También se enviaron reclamos a otras cuatro entidades públicas que no respondieron a la minuta enviada desde Creemos, tras nuevos casos de avasallamiento registrados en Santa Cruz y Pando.
La diputada cruceña María René Álvarez (Creemos) reclamó este jueves que hasta la fecha no hay respuesta a una minuta de comunicación dirigida al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para que diseñe y aplique “una política de lucha contra los avasallamientos de propiedades privadas, áreas protegidas, reservas forestales y parques”, en el departamento de Santa Cruz.
El documento al que tuvo acceso UNITEL, expone seis puntos a ser tomados en consideración por el ministro y que buscan ser insertados en la agenda del Legislativo, después de la aparición de dos nuevo casos protagonizados por grupos irregulares en Santa Cruz y Pando.
La diputada Álvarez explayó el contenido del documento y las sugerencias se resumen de la siguiente manera:
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1.- Elaborar una política de lucha contra los avasallamientos de propiedades privadas, áreas protegidas, reservas forestales y parques.
2.- Elaborar una estrategia de intervención de avasallamientos.
3.- Acelerar las investigaciones de los avasallamientos en las áreas protegidas, reservas forestales, identificando a los grupos involucrados en las actividades de narcotráfico.
4.- Acelerar las investigaciones de los avasallamientos en las propiedades privadas e identificar a los funcionarios públicos involucrados.
5.- Establecer mecanismos de prevención para evitar avasallamientos en las área protegidas, parques, reservas forestas y propiedades privadas.
6.- Realizar una base de datos de los partícipes en los delitos de avasallamientos.
Álvarez fiscaliza la situación desde la Asamblea.
La legisladora de Creemos recordó que envió varias minutas de comunicación para prevenir y evitar los avasallamientos no sólo al Ministerio de Gobierno, sino también al Ministerio de Medio Ambiente y Agua; la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT); al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; sin embargo, ninguna fueron atendidas.
“Y a la fecha nuevamente se están presentando notas a Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para que puedan pronunciarse y para asumir acciones concretas”, apuntó la legisladora.
La situación de avasallamientos no solo afecta a propiedades privadas, sino también a áreas protegidas que también fueron invadidas por el narcotráfico, de acuerdo con Álvarez, quien no advierte cambios sobre la erradicación de estas problemáticas en el área rural
Álvarez, también denunció esos hechos ilegales a organismos internacionales, como la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas y ante Naciones Unidas, alertando sobre el aumento de avasallamientos y usurpación de tierras en el Área Protegida Bajo Paraguá y demandando que se manifiesten con una exhortación al Estado boliviano para que puedan asumir acciones oportunas.
En otras ocasiones, como cuando saltó el caso de Las Londras, el ministro de Gobierno manifestó que hará prevalecer el derecho a la propiedad privada y el respeto a la vida. “Como gobierno manifestamos que no toleraremos este tipo de conductas”, publicó en su cuenta de Facebook.
Los casos más recientes
Este jueves, el productor Rudiger Trepp denunció que más de 200 avasalladores ingresaron a la propiedad denominada Las Parabas, en la provincia Guarayos, donde quemaron el campamento del personal y maquinaria pesada utilizada para la producción ganadera y agraria.
Pando es otra de las regiones afectadas en las últimas horas, donde una toma de tierras dejó un saldo de una persona fallecida y varias heridas en la propiedad Barraca San Miguel, ubicada en el municipio Sena. En este escenario, la propietaria del lugar escapó al monte para resguardar su vida.