Bunker tercera República argumenta que son responsables de que no se hayan elegido a nuevas autoridades judiciales
eju.tv
Baldwin Montero Plaza / La Paz
La organización política Bunker Tercera República presentó este miércoles una denuncia penal por incumplimiento de deberes contra las tres principales autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP): el Vicepresidente y presidente nato de la ALP, David Choquehuanca; el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez y el expresidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado.
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El anuncio lo hizo el representante de esta organización, Amilcar Barral, quien explicó que el motivo fue la dejadez con que actuaron estas tres autoridades en el caso del proceso para la elección de nuevos magistrados del Órgano Judicial que reemplacen a los que concluyen su mandado este 31 de diciembre, lo que a su vez derivó en una cuestionada prórroga aprobada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Nosotros, el día de hoy, como Bunker, hemos llevado adelante una denuncia penal por el delito de incumplimiento de deberes y otros contra el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente del Estado, David Choquehbuanca, contra el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y contra el expresidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado”, anunció.
Dijo además que la demanda será ampliada contra los jefes de bancada del Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Creemos, ya que estas tres bancadas debieron llegar a consensos para la convocatoria a los comicios y el proceso de preselección de candidatos, tal como lo hicieron para aprobar el Presupuesto General del Estado reformulado o ampliar el mandato de Rodríguez en el Senado.
Agregó que la ampliación también llegará a los presidentes y miembros de la Comisión Mixta de Constitución, quienes eran los encargados de la convocatoria y preselección de postulantes. “En este momento la directa responsabilidad para que no haya magistrados y continúen los maleantes de siempre, es la Asamblea Legislativa Plurinacional”, argumentó.
Los magistrados del Órgano Judicial cumplen su mandado este 31 de diciembre y a poco más de dos semanas de ello el TCP emitió un auto constitucional en el que establece que se ampliará sin fecha el mandato de estas autoridades, hasta que sean reemplazas por magistrados electos por voto directo de la población.
Para Barral, es indudable que estos actores del Legislativo incurrieron en incumplimiento de deberes, lo que se encuentra penado por la por la normativa boliviana. “Ellos no han cumplido deberes, el 2 de enero deberíamos tener nuevas autoridades judiciales y no los maleantes que han manejado ahora. Por eso se interpuso la denuncia”, argumentó.
