
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Los Tiempos: CAMBIO EN LA AUTORIDAD DE EMPRESAS
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El Deber: Solución de mercado
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Cambio: Defensa del Estado
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La Prensa: Deficiencias en depósitos aduaneros
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El Diario: Libertad con seguridad es básica en la vida
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El Mundo: Alentados
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Opinión:
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Clarín, Argentina: Más violencia contra las mujeres
El Día: El Presidente bala
Mirando de Abajo
El por qué ya lo diremos… Mirando un documental con mi esposa, acerca de la civilización minoica, aprendimos que los cretenses de hace 3.500 años ya cagaban en un inteligente y eficaz servicio de retretes, así sus edificaciones fueran de dos o tres pisos. Para risa suya, de mi esposa no del retrete, comenté de inmediato que en Bolivia hace sólo menos de 100 años los aristócratas cagaban todavía en el corral de los animales, y el resto a la “interperie”, que es como se llama a la intemperie allí.
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En las zonas rurales los baños no se conocieron hasta bien entrados los cincuentas, y no me digan que ello ayuda al medio ambiente porque no es verdad. Hoy, que el presidente viaja a China a gestionar su nuevo juguete, un tren bala, ya que es dueño de una mente infantil, las escuelas públicas carecen de servicios higiénicos y el drama de cagar implica para toda esa niñez afanosa y pobre uno mayor que estudiar. Extraño, pero hasta ahora el Supremo no ha dado su genial apreciación del problema. Bien sabemos que fueron en primera instancia los cerdos capitalistas que secuestraron los inodoros, con turbios motivos que sin duda incluyen el deshacerse del mesías aymara cuya inmortalidad garantizaron los achachilas y… el canciller Choquehuanca.
Los nuevos ricos de Bolivia jodieron la esperanza. Aún hechizan a la indiada ávida de un merecido espacio y a quien engañan con falsas promesas que apuntan a mantenerlos abajo. La masa que vota, la que bloquea, la que lincha, pero doctores indios, ingenieros indios, jueces indios, generales indios, ah, no, todavía, primero afiancemos el proceso de cambio, primero sentemos las bases de un reinado perpetuo e inverosímil, entonces allí podremos hablar, pero para qué hablar si el Supremo lo sabe y lo dice todo. Pero, querido pueblo y puebla, hermanos y hermanas, votantes y votantas, Evo primero les trajo el gas: se evaporó; el litio: se sumió en las profundidades.
Ahora viene un satélite, made in China y fuertemente pagado con la miseria plurinacional, que llevará el nombre de Katari, en él se enviará a las estrellas la sonriente y rubicunda cara de Evo Morales, el liberador de la tierra y el paladín de la futura lucha interplanetaria. El hombre no tuvo juguetes, puto país, y ahora dispone de ellos. El próximo: el tren bala, que alcanzará velocidades ignoradas por los europeos, qué Berlín o Lyon, qué Madrid o Londres.
El tren bala volará por el altiplano como rayo pero me pregunto cómo se lo hará parar para comprar unas papitas hervidas con llajwa en Patacamaya, o unos tostados en Caracollo, porque si no para, maestro o maestra conductor conductora, le destrozamos los asientos y nos llevamos los inodoros porque ¿acaso únicamente los gringos tienen derecho a los inodoros?
Juan Luis Guerra, bachatero de excepción dio de receta sopa de caracol. Quedó corto porque Huevo, perdón Evo, esgrime el caldo de hueso, amén del pollo criollo y la miel suplantando al azúcar como la revelación ecológica ya. Habrá pensado –no piensa siente- que los pollos necesitan maíz, las abejas flores, y el caldo de hueso animales, cosas las tres que quedan cada vez menos en Bolivia, y pronto nada. Apologiza la coca como el summum de la existencia, pero no come él asados de coca ni spiedos de coca, porque de hacerlo no engordaría como lo hace. Ahora va a Senegal. Qué puede decir a los famélicos negritos abandonados por la dádiva colonial, que coman qué.
Y en China qué dirá. Lo coherente sería tal vez decir, ya que son tantos, que nos comamos a los chinitos y salvar la tierra. ¿Es una bala, es un avión, es Superman? Es Evo Morales con la antorcha olímpica.
El Día: La incoherencia entre la ideologización y la realidad
Fulcros.
Gandhi de la India postuló que nunca debía olvidarse que el fracaso es la dura experiencia que puede preceder a la recuperación e incluso a la sostenibilidad de aquella, lo que aplicado a la situación actual del Estado Plurinacional arroja como resultado más fracaso que recuperación y, claro, sin visos de sostenibilidad excepto cuando, como ejemplo, la compañía francesa Total logra un éxito reciente bajo contrato con YPFB. Pero lo de Total es una excepción.
El fracaso generalizado se debe a la endémica ideologización estatista de Su Excelencia (SE) y allegados que insisten en deshacer Bolivia haciéndonos creer que tienen pensado y hasta planificado lo que quieren cambiar para rehacerla, cuando hasta ahora el balance de fracaso nacional e internacional es categórico lo que constituye nuestra inmerecida realidad. No poder hacer lo que acaso en teoría ideológica se quiera hacer es donde más se vienen manifestando los fracasos.
Por enésima vez, la ideologización estatista desmantela, destruye y frustra en tanto que la realidad late y reclama acción competente en situaciones que eviten y/o esclarezcan cuestiones como el registro estadístico de 811 conflictos sociales desde 2006 hasta 2010 superando los récords del Gobierno de la UDP… y todos dirigidos al Estado Plurinacional porque mientras más éste crezca empresarialmente más conflictos tendrá sacrificando así cualquier meta de productividad
Otras situaciones insólitas son: (1) el invertir en fábricas de cerámica que dan empleo a unos cientos en vez de invertir en carreteras y agricultura que darían empleo a miles sobre todo ahora que la FAO dice que los precios internacionales de los alimentos están altos; el voto impensado de Cancún; (2) el cruel drama del Hotel las Américas de Santa Cruz; (3) el cabildear solitaria e internacionalmente a favor del acullico; (4) la tenencia de tierra que dizque ahora no se puede heredar; (5) los discursos desvariados por doquier; (6) el insistir en trenes en vez de carreteras; (7) el gasolinazo perjudicial sobre todo a SE; (8) la increíble sugerencia de consumir miel de abeja en vez de azúcar; (9) la cruel inflación demás del veinte por ciento anual (el INE acaba de decir que 1,29 por ciento es la inflación de enero de 2011); (10) la ley de educación tan ideológicamente distorsionada que ni los maestros le encuentran pies ni cabeza y, peor, (11) la desatinada prohibición de la exportación de alimentos cuando esa exportación hace posible la escala de producción necesaria no solamente para responder la demanda interna sino para que esa demanda determine el precio en función a la oferta lo que en buen léxico se llama ¡mercado en acción! que para funcionar necesita gravámenes justos, aduanas competentes y producción creciente que dé empleo.
Ahora, los atentados ideologizantes contra la irrefutable realidad de los mercados de intercambio de bienes y servicios demuestran la perniciosa falta de coherencia entre la ideologización política que ejerce este Gobierno y esa realidad histórica tan latente e innegable. Estamos hablando del costo del sustento de la población o sea de los movimientos sociales y otros “movimientos” como la clase media que también debe comer. Esa realidad reclama a gritos erudición y conocimiento serenos en múltiples campos del saber tan necesarios en este momento para gobernar ya sea una ínsula, un cantón, una comarca, un departamento y desde luego un Estado Plurinacional.
El derecho internacional garantiza la libertad de prensa que dicho sea de paso el afán ideológico busca denodadamente coartar como han coartado la libertad del Poder Judicial ideologizándolo al punto de que internacionalmente nos califican nada menos que de “democracia tiránica” e incluso de “democracia payaso”. La incoherencia entre el estatismo como ideología y la realidad de menoscabo de las libertades civiles, al paso que vamos, nos costará “la soga y la cabra” de la nacionalidad… lo que es injusto, inmerecido y quizá irreversible.
El Día: Ni imputado ni testigo
Tribuna.
Es redundante mencionar que para el gobierno del MAS hay un antes y un después del gasolinazo. Lo que sucede, es que lanzaron la imprudente medida fundada en una excesiva y necia seguridad, entendiendo que su poder es tal, que no hay nada que no puedan hacer. Se ha desmaquillado y hoy propios y extraños, estamos observando cómo luce su cara más fea y su inestabilidad anímica.
Las mujeres sabemos cuán desequilibrante puede ser el que nos fotografíen en bata de casa, con una mascarilla de pepinos en la cara y ruleros en la cabeza. Una situación así nos llevaría indefectiblemente a un ataque de nervios y la arremetida en retorno sacaría a relucir los peores modales que denotarían la bronca que sentimos por habernos dejado sorprender.
Parangón aparte, la beligerante respuesta de diversos oficialistas relacionados a un par de temas urticantes ya no son sólo displicentes sino de franco desprecio por nuestras neuronas. Cuando el senador Ávalos nos dio a conocer que él no necesita azúcar porque tiene quintales almacenados en su casa, daban ganas de tirarle un zapato al televisor. No tanto porque tenga los medios de poder almacenar para todo un año cuando la gran mayoría reúne por días para una sola libra, como por sus aires de portentoso recién arrimado. Si a eso se suma que el mero Presidente risueño e irónico, sugiere que tengamos panales de abejas para que nos fabriquen miel como alternativa a la incapacidad del gobierno de las “grandes reservas internacionales” de proveer de este elemental producto calórico, humilla y embronca. De yapa, una Ministra con desconocida capacidad de gestión y dudosa fe, le pide a Dios que aparezca el azúcar ahí por mayo. Sobre el generalizado aumento de precios o la creciente escasez no hay uno solo que brinde una explicación medianamente coherente. Así lo entienden las oficialistas Bartolinas cuando en este aspecto, acertadamente, se niegan a vivir como en Cuba.
Lo demás que abruma a la opinión pública porque no se logra descifrar cuál es el tema que trata de distraernos del otro, es la cantidad de declaraciones delirantes relacionadas a Ignacio Villa Vargas. No se entiende nada pero se deduce mucho. La prensa lo encuentra pero los fiscales lo pierden. Es aprehendido pero no irá preso. Es testigo principal, pero también es acusado. Y viceversa. Para algunos miembros del gobierno, está implicado en el supuesto caso de terrorismo y separatismo mientras que para otros, es un valioso y legítimo informante digno de la gran guerra fría. En realidad es en esencia una infecto-contagiosa papa caliente que eventualmente irá a dar al fondo de las brasas.
Merecer que SE le dedique preciosos minutos de su recargada agenda, aunque para menospreciarlo, es insólito. Claro que SE gusta de opinar sobre temas que frecuentemente desdicen la investidura presidencial. De acuerdo al blog “Bolivia Informa” del 21 de mayo de 2009 el fiscal Soza declaraba: “Ignacio Villa Vargas, alias ‘El Viejo’ fue remitido a la justicia ordinaria por estar imputado bajo el delito de terrorismo, a tiempo de mostrar la orden de aprehensión luego de una audiencia de declaraciones informativas de más de tres horas”.
Honestamente no recuerdo la cinematográfica desaparición de Villa Vargas. Para mí, simplemente se esfumó. Lo que sí es literalmente de película, es su inesperada reaparición. Muy interesante el intríngulis de posiciones relacionadas a las andanzas de esta deplorable celebridad cuando se endilga a los medios de comunicación la tarea de detenerlo y la policía no sospecha cómo informar. Si lo detenían, molestaría. Si no lo hacían, agobiaría. En las próximas horas veremos un nuevo capítulo de esta apasionante serie de suspenso. “El Viejo” es el típico ejemplo de personajes que más vale perderlos que encontrarlos.
Me ha venido a la mente Pedro Camacho, el esencial personaje de Vargas Llosa en la “Tía Julia y el Escribidor”. Muy entretenido tratar de seguir sus libretos de radionovelas entrelazando y confundiendo. En su afiebrado escribir y escribir, inventar sin descanso e interpretar, perdía la línea entre lo real y lo ficticio lo que finalmente lo llevaría a la degradación de sus facultades mentales.
Este parágrafo se lo debo a mi memoria que siempre anda urdiendo y asociando sin razones aparentes.
El Día: Bolítica03146465
Hasta hoy hemos aguantado todo del Gobierno, que incrementó los precios desde el gasolinazo, azucarazo, ahora el pollazo y nada raro que se venga mañana el tarifazo. Como mujeres nos vamos a levantar porque estamos pasando crisis".
Corina Ramírez
Stria. ejec. bartolina sisa de la paz
Se dice que: La federación de mujeres Bartolina Sisa de La Paz se declaró en estado de emergencia y anunció movilizaciones con el objetivo de pedir al Gobierno que solucione la escasez de azúcar, arroz, carne de pollo y de res".
Es suficiente el atropello. Cuando pedimos abastecimiento de azúcar, el Gobierno se burla y dice que consumamos sacarina y miel. Los precios no han bajado a pesar de anularse el gasolinazo".
José L. Álvarez
Dirigente Del magisterio paceño
El Día: La mayor corrupción
Bajo el Penoco.
En vísperas de la celebración del Día Nacional de la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, ha sido destituido por un supuesto caso de extorsión el titular de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), Óscar Cámara, un funcionario que en los últimos
meses se dedicó a acorralar -por motivaciones políticas-, a numerosas compañías nacionales con el objetivo de destruirlas y dejarle el camino libre a un Estado que pretende convertirse en pulpería, en fabricante de cartón, en productor de azúcar, de cemento, de aceite y dedicarse también al transporte aéreo, aventuras que no sólo le cuestan millones de dólares en pérdidas el país, sino que al mismo tiempo están provocando graves problemas de desabastecimiento, inflación y serias distorsiones en la economía nacional, que finalmente terminan en empobrecimiento, en desempleo y achicamiento del aparato productivo. La Fiscalía será la que aclare si Cámara robó o no, cobró coima o “comisión”, eso está en duda. Sin embargo, su mayor daño, el que está conduciendo a un descalabro económico a todo un país, ese tal vez quede en la impunidad para siempre. O tal vez no. Cambio climático, a los cruceños y a las mamaderas.
El Día: ‘Estado forajido’
Editorial
Un forajido no es delincuente cualquiera. Es aquel que suele abandonar sus lugares habituales para no ser alcanzado por la justicia. Este vocablo tuvo su origen en la Edad Media para definir a aquellos fugitivos que escapaban hacia donde la jurisdicción de las autoridades urbanas no pudieran alcanzarlos y se iban fuera del "ejido".
"Forajido" es justamente el término que ha usado la prestigiosa Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) para referirse al gobierno de Evo Morales, quien según lo define el sociólogo internacionalista Edson Vélez, ha convertido a Bolivia en un satélite jurídico fuera de la órbita de la legislación internacional. "Es un Estado forajido, donde los colaboracionistas con el régimen se benefician, mientras la oposición y el pensamiento disidente están proscritos", dice un reciente informe de prensa.
Estos conceptos parecen abstractos y sólo es posible comprenderlos a cabalidad si se observan hechos de la realidad concreta. Colomi, una población ubicada en la provincia Chapare, de Cochabamba, es un ejemplo de lo que afirma la FLACSO. En esa localidad, los narcotraficantes cuentan con el apoyo organizado de los comunarios, quienes bloquean caminos y ejecutan emboscadas para impedir que la policía y los fiscales atrapen a los fabricantes de droga, que libremente actúan en las llamadas "narcocasas", conocidas y aceptadas por todos. El caso de Uncía, en el norte de Potosí, un verdadero santuario de contrabandistas y decenas de otras comunidades repartidas en los valles y en el Altiplano corroboran esta lamentable situación.
La FLACSO lamenta que en Bolivia esto no sólo forme parte de una conducta política pervertida, sino que haya alcanzado niveles legales e institucionales. Basa su afirmación en el análisis de cuatro leyes promulgadas por Evo Morales y una decena de resoluciones por jueces y fiscales nombrados por el Ejecutivo que vulneran las convenciones de la Carta Interamericana y que colocan al régimen del MAS al margen de la legislación internacional y desmarcado del sistema convencional.
"Se trata -dice el especialista de la FLACSO-, de una opción por violar abiertamente los derechos protegidos internacionalmente y vivir como una isla al margen de la jurisprudencia convencional". El ejemplo que cabe aquí, según el sociólogo Edson Vélez es denominado caso terrorismo: "mientras que un grupo de imputados permanecen recluidos, otros son remunerados por funcionarios del gobierno y deambulan libremente pese a tener orden de captura". "Eso sólo es posible donde la ley se administra con arreglo a la conveniencia del Ejecutivo, donde no hay contrapesos ni control de constitucionalidad, pero además marginal a la justicia convencional", afirma.
Son muy pocos los estados que han sido declarados oficialmente "forajidos" y el proceso ha sido largo, como lo fue con Serbia en los tiempos del líder Slobodan Milosevic. Justamente, desde aquella región, más precisamente desde Hungría, Edit Tóásó, hermana de Elöd Tóásó, uno de los detenidos por el caso Rózsa, informa que ha denunciado el complot del Gobierno que acabó con la vida de tres europeos, en todas las instancias internacionales, la CIDH, las Naciones Unidas, el Parlamento de la Unión Europea y lamenta que el Gobierno boliviano no cumpla con ninguna norma diplomática internacional, al extremo de no contestar ni una sola de las solicitudes que ha hecho el gobierno húngaro.
La FLACSO lamenta que en Bolivia no sólo se practique una política pervertida, sino que haya alcanzado niveles legales e institucionales. Analiza cuatro leyes promulgadas por Evo Morales y una decena de resoluciones por jueces y fiscales nombrados por el Ejecutivo.
Los Tiempos: CAMBIO EN LA AUTORIDAD DE EMPRESAS
Una vez más se confirma que los privilegios que da el poder son efímeros, por lo que lo mejor es no abusar de él y ceñirse a lo que manda la ley
Ha causado sorpresa la intempestiva destitución del titular de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas el pasado lunes y, más aún, el agresivo comunicado emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, del cual es dependiente, para explicar esa decisión y dejar entrever que se adoptaba tal decisión por la presunta comisión de actos de corrupción que la misma exautoridad se encargó de revelar denunciando que su firma fue falsificada en algunos casos de fiscalización.
Así, sin más, esta exautoridad sufre, de un día para otro, la pérdida del poder que ostentaba y que se encargaba de hacerlo sentir en forma cotidiana con actitudes prepotentes que aparentemente eran del gusto de sus mandantes y de algunos sectores de la población.
Esta destitución puede ser vista desde varios enfoques. Uno, del humano. Una vez más se demuestra que el poder -más aún si es otorgado, no ganado- es siempre efímero, verdad de la que muchos de quienes lo ejercen no quieren darse cuenta, por lo que cuando termina comienzan a lamentarse.
Otro es el de la precaria institucionalidad en la que nos encontramos. Hay que recordar que las ahora denominadas "Autoridad de…" (las hay en hidrocarburos, bancos, etc.) han sustituido a las superintendencias de regulación implantadas en el país en la década de los 90, pero con algunas importantes diferencias: en su origen éstas era autónomas en su funcionamiento y, si bien estaban bajo la tutela del ministerio correspondiente, la destitución de su titular sólo era posible por juicio y sentencia ejecutoriada. El propósito de esta decisión era, por un lado, que el superintendente tuviera la legitimidad total para cumplir su papel regulador y, por el otro, responda a políticas de Estado antes que a instrucciones gubernamentales. Con el cambio a Autoridades se ha convertido a éstas en ejecutoras de instrucciones que emanan del ministerio respectivo.
Lo anterior provoca, como no puede ser de otra manera, mucha incertidumbre entre las empresas a ser reguladas y la población (a la que en varios casos se debe defender como consumidora) ya que sienten que podrán hacer valer sus derechos en la medida en la que el titular de la entidad (o el ministro del área) quiera respetarlos. Si no, la situación se pone muy dura porque, además, el ciudadano no tiene a quién recurrir para defenderse una vez que el Órgano Judicial ha sido convertido, también, en un apéndice del Ejecutivo, en la medida en que la mayoría de sus actuales miembros han sido nombrados por el primer mandatario.
En resumen, en el proceso de desinstitucionalización en el que nos encontramos, una vez más prima el arbitrio de los gobernantes de turno antes que la aplicación de normas claramente diseñadas, razón por la que se profundiza la incertidumbre, que es un extraordinario caldo de cultivo para el reino de la ley del más fuerte, no del que tenga la razón o la justicia de su lado.
En este sentido, quienes sean nombrados autoridades bien harían en darse cuenta de que en su caso y por los argumentos expuestos su poder es doblemente efímero… y, por tanto, tengan la virtud de ceñir sus actos a la ley antes que a las instrucciones arbitrarias de sus mandantes.
El Deber: Solución de mercado
Los abarroteros de La Paz decidieron importar azúcar peruana y de esa manera están ayudando a resolver un problema de desabastecimiento que el Gobierno central no lograba ni siquiera entender.
Mientras el presidente Evo Morales repetía ofensas a los productores cruceños, señalándolos como responsables de la desaparición del producto, los comerciantes paceños estaban resolviendo el problema, por el momento.
Los dirigentes del sector comercial paceño dijeron que para cumplir el propósito de traer azúcar del Perú tuvieron que enfrentar dificultades puestas por la Aduana, a pesar de que supuestamente existe libre importación.
Lo cierto es que las colas para la compra de azúcar en La Paz podrían desaparecer gracias a una acción del mercado, de los operadores económicos, cumplida a pesar de las dificultades puestas por funcionarios del Gobierno.
Esta lección sobre cómo funciona la economía, aparte de las ideologías y los discursos, tendría que ser tomada en cuenta por las autoridades nacionales que hasta ahora han mostrado que cuando hay problemas económicos lo primero que hacen es buscar a quién castigar.
Se ha resuelto, por ahora, el problema del desabastecimiento de azúcar, aunque a precios mayores a los que existían hace un mes. Ahora habrá que diseñar políticas inteligentes, eso sí, inteligentes, para evitar problemas de desabastecimiento como los que todavía castigan al país.
Los azucareros nacionales habían advertido hace un año que se venía un problema de escasez en vista de la perspectiva de una menor cosecha de caña. Si las medidas sustitutivas, como la importación de grandes volúmenes del producto, hubieran sido tomadas a tiempo, nadie estaría en este momento tan nervioso como lo están los consumidores, y tan angustiados, como están los gobernantes.
Y habrá que ver qué está provocando esta situación de crisis en el sector productivo. Quizá sea oportuno admitir que insultar, amedrentar, amenazar, perseguir con cualquier motivo a los productores no es un método eficiente para lograr el abastecimiento.
Aparte de evitar esos errores, habrá que pensar en iniciativas positivas que, en cambio, ayuden a los productores a trabajar, a cumplir con su rol en la sociedad y en la economía.
La propiedad de la tierra no tendría que estar en duda, como lo está desde 2006. La libertad de acción de los productores, para planificar sus siembras y cosechas, debería ser amplia. Las prohibiciones a las exportaciones, como se ha comprobado de manera contundente en esta oportunidad, sólo perjudican porque no dan a los productores la posibilidad de lograr mejores compensaciones en el exterior para tener margen de ofrecer precios especiales dentro del país. Incluso la FAO ha hecho saber que los países con mayores problemas de abastecimiento son aquellos que cometieron el error de prohibir exportaciones.
Si lo que pasó dentro del país no hubiera quedado claro como enseñanza, está la palabra de la organización mundial de la alimentación y la agricultura.
El presidente Morales había dicho que su primera etapa de gobierno fue dedicada sólo a la política y que ahora pasaba la página y se dedicaría a la economía. El país entero está esperando que eso suceda.
Cambio: Defensa del Estado
El presidente Evo Morales posesionó hace un par de días al abogado Hugo Raúl Montero Lara como el primer Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que en los hechos significa la puesta en marcha de un mecanismo legal que tiene como finalidad la defensa de los intereses del Estado. La noche del pasado lunes se puso fin a 186 años de desprotección de los intereses y del patrimonio de todos los bolivianos.
Además, Montero asumió esa alta investidura justo el día en el que se conmemoró el segundo aniversario de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado y con su posesión concluyeron las labores del Ministerio de Defensa Legal del Estado.
No obstante que la figura de la Procuraduría tiene una larga tradición en la vida republicana de los países de América Latina, tuvo que ser un gobierno liderado por un indígena aymara y los movimientos sociales el que asumió la trascendental medida que repercutirá en la defensa de la administración de nuestros recursos naturales.
La Procuraduría General defenderá judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales, extrajudiciales o administrativas, sea en resguardo de la soberanía, de los bienes del patrimonio e intereses de todos los bolivianos, en particular, en materia de inversiones, derechos humanos y medio ambiente, asumiendo defensa en cualquier conflicto entre el Estado y personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que demanden al Estado Plurinacional.
Es decir, a diferencia de lo que ocurría en el pasado reciente durante los gobiernos neoliberales, donde prevalecían los intereses individuales a despecho de los colectivos; la defensa de los bienes del pueblo hoy ya no está a la deriva, porque Bolivia cuenta con una institución capaz de salir por los fueros de quienes habitamos este suelo. Y como aseguró el primer Procurador General del Estado, luego de su posesión, la naciente entidad también es un homenaje a quienes sellaron con su sangre, las heroícas jornadas de septiembre y octubre de 2003, la recuperación de la riqueza de la patria de manos de las transnacionales y de una señorial y apátrida ‘clase política’ criolla.
En ese contexto, el primer desafío de Hugo Raúl Montero Lara será consolidar la nueva institución en coordinación con las autoridades de todos los órganos del Estado. "Tengo la obligación de implementar la Ley de la Procuraduría General del Estado (sancionada el 5 de diciembre de 2010) para defender judicialmente los intereses del Estado y resguardar la soberanía, el patrimonio y los derechos humanos de los todos bolivianos", aseguró.
No obstante, ¿qué atribuciones le otorga la ley al Procurador General del Estado para que cumpla a cabalidad su cometido?
Entre otras, asumirá la representación y la responsabilidad técnico legal en las acciones jurisdiccionales, conciliatorias, administrativas o arbitrales que inicie y tramite el Estado dentro del ámbito de sus competencias y sin necesidad de mandato. También participará en las actuaciones procesales que sean necesarias y suscribirá los escritos de defensa del Estado en los ámbitos de su competencia.
Coordinará con las diferentes instancias de los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Publico, Contraloría General del Estado y Ministerio de Justicia, las políticas necesarias para la defensa de los intereses del Estado, y requerirá a los servidores públicos y a las personas particulares, la información que considere necesaria a los fines del ejercicio de sus atribuciones, información que no podrá ser negada bajo ningún motivo. En caso de negativa a la otorgación de la información requerida por parte de servidoras o servidores públicos, la Procuraduría General del Estado solicitará el inmediato inicio de un proceso administrativo para el establecimiento de responsabilidades por el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las acciones pertinentes Instar a las acciones que corresponden de las unidades jurídicas administrativas.
El Procurador podrá requerir —por ante el Ministerio Publico— el inicio de investigaciones o acciones penales en contra de autoridades públicas y personas particulares por acciones contrarias a los intereses del Estado, y dictaminará sobre las directrices generales que deberán seguir los abogados del Estado en resguardo del interés nacional; estos dictámenes generales emitidos sobre esta materia serán vinculantes para los abogados, quienes excepcionalmente podrán apartarse bajo su responsabilidad y mediante observación fundada jurídicamente.
También formulará recomendaciones y recordatorios legales para toda la administración pública, en resguardo de los intereses del Estado, y exhortará al Órgano Ejecutivo, mediante dictamen motivado, la suscripción de tratados y convenios internacionales en el ámbito de sus competencias, así como recomendará su observancia jurídica cuando corresponda.
Además, por mandato de la Ley 64, se creará el Consejo de Abogados del Estado como entidad desconcentrada de la Procuraduría General, cuya función será producir doctrina jurídica en materia de defensa legal del Estado, y se fundará la Escuela de Abogados del Estado destinada a la formación de los profesionales abogados que prestan y desean prestar sus servicios en las áreas jurídicas de toda la administración central, descentralizada y entidades autónomas del Estado Plurinacional de Bolivia.
Por eso es destacable que el Procurador General del Estado es inviolable por las opiniones, informes, resoluciones, recomendaciones o dictámenes que emita en el ejercicio de sus funciones. Y estas facultades auguran una institución seria y responsable que defienda los intereses de todos los bolivianos.
La Procuraduría General goza de autonomía administrativa presupuestaria y financiera y es independiente en el ejercicio de sus funciones, y el Procurador es inviolable —en todo tiempo— por las opiniones, informes, resoluciones, recomendaciones o dictámenes que emita.
La Prensa: Deficiencias en depósitos aduaneros
Cuando la crisis nos castiga con carencias de bienes de consumo, conviene que el Gobierno ponga remedio a tan criticable situación.
No es de hace poco sino de mucho tiempo atrás el deficiente servicio que brinda Depósitos Aduaneros de Bolivia (DAB) a los operadores del comercio exterior. Esta repartición estatal, como es sabido, es la receptora de las importaciones nacionales en todas las capitales departamentales del país, lo que da una pauta de la vital importancia que adquiere su funcionamiento y la normalidad, agilidad y eficiencia que deben ser principal característica de dicha repartición.
Mediante decreto supremo del 19 de febrero de 2009, Depósitos Aduaneros de Bolivia fue creado como ?Empresa Pública Nacional Estratégica? para la prestación de servicios logísticos, de almacenaje y de asistencia al control de tránsitos y como parte de la política del Gobierno central para fortalecer la activa participación del Estado en la economía nacional.
Conforme a disposiciones legales en actual vigencia, dicha empresa debe registrar y concentrar todos aquellos ingresos en sus respectivos depósitos, a fin de que después sean recogidos y trasladados a los correspondientes destinatarios. De este modo, el Estado se garantiza la legalidad de las importaciones y el cumplimiento del régimen impositivo en la materia.
Pero ocurre que entre la llegada de las importaciones a los depósitos aduaneros y la entrega de aquéllas a quienes las hicieron transcurre demasiado tiempo. La demora perjudica no sólo a los operadores del comercio exterior, sino también a diversos sectores vinculados al sector, entre los cuales resulta igualmente perjudicado el servicio del transporte.
Prueba de ello es la reciente destitución del Gerente General de DAB debido a las presiones realizadas por la Cámara de Transporte Pesado de la ciudad de El Alto. Sin embargo, hay quienes dudan de que la medida tomada por el Gobierno sea suficiente, ya que aparentemente el mal es estructural.
¿Cuáles son las causas de tan lamentable deficiencia? Se ha mencionado, en primer lugar, la circunstancia de que los recintos de Depósitos Aduaneros de Bolivia no cuentan con los necesarios y suficientes espacios físicos para un adecuado almacenamiento de las importaciones.
Otra de las causas es que en sus dependencias no se dispone del personal suficiente para las tareas de recepción y despacho de los bienes y productos importados. Finalmente, una razón de mayor peso aún resulta de la falta de maquinaria para las operaciones de levantamiento y traslado de cargas pesadas de un sitio a otro.
A todo esto agrega lo suyo la exasperante pesadez burocrática. La llegada y entrega de las importaciones transcurre a paso de tortuga, perjudicando a los operadores del comercio exterior y a varios sectores vinculados al área.
Sobre todo ahora que la crisis nos castiga con toda clase de carencias de bienes de consumo, conviene que el Gobierno nacional ponga remedio a tan criticable situación.
Es imperativo y urgente aplicar las medidas que sean necesarias para que Depósitos Aduaneros de Bolivia agilice su trabajo y deje atrás las ya crónicas deficiencias con las cuales viene perjudicando a tanta gente y a diversos sectores cuyas actividades son gravitantes en el desarrollo de la economía en el país.
El Diario: Libertad con seguridad es básica en la vida
La libertad ejercida responsablemente es uno de los mayores bienes de que dispone el ser humano, sin ella todo se convierte en dependencia y sujeción a voluntades casi siempre ajenas a los derechos humanos. Sin libertad no es posible que el ser humano se sienta seguro de existir, vivir y desempeñarse en la vida. Sin libertad es imposible la democracia y los bienes que emanan de ella.
Pero para que la libertad tenga plenitud se debe contar con la seguridad de que no será vulnerada, ni manipulada ni condicionada ni sometida a situaciones humillantes o que deterioren sus raíces, sus fundamentos y su razón de ser. La seguridad de que esa libertad es básica para la vida; una seguridad que no puede ser instrumento de quienes buscan, al otorgarla, condicionar hasta la libertad de pensamiento o supeditarla a intereses mezquinos, caprichos o voluntades ajenas a los preceptos legales.
La seguridad que precisa el ser humano para el ejercicio de su libertad tiene que ser irrestricta, no condicionada ni sujeta a intereses creados o conveniencias políticas, económicas o de cualquier otro tipo. Debe ser una seguridad que emane no sólo de lo que el individuo disponga en el diario vivir o sea la seguridad que permite la vigencia de la Constitución, las leyes y la Declaración de los Derechos Humanos; debe ser seguridad para el libre pensamiento, del que proviene la libertad de expresión, un derecho inviolable de todos.
Cuando el Gobierno dispuso la vigencia de una “ley antirracismo y antidiscriminación” y anunció la vigencia de un reglamento, surgió en periodistas y medios de comunicación el criterio de que todo ello implicaba la creación de cadenas que impidan el libre desenvolvimiento de la comunicación social, la libre expresión, la libertad de informar, difundir, analizar y comentar lo que hagan o digan quienes poseen poder político, económico y social, como son los gobiernos y cualquier estrato de poder.
Habiendo libertad, pero sin seguridad para su pleno ejercicio, implica coartar lo más íntimo y sagrado de quien piensa, opina, crea, proyecta y pone en beneficio de los demás lo que esa libertad le permite ofrecer. En otras palabras, desaparecida la libertad, todo se subalterniza, se anula, se regula y se supedita a intereses que nada tienen que ver con los derechos. La imposición del derecho de la fuerza adquiere vigencia plena para conculcar lo que propugna la fuerza del Derecho, que es la vigencia de la Constitución y de las normas legales establecidas para la vida armónica de los pueblos.
En la ya larga controversia que se tiene entre los medios de comunicación y los periodistas con el gobierno del MAS sobre la libertad de expresión, conculcada por los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo y su reglamento, en la comunidad existe la sensación de que hubo una especie de “resignación” (con el estilo militar) porque no siempre la prensa dedica espacios importantes al tema. La verdad es que no hay tal situación en los medios y los periodistas, lo que hay es saber hasta qué punto se busca llegar con disposiciones tan arbitrarias y, además, saber quién o quiénes serán designados “jueces” que fiscalicen o juzguen la labor informativa y de opinión de los medios.
Entretanto, la comunicación social, en todas sus formas, es un alerta permanente y una razón de ser para combatir todo lo que implique vulneración o alteración de la libertad que consagra el libre pensamiento, del que proviene la libertad de expresión, un derecho irrenunciable del hombre sin distinción alguna.
El Mundo: Alentados
Aparentemente, el ofrecimiento realizado por el Presidente del Estado Plurinacional, de prestar atención a las demandas de los sectores sociales, ha dado lugar a que los mismos pretendan hacer conocer sus demandas con un énfasis mayor al acostumbrado.
Los transportistas que fueron los primeros en elevar las tarifas del servicio que prestan, tanto en las áreas rurales como urbanas, una vez que se produjo el decreto conocido como el gasolinazo, se vieron obligados a levantar la medidas una vez que se produjo el retroceso; sin embargo, no ha desaparecido el deseo de continuar con la medida y ahora lo hace a pesar de que los precios volvieron a su condición original.
Siguiendo las normas, empezaron las gestiones en el campo de la negociación, pero al sentirse frustrados con las reiteradas postergaciones, han decidido actuar de hecho en algunas ciudades y su propósito es ampliar la decisión en el resto del país.
Lo que mueve a preocupación es el hecho de que la posición de los transportistas mantiene los niveles que tuvo, con la casi duplicación del precio de los carburantes, a pesar de que como se les ha demostrado, una gran parte de ellos utiliza el gas comprimido como carburante, además del estado deplorable en el que se encuentran sus vehículos.
El Gobierno ha intentado en algún momento derivar la responsabilidad en las autoridades regionales, pero luego ha decidido mantener como ente negociador a la institución reguladora del transporte a nivel nacional.
Pero no sólo se trata del sector del transporte, los trabajadores que ahora han convulsionados la situación son los salubristas y tienen como medida de presión el hacer pasar momentos difíciles a los grupos mayoritarios de la comunidad que por sus condiciones económicas disminuidas, se ven obligados a buscar los servicios de los hospitales públicos, donde buscan además los beneficios establecidos por el Gobierno, como el Servicio Único Materno Infantil o el servicio para los adultos mayores.
El Gobierno ha estado dando publicidad a su proyecto de un sistema único de atención de salud, centralizando los servicios que atienden a determinados sectores, para unificar la atención a todos los ciudadanos, por otro lado podemos observar que quienes tiene la tarea de hacerlo se encuentran un una permanente movilización, a costa del sacrifico de las personas que por tener la salud disminuida, se encuentran más bien en una situación de indefensión.
Recordemos que el sector de la salud fue uno de los primeros en que el Gobierno puso los ojos para incrementar los salarios, una vez que se produjo el gasolinazo, tal vez pensando en que ese sector merece una atención especial por la tarea que realiza o por las condiciones poco favorables en las que desempeña su trabajo.
Sería importante que la atención de las autoridades encargadas de hacerlo puedan poner una solución a estas situaciones que van en desmedro de la mayor parte de la ciudadanía, los unos porque deben utilizar el transporte público para movilizarse a su fuente de trabajo y mandar a sus hijos a la escuela, mientras los otros, en el momento menos pensado, deben acudir en busca de los médicos para mejorar su salud quebrantada.
El gobernar escuchando el clamor popular no tendría que circunscribirse a retroceder en medidas aconsejadas por los asesores que se preocupan por la situación económica y que viendo los resultados, cometieron gruesos errores, sino también para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que requieren ver facilitadas sus necesidades para el desarrollo de sus actividades productivas.
Opinión:
Clarín, Argentina: Más violencia contra las mujeres
El aumento de casos de violencia doméstica ejercida contra las mujeres muestra conductas patológicas que deben ser tratadas como un problema social. Ocho mujeres fueron quemadas por sus parejas en las últimas semanas y cuatro de ellas murieron por las heridas infligidas. En algunos casos son peleas domésticas que derivan en agresiones físicas, en otros un maltrato ejercido de manera sistemática.
El caso de Wanda Taddei, muerta hace un año, y con amplia resonancia pública por tratarse de la esposa de un conocido músico, no sólo generó conmoción pública sino que se inscribe en un aumento de los casos de estas características. Se calcula que el año pasado más de 200 mujeres fueron víctimas fatales de la violencia de género.
También puede destacarse una mayor conciencia y valentía por parte de las víctimas y familiares, que deciden denunciar a sus agresores aún tratándose de maridos, cónyuges o personas muy allegadas. Pero lamentablemente, en muchos casos, el momento de la denuncia llega tarde.
En uno u otro caso, es fundamental que exista contención por parte de la Justicia e intervención de los programas asistenciales del Estado. Así como es decisivo en estos casos el trabajo preventivo sobre situaciones de crisis de pareja que pueden derivar en agresiones físicas, también resulta fundamental que la actuación de la Justicia se dirija a proteger a las víctimas, sancionar severamente a quienes cometen estas agresiones y disuadir a los potenciales agresores. Es necesario, también, difundir, en todos los ámbitos, la cultura del respeto de género.
El aumento de casos de violencia doméstica ejercida más frecuentemente contra las mujeres muestra conductas patológicas que deben ser abordadas como un serio problema social.