En 2025, Bolivia cerró de forma simbólica una de las páginas más oscuras de su sistema de justicia: los magistrados autoprorrogados que se mantuvieron en el Tribunal Constitucional Plurinacional y en el Tribunal Supremo de Justicia más allá de sus mandatos constitucionales finalmente fueron retirados de sus cargos. No fueron, sin embargo, las elecciones ni un debate institucional ordenado los que los sacaron, sino la presión de la sociedad, los pronunciamientos de la Corte Interamericana y la evidencia de que el autoprorroguismo ya no era sostenible. Hoy, cuando esas personas ya no están en el TCP ni en el TSJ, la pregunta que pesa es otra: ¿por qué nadie paga el precio de haber puesto patas arriba la Constitución?
De la auto prorroga a la impunidad institucional
El autoprorroguismo no fue un accidente administrativo ni un error de interpretación. Fue una decisión consciente de ciertos magistrados que, ante la paralización de las elecciones judiciales y la inacción del Poder Legislativo, se autorrenovaron mediante resoluciones internas y declaraciones constitucionales que vulneraban el orden democrático. Ese gesto —arrogarse funciones más allá del mandato— no solo rompió la división de poderes, sino que devastó la confianza ciudadana en la idea de que el Tribunal Constitucional debía ser el guardián imparcial de la Constitución, y no un refugio para la permanencia de élites juiciosas.
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Hoy que esas personas ya se fueron, la crisis se ve como algo “superado”. Pero lo que realmente se observa es una normalización silenciosa de la transgresión: el sistema admite que hubo un desborde, corrige de manera parcial el escenario y se abstiene de castigar a quienes lo propiciaron. La Fiscalía General del Estado, encargada de garantizar que la ley se aplique a todos por igual, no ha abierto procesos penales claros ni sustentados contra los autos prorrogados. El Ejecutivo, por su parte, se limita a un discurso de reforma, meritocracia y transparencia, sin impulsar una responsabilidad política directa ni una acción decidida para esclarecer quién habilitó o permitió la auto prórroga.
En este vacío, la autoprórroga pasa de ser un escándalo constitucional a un episodio “olvidable”: se retiran los actores, pero se concede la impunidad.
Los autos prorrogados como invasores del Estado
Desde el punto de vista jurídico, los auto prorrogados no fueron simplemente funcionarios que se excedieron en sus funciones; fueron invasores institucionales. Cuando el mandato de una autoridad constitucional termina, el cargo queda constitucionalmente vacante; si alguien se coloca allí sin elección, convocatoria ni designación válida, no está ejerciendo un cargo, sino ocupando ilegítimamente un espacio de poder que le corresponde al Estado.
En el caso de la Fiscalía, este matiz es fundamental: los auto prorrogados no son sujetos de un mero juicio de responsabilidades administrativas, sino de procesos penales por la supuesta comisión de delitos comunes. La autorrenovación en un órgano constitucional puede ser analizada como usurpación de funciones, abuso de autoridad, delitos contra la administración de justicia y responsabilidad penal por daño al Estado. La presunción no es que hubo un error de interpretación, sino que se cometió un acto de dominación sobre el propio poder que debía obedecer a la Constitución. El juicio de responsabilidades, que en otros casos sirve para sancionar faltas disciplinarias, resulta inadecuado: se aplicaría a un funcionario que ocupó legítimamente un cargo; aquí se trata de quienes se colaron en el poder cuando ese cargo ya no les correspondía.
Fiscalía ausente, gobierno discreto
Jurídicamente, la autorrenovación en un órgano constitucional no es un simple error formal. Rompe la seguridad jurídica, vulnera la igualdad ante la ley y atenta contra la estabilidad del sistema democrático. Puede ser analizada como usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de deberes del funcionario público y, en el plano político, como una transgresión grave a la ética republicana.
Sin embargo, la Fiscalía no ha explicado públicamente por qué no se investiga de manera seria a quienes se autorrenovaron, ni a quienes pudieron impedir la realización de elecciones judiciales oportunas. El silencio se traduce en una ausencia de señales: la ciudadanía no ve que se castigue a quienes se arrogaron funciones que no les correspondían, ni que se sancione a quienes dejaron que el sistema se desbordara. El mensaje que filtra es que, en el poder, hay límites flexibles para quienes se atreven a transgredir el orden constitucional, siempre que se retiren a tiempo.
En el plano ejecutivo, el gobierno de Rodrigo Paz insiste en la necesidad de reforma, de “meritocracia” y de modernización del sistema de justicia, pero sin confrontar directamente el capítulo de responsabilidad política por la crisis. No se crea una comisión de investigación independiente, no se exige rendición de cuentas al Legislativo por su inercia, y no se insiste en clarificar el rol de los actores que toleraron la auto prórroga. El discurso de reforma se difumina así en la ausencia de autocrítica institucional.
La autoprórroga como síntoma de una enfermedad estructural
El autoprorroguismo no es el origen de la crisis de la justicia en Bolivia; es su momento de máxima concentración. Ya antes de 2023, el sistema judicial mostraba congestión procesal extrema, lentitud en las decisiones, falta de recursos y una creciente politización de los cargos. La introducción de elecciones judiciales por voto popular, con listas negociadas entre partidos y cuotas de poder, no resolvió eso; más bien profundizó la percepción de que la Justicia es un reparto de botín político más que un servicio público regido por el mérito.
En ese contexto, la autoprórroga fue la respuesta extrema de un sistema que, debilitado por el diseño institucional y por la falta de controles efectivos, permitió que ciertos actores interpretaran la vacancia constitucional como un permiso para permanecer en el poder. La impunidad posterior confirma que el sistema no aprende de sus crisis: se corrige el síntoma —la presencia de auto prorrogados—, pero se deja intacta la enfermedad estructural.
La crisis del Tribunal Constitucional y la pérdida de legitimidad
El Tribunal Constitucional Plurinacional, que debiera ser el órgano más blindado y respetado, se convirtió en el epicentro de la mayor crisis de legitimidad de la última década. Tras la autoprórroga, el TCP vivió un período de vacíos, renuncias forzadas, dudas sobre la validez de sus resoluciones y una cantidad de recursos que supera su capacidad de respuesta. Esa inestabilidad se instaló en la percepción de la ciudadanía: si el Tribunal Constitucional puede ser manipulado para sostener mandatos, ¿qué credibilidad tiene cuando protege otros derechos?
Si el Estado permite que quienes se autorrenovaron queden en la impunidad, se envía un mensaje claro: el Tribunal Constitucional es un lugar de poder, pero no de ética. La institución puede seguir funcionando, pero su legitimidad se erosiona con cada decisión, porque sectores de la población se preguntan si el respeto que se profesa a la Constitución no es solo una fachada para sostener intereses particulares.
Mérito, voto popular y el papel de las reformas
En el debate actual, el análisis de muchos juristas señala que la crisis de la justicia no puede resolverse solo con el reemplazo de algunos magistrados, sino con una reforma estructural. El problema central es el diseño institucional: elecciones judiciales con voto popular politizadas, camas partidarias y cuotas que terminan por subordinar la idoneidad a la lealtad política.
La propuesta de Juan del Granado, que plantea una reforma integral del sistema de justicia, apunta hacia un modelo de selección basado en idoneidad, con comisiones técnicas, concursos públicos y controles rigurosos. El objetivo es que el mérito profesional, la ética y la trayectoria sean el criterio principal, no la pertenencia a un partido o a un bloque político. Pero, para que esa meritocracia sea creíble, es indispensable que el Estado se tome en serio la responsabilidad penal y política de quienes se arrogaron funciones. Si quienes vulneraron la Constitución para permanecer en el poder quedan en la impunidad, cualquier reforma será vista como un reacomodamiento táctico, no como un cambio ético profundo.
Reforma sin verdad, reforma vacía
El nuevo gobierno y el Legislativo hablan de “reforma total” de la justicia, de meritocracia, de cierre de la puerta a las cuotas y de fortalecimiento del Órgano Judicial. Esas promesas son necesarias, pero pierden alcance si se construyen sin esclarecer lo ocurrido con la autoprórroga. No se puede limpiar la casa sin reconocer quién la ensució. La sociedad necesita saber:
¿Qué actores políticos frustraron la convocatoria de elecciones judiciales oportunas?
¿Quiénes apoyaron, pasivamente o de manera directa, la permanencia de los auto prorrogados?
¿Qué responsabilidad penal y ética corresponde a quienes se autorrenovaron, vulnerando el orden constitucional?
Sin respuestas a estas preguntas, la reforma se convierte en una reforma sin memoria. Se cambia el formato de selección, se habla de comisiones, de concursos y de transparencia, pero se deja intacta la cultura de la impunidad. La autoprórroga pasa a la historia como un episodio que se “resolvió” retirando a los actores, pero sin declarar que aquello fue un delito grave contra la Constitución.
Una justicia sin memoria no es justicia
Bolivia necesita una justicia independiente, técnica, lenta cuando deba serlo, pero firme cuando se trata de defender la Constitución. Necesita jueces elegidos por mérito, no por cuotas ni por conveniencia política. Pero, sobre todo, necesita un sistema que no se olvide de sus propios pecados constitucionales.
El autoprorroguismo fue un aviso de una enfermedad estructural. Que los actores ya se hayan ido es un paso, pero que el Estado, en su conjunto, se mantenga en silencio sobre la responsabilidad y la impunidad es una segunda transgresión. La justicia que se reforma sin rendir cuentas sobre su propia crisis, que limpia la casa, pero se niega a castigar a quienes la ensuciaron, termina perdiendo credibilidad ante la ciudadanía que más la necesita. La reforma, sin memoria, sin verdad y sin responsabilidad, no es justicia: es maquillaje institucional.