El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió un comunicado en el que además condena que los magistrados de este tribunal sean sometidos a presiones políticas. El boliviano Gustavo García Brito presentó su renuncia por este motivo.
eju.tv
Baldwin Montero Plaza/La Paz
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) reivindicó la independencia de sus magistrados, recordó que ellos no ejercen una función pública y rechazó que sean sometidos a presiones políticas que puedan comprometer su imparcialidad.
Lo hizo mediante un comunicado de prensa emitido poco después de conocerse la renuncia del magistrado boliviano Gustavo García Brito, acusado por el gobierno de Luis Arce Catacora de haber asumido el cargo de manera irregular y cuestionado por haber respaldado un reciente fallo de ese tribunal internacional que obliga a Bolivia a suspender el cobro diferenciado de combustibles que hace a transportistas locales y a otros que son parte de la comunidad andina.
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“La garantía de la independencia del Tribunal se apoya esencialmente en la autonomía e imparcialidad de sus magistrados, quienes ejercen una función judicial comunitaria y supranacional. Los magistrados del TJCA son autoridades jurisdiccionales de la Comunidad Andina y en el ejercicio de sus funciones responden única y exclusivamente al Tribunal y al derecho andino”, se lee en el comunicado del TJCA.
Agrega que “tienen la condición de funcionarios internacionales del más alto nivel de la Comunidad Andina y, por lo mismo, no pueden ser considerados como funcionarios o servidores públicos nacionales, pues no ejercen una función pública nacional, no forman parte de la administración pública de los Países Miembros de la Comunidad Andina, no son delegados de sus gobiernos o de sus cancillerías, ni ejercen algún tipo de representación o mandato nacional”.
García Brito fue cuestionado por el gobierno boliviano por haber apoyado el fallo que va en contra del país y el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció además que es procesado penalmente por una supuesta irregularidad en su nombramiento.
Esto causó que el magistrado boliviano, al igual que sus dos suplentes, presenten su renuncia al cargo, lo que aún debe ser aceptado por el grupo plenipotenciario. “(…) El tribunal no puede quedar acéfalo. La denuncia que se presentó en la Cancillería era contra tres magistrados, el titular y dos suplentes. Ellos renunciaron primero luego yo y se produjo una situación inédita en la CAN que no tiene regulación. Los suplentes están para reemplazar en caso de que no esté el titular, pero por primera vez en la historia, titular y suplentes renunciamos y no fue una renuncia voluntaria, sino forzada por las circunstancias y presión”, declaró García Brito a radio Fides.
Para el TJCA, los magistrados no deben ser sometidos a presiones políticas que comprometan su imparcialidad. “Los magistrados del TJCA, sin distinción de su nacionalidad, deben actuar con absoluta independencia durante el trámite y la decisión de todos los procesos judiciales que son sometidos a su jurisdicción, y no deben ser sometidos a presiones políticas o de otra índole que pueda condicionar o comprometer la imparcialidad de sus actuaciones”, se lee en su comunicado.
Recuerda además que no es extraño que los magistrados voten contra sus países, justamente por su independencia y por su condición de operadores de justicia.
“El TJCA debe determinar la interpretación y aplicación de la norma andina. No es para nada extraño que los magistrados voten en contra de su país de origen, pues en estricto sentido, al ser jueces comunitarios, y salvo los casos de impedimento o recusación —ninguno de los cuales se fundamenta en la identidad de nacionalidad del magistrado y la de cualquiera de las partes procesales—, no pueden abstenerse de actuar y anteponer el interés nacional de sus países de origen a la correcta administración de justicia comunitaria andina”, señala.
“Los magistrados del Tribunal no son mandatarios de los gobiernos de sus países de origen. Ellos votan y fallan en función del derecho aplicable y sus convicciones. No es causal de abstención, inhibición o recusación el que una parte procesal sea el gobierno del país de origen de los magistrados de la corte andina”, agrega.