Entre marzo y diciembre de 2022 la cifra de privados de libertad subió en más de 4.000 personas.
eju.tv
Baldwin Montero Plaza / La Paz
De cada 10 personas recluidas en centros penitenciarios de Bolivia, 6 permanecen en prisión bajo medidas cautelares de carácter personal, lo que quiere decir que no tienen sentencia. El dato se encuentra reflejado en el primer Informe Anual 2022 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia) que el lunes presentó la Defensoría del Pueblo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
De acuerdo a ese trabajo, a diciembre de 2022 se registraron en las cárceles bolivianas 24.824 personas privadas de libertad, delas cuales el 66,19 por ciento se encuentran privadas de libertad bajo la modalidad de detención preventiva.
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“Esto llama la atención, porque el alto porcentaje de personas privadas de libertad con detención preventiva invita a que repensemos sobre cómo estamos utilizando la detención preventiva. De repente no como un mecanismo para garantizar la realización del proceso con la presencia del procesado, sino como una medida que se constituye en una especie de sanción anticipada”, advirtió el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, al presentar su informe, en el que además incluyó 30 recomendaciones a distintas instituciones del Estado.
Dijo que otro aspecto que genera preocupación es el referido al aumento de la población penitenciaria, que en sólo 10 meses subió en más de 4 mil personas. De acuerdo al informe defensorial, en marzo de 2022 había 20.002 personas privadas de libertad, cifra que subió a 24.824 en diciembre del mismo año.
El MNP – Bolivia fue realizado con base en visitas a 40 centros penitenciarios del país, donde evidenció la situación en la que se encuentra la población recluida en estos establecimientos.
Esta instancia elaboró el informe 2022 mediante la información recabada durante 273 visitas a establecimientos carcelarios, centros de reintegración social, celdas policiales, centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes, hospitales psiquiátricos y centros de formación militar, donde se evidenció la situación de las personas que viven en privación de libertad o bajo custodia del Estado.