Actualmente Bolivia cobra a los transportistas extranjeros Bs 8.78 por el litro de gasolina y Bs, 8.9 por el litro de diésel, mientras que los transportistas locales pagan Bs 3.74 y Bs 3.72, respectivamente. Con el fallo del TJCAN, transportistas de Perú, Ecuador y Colombia deberían pagar lo mismo por el combustible.
Fuente: eju.tv / La Paz
Baldwin Montero
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El fallo internacional que ordena a Bolivia eliminar en un plazo máximo de 90 días el cobro diferenciado de combustibles a vehículos con placa extranjera puso en jaque al gobierno de Luis Arce Catacora, que ahora intentará revertir la decisión presentando una apelación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN).
La apelación aún se encuentra en análisis y es la única vía que podría evitar que en los próximos tres meses los vehículos de transportistas de Perú, Ecuador y Colombia que ingresen a territorio nacional también se beneficien de la subvención a los carburantes, que en 2022 costó al país 1.713 millones de dólares.
“Es algo que hay que evaluar y ver cómo se puede apelar porque evidentemente la subvención es para vehículos y para transportistas bolivianos, no para extranjeros…es algo en lo que vamos a trabajar en su momento”, anunció el viernes en conferencia de prensa el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Armin Dorgathen.
La sentencia, emitida el 17 de julio y que es de carácter vinculante para los países miembros de la Comunidad Andina, estableció que, al realizar el cobro diferenciado por los carburantes, Bolivia “vulnera los principios de trato nacional, no discriminación y libre competencia contemplados en los artículos 3, 18 y 157 de la Decisión 398 (…) y 3,15 y 178 de la Decisión 837 (…) así como infringe el artículo 36 de la Decisión 608 (…) todo lo cual, a su vez, significa una transgresión del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.
Por ello ordena al país que “en un plazo máximo de 90 días contando desde la notificación de la presente sentencia, adopte las medidas necesarias y pertinentes que permitan el cese de la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino”.
Actualmente Bolivia cobra a los transportistas extranjeros Bs 8.78 por el litro de gasolina y Bs, 8.9 por el litro de diésel, mientras que los transportistas locales pagan Bs 3.74 y Bs 3.72, respectivamente. Con el fallo, transportistas de Perú, Ecuador y Colombia deberían pagar lo mismo por el combustible.
Expertos advirtieron que esto elevaría el presupuesto que se destina para la subvención de los combustibles. “Esto implica mayores costos para Bolivia tanto en términos fiscales porque implica una mayor erogación de dinero en subvención, pero también es un incentivo para el contrabando. El problema de fondo es la subvención (…) esto refuerza el argumento de que la política de la subvención tiene que ser revisada y replanteada”, afirmó, por ejemplo, el investigador en energía e hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, en declaraciones a la Agencia de Noticias Fides.
Un eventual incumplimiento de la sentencia derivaría en sanciones contra el país. “Las sanciones son cerrar seis meses la frontera comercial, no vamos a poder exportar nada, el 60% de la producción de soya de Santa Cruz consumen el Perú. No solamente afectará al sector de transporte, también a los exportadores, eso va a pasar si Bolivia decide no hacer caso”, advirtió a Urgente.bo el presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado Nacional e Internacional de Bolivia, Ramiro Sullcani.
Hasta este sábado el presidente Arce Catacora no se pronunció directamente respecto al fallo, pero el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que Bolivia respeta la decisión del TJCAN y se estrelló contra magistrado boliviano que forma parte de ese tribunal, Gustavo García Brito, quien respaldó la sentencia.
“Vamos a tener siempre un respeto profundo por nuestro Tribunal Andino de Justicia, pero la actitud de este juez y la manera en que ha actuado contra su país no va a quedar en la impunidad”, dijo en conferencia de prensa, tras señalar que García Brito es procesado penalmente por la forma en que asumió el cargo durante el gobierno de la presidenta Jeanine Añez, en 2020.
Políticos de la oposición, como el diputado José Ormachea, atribuyeron este tipo de reacciones a las dificultades para entender la independencia de la justicia. “Que no se preocupe el juez boliviano de la CAN, porque simplemente ha cumplido la norma y ha interpretado esto como que es una competencia desleal, que lo es. Él no tiene la culpa de que el MAS durante todos estos años haya subvencionado la gasolina”, opinó.