Una investigación del GIEI mencionó el caso de las bombas
eju.tv
Baldwin Montero Plaza /La Paz
El exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Eddy Condori, anunció su intención de reabrir un proceso por terrorismo contra la exministra de Culturas Wilma Alanoca, por el hallazgo de bombas molotov en dependencias de esa cartera de Estrado durante los conflictos de 2019. Dijo que hay al menos 30 testigos dispuestos a declarar contra la exautoridad del gobierno de Evo Morales.
Hizo el anuncio luego de que el presidente del Concejo Municipal, Francisco Quispe, también exdirigente de la Fejuve, denunciara que Alanoca instruía no sólo conformar los “grupos de choque para las bombas molotov”, sino también dividir a las organizaciones sociales que no le hacían caso.
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La denuncia molestó a la ahora concejala alteña, quien pidió a Quispe retractarse. “Con todo respeto e hidalguía le pido a este señor Quispe que se retracte, porque no es posible caer simplemente en difamaciones de manera libre a título de la opinión y libertad de expresión. Cada uno tiene que ser responsable y demostrar con pruebas, por lo tanto, yo le pido que se retracte públicamente de estas difamaciones, de lo contrario simplemente será algo ambiguo, falaz”, afirmó.
Este miércoles, Condori dijo que este caso no puede quedarse en fojas cero, porque se trata de hechos de vandalismo y terrorismo. Informó a la red Erbol que se reunió con exdirigentes de esta urbe y que hay una treintena de testigos dispuestos a declarar contra la exministra.
Un informe del Grupo Interdisciplinariedades de Expertos Independientes (GIEI) revela que días antes de la renuncia de Evo Morales, funcionarios del Ministerio de Culturas ingresaron gasolina al garage de esa institución para preparar bombas molotov. Además, tenían prevista la llegada de más material para fabricar explosivos.
“El GIEI reitera que la producción de bombas artesanales es una conducta grave, debido al potencial incendiario y destructivo de esos artefactos. El hecho de que pudieran haber sido producidas en la sede de un servicio público, con la participación de funcionarios, es aún más relevante”, especifica el documento, al que el desaparecido diario Página Siete tuvo acceso en agosto de 2021.
El 9 de noviembre de 2019, un grupo de ciudadanos irrumpió en predios de la dependencia estatal, donde se encontró a cuatro funcionarios que preparaban botellas con líquidos inflamables para usarlas como explosivos artesanales. En el lugar había más trabajadores de ese cartera estatal que lograron escapar.
El combustible fue ingresado el 8 de noviembre a la dependencia estatal; esa misma jornada hubo un repliegue policial. Morales dimitió el 10 de ese mes, luego de hacerse público el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), que establece “manipulación dolosa” del proceso electoral de esa gestión.
“El policía responsable por la seguridad del garaje informó a sus superiores que desde el día anterior se había ingresado gasolina al lugar y que estaba prevista la llegada de más material. Indicó además que un grupo de choferes del Ministerio se presentó en el garaje para preparar las bombas molotov. Sin embargo, antes de cualquier operativo policial, un grupo de civiles llegó al lugar y amenazó con derrumbar el portón, logrando invadir el predio. Según el denunciante, los funcionarios escaparon, pero cuatro de ellos fueron perseguidos y aprehendidos por el grupo”, detalla parte del documento del GIEI, según publicó Página Siete.