El concepto de institucionalidad pública o privada que se maneja en una sociedad democrática, respetuosa de valores morales, la podríamos denominar como: “El conjunto de creencias, ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estructuras y relaciones que condicionan las conductas de los integrantes de una sociedad, caracterizándola y estructurándola”
En líneas generales e intuitivas, debe entenderse que una sociedad o un Estado tienen su institucionalidad más avanzada y fuerte, donde las normativas y leyes que se aplican tienen que ser las más eficientes, y cuantas menos distorsiones se verifiquen en las regulaciones y resoluciones que amparen el desarrollo de sus actividades.
Es por este motivo, la importancia de lograr la fortaleza institucional. Y para este fin, es procurando que todas las personas cumplan, al pie de la letra, las disposiciones y se dé el efecto deseado por las normas. … Este efecto debe ser el que más conviene al interés general.
En Bolivia, vemos que la institucionalidad pública (desde que el pedófilo presidente “Evo” dijo que los abogados se encarguen de legalizar todo aquello que era ilegal y que él le iba a meter para tener una mejor tiranía) tiene consecuencias nefastas para nuestra sociedad en general. Y que la clase política para gobernar rescata esta mala costumbre masista para enriquecerse y abusar de los bienes del Estado, como lo vimos en el gobierno de Jeanine Añez.
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Tenemos una institucionalidad fallida en el Estado Nacional. Sus poderes constitucionales como el ejecutivo y el legislativo, hacen de la constitución un simple libreto para el discurso político. Pero, lo más aberrante es ver lo podrido que está el poder judicial, donde las leyes se aplican a gusto del gobierno de turno, de una manera vergonzosa y corrupta de parte de magistrados, jueces y fiscales.
Y como la manzana podrida pudre a las demás, algunas instituciones privadas, comienzan a demostrar que no están exentas de este tipo de práctica. Fue una pena leer en la prensa, que la prestigiosa y respetada institución que aglutina al gremio de los productores Agropecuarios de Santa Cruz, la CAO, se vio inmersa en una disputa de intereses que sobrepasaron a los de la institución.
Para que entendamos de una manera clara, la corrupción institucional se manifiesta cuando hay una influencia estratégica y sistemática, o incluso ética, que mina la efectividad de la institución, alejándola de su propósito o debilitando su habilidad para alcanzar su propósito. Es decir, en la CAO existen intereses de liderar la institución, con el único objetivo de favorecer en gran medida al gremio que cada uno de los candidatos a la presidencia representa, ante el gobierno nacional.
O sea, los soyeros y los azucareros, llegaron al extremo de acudir a la justicia para anular, al contrario. Cosa nunca vista antes, que deja a la institución herida gravemente en su integridad. Una medida relevante para los intereses dirigenciales, han logrado mostrar el debilitamiento, ya sea de la confianza pública en esa institución o de la confiabilidad inherente a la institución. Una pena.
La premisa fundamental que debería sostenerlos, como es, que la institucionalidad debe estar al servicio del bien común de todo el gremio productivo, en lo específico, debería haber primado la cordura y el sentido común, para intentar lavar los trapos sucios en casa.
El apoyo político y social debe ganarse a partir del convencimiento sobre los beneficios del cambio que cada una de las candidaturas podían ofrecer, con la fuerza que da la razón y la contundencia que dan los buenos argumentos en favor del fin que se persigue. Así vista, la institucionalidad es el medio y no el fin, por lo cual conviene lograr mayorías sobre ese propósito.
Creo que es oportuno, que la actual junta directiva reaccione ante este hecho singular en la vida institucional, recordando que esta institución fue concebida como «un bastión de credibilidad, rectitud y conciencia moral». Valores que pareciera ya no forman parte de la institución pues la crisis actual nos muestra que la persecución de los intereses particulares ha ganado terreno de forma ostensible dentro de los mecanismos de gobernabilidad de su Junta Directiva, en detrimento de la construcción del bien común para la que fue creada.
Si quisieran demostrar un cambio de actitud y de rectitud, la CAO debería convocar a nuevas elecciones sin la participación de los actuales candidatos, ya que unos no cumplieron los requisitos básicos que dictan las normas internas de la institución para habilitarse y los otros por haber acudido a la justicia para inhabilitar, al contrario, queriendo hacer valer una norma, que ellos mismos obviaron en la anterior elección, donde ambos candidatos pertenecían a una misma fórmula.
“Los valores morales se pierden sepultados por los económicos y el poder político”