El terrorismo no resulta ser una actividad que pueda explicarse de manera simple y sencilla, como la concebimos la mayoría de los mortales, debido a que existen variantes que van desde el terrorismo puro, el de guerrillas, movimientos o partidos y aquel que desarrolla actos vandálicos tipificados como delitos comunes. Para los colombianos, esta actividad no es algo novedoso, debido a que lo vienen sufriendo en carne propia desde la década de los años ochenta, actividad que, dicho sea de paso, fue adquiriendo dimensiones políticas que hicieron necesaria la implementación de medidas de guerra por parte del Estado para poder combatirlo.
Por lo general, los grupos criminales, utilizan violencia limitada para conseguir sus objetivos de manera inmediata, aunque, la magnitud de un ilícito que ha adquirido connotación mundial, socava las estructuras institucionales de los Estados, doblegándolas a tal punto de modificar parcialmente sus regulaciones. Quizá pocos recuerden el caso del pueblo colombiano, tan relevante y ejemplificador, debido al precio excesivamente alto que debieron pagar los colombianos y que ha dejado una herida profunda que no alcanza a sanar después de largos años, provocada por un baño de sangre que estremeció a propios y extraños.
En los casos de guerra, la violencia trata de conseguir cierta ventaja para el que la aplica, siendo empleada de dos maneras, la primera es aquella que está orientada a debilitar al rival para doblegarlo, desarmarlo e imponerle su voluntad, característica de las fuerzas militares, una segunda manera, es la que busca dañar al enemigo a través del uso de la fuerza. En esta última, el objetivo no consiste sólo en neutralizar al adversario, busca crear una situación que resulte insoportable, obligándolo a doblegarse y ceder a las exigencias del que inflige daño.
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Durante el desarrollo de la historia humana, diferentes grupos de insurgentes, conscientes de su inferioridad numérica y de armamento para hacer frente a los ejércitos estructurados y constituidos con sus bases y sus jerarquías, apelaban a una estrategia ampliamente difundida que fue la “guerra de guerrillas”. Los grupos subversivos modernos terminaron por personalizar esta estrategia, reproduciéndose en sociedades desarrolladas que ven con estupor los actos de violencia y que termina por desencadenar la versión del terrorismo en su más pura esencia.
Por su parte, el terrorismo moderno emerge con fuerza durante la segunda mitad del siglo XX, desarrollando una actividad de corte político, romántico, seductor, idealista, que comienza a echar raíces en las universidades –de los cuales muchas conservan sus ideas y filosofías inspiradas en las revoluciones de izquierda– revestidas de un anarquismo añil, por el que deciden emprender lucha contra las colonias y el dominio del “imperialismo británico y norteamericano”. Este fenómeno se produce durante un periodo conocido como: “Guerra Fría”, tiempo en el cuál resultaba aún más importante que mostrar las virtudes propias, enrostrar la figura del mal, en la piel del enemigo.
Durante este periodo, algunos partidos políticos colombianos legalmente constituidos, decidieron conjuncionarse con grupos que realizan abiertamente prácticas terroristas, accediendo a utilizar una forma de táctica auxiliar de guerrillas rurales, a través de las cuales ejercían violencia como expresión de ciertas demandas (las que terminaban ocupando un segundo plano). La apuesta por construir una fuerza armada paralela para enfrentar al Estado, ha sido una constante, insistiendo en atacar y descomponer los apoyos sociales, promoviendo levantamientos y azuzando la imagen del gobierno incapaz de manejarlas, como parte de sus estrategias de combate.
Durante el último cuarto del siglo XX, Colombia experimentó una forma conocida como el terrorismo político, alentada por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez, quienes pusieron en jaque al Estado gracias a la abultada cantidad de recursos provenientes del ilícito de las drogas, con lo que intentaron frenar a las fuerzas de seguridad, al poder judicial y al poder político, en su objetivo de eliminar de la legislación la figura de la extradición. Desencadenaron una modalidad subrevolucionaria, mediante la cual se dieron a la tarea de eliminar funcionarios, desafiando cualquier decisión del Estado que pudiera ser considerada atentatoria a sus intereses.
La violencia durante aquellos años llegó a niveles demenciales, llegando los subrevolucionarios a asesinar a más de cuatrocientos policías sólo en Medellín, tres candidatos presidenciales, defensores de derechos humanos, periodistas, cientos de personas que fueron víctimas de atentados terroristas perpetrados con coches bomba en las calles de las principales ciudades de Colombia o la explosión de un avión en pleno vuelo, con el único fin de generar un clima de terror y miedo en la población, la misma que terminaría exigiendo a las autoridades de aquel país, que se le concedieran las demandas que exigían con el único propósito de evitar más víctimas mortales.
La inyección de recursos económicos les ha permitido a estos grupos, planear y ejecutar atentados más sofisticados, infiltrar miembros en organizaciones civiles, instituciones y organismos gubernamentales, acceder a armas y mejorar sus capacidades tecnológicas, acercándose cada vez más al ideal que persiguen, “conformar unas fuerzas armadas paralelas para combatir al Estado”. Cuanto estos agentes subversivos no tienen la capacidad simétrica de enfrentar a las fuerzas armadas de un país, usarán generalmente su poder sólo para provocar daño.
La historia de Colombia, deja entrever que el terrorismo ha mantenido como víctima principal a la población civil desarmada, haciendo blanco en las personas más débiles e indefensas, que no cuentan con ninguna participación en las cuestiones sobre las que desean influir a través de un uso irracional e indiscriminado de violencia.
Los recientes acontecimientos en la región, deben despertar los más sinceros sentimientos de solidaridad por parte de la sociedad civil y se debe promover el interés en la problemática por parte de organismos internacionales, para que coadyuven en la solución del problema que amenaza con hacer metástasis. Las víctimas de terrorismo deben recibir asistencia emocional y social, buscando además que los delincuentes asuman su responsabilidad al momento de resarcir a las víctimas, familiares o personas a su cargo.
Una característica de los países hispanohablantes de las últimas décadas, tiene que ver con constantes procesos de crisis en los que se advierten exacerbados grados de violencia. Hace algunos días, Leónidas Iza, jefe de la federación indígena CONAIE, comenzó a organizar movilizaciones en contra del gobierno del Presidente Lasso, debido a que éste último disolvió la Asamblea Legislativa. Ya en junio de 2023 el gobierno del Ecuador tuvo que hacer frente a una oleada de protestas acaudilladas desde las calles por organizaciones indígenas, en protesta por la subida de precios y que tenían la misión de derrocar al gobierno constitucional de aquel país.
El asesinato del candidato Villavicencio marca la pauta del grado de violencia reinante en aquel país y nos remonta a la época de los cárteles colombianos, una violencia que prosigue con la toma violenta de medios y el uso indiscriminado de armas y grupos paramilitares.
Como epílogo del presente artículo, vale la pena señalar que esta situación es extrapolable a cualquier otro país de la región que, de una u otra manera, sufre las consecuencias de una actividad terrorista –en sus distintas variantes– que insiste en mantener “bloqueados” todos los caminos que conducen por las rutas de la libertad.
Por: Carlos Manuel Ledezma Valdez
Escritor, investigador, divulgador histórico