Organizaciones indígenas y campesinas avanzan hacia La Paz después de un diálogo frustrado; el Gobierno defiende el acceso al crédito como eje de la norma.
La marcha determinó continuar su periplo hasta La Paz. Foto: RKC
Indígenas y campesinos del norte amazónico reanudaron y la marcha hacia La Paz desde Rurrenabaque, en protesta contra la Ley 1720 de reconversión de tierras, promulgada días antes, al considerar que la norma que permite transformar pequeñas propiedades en medianas para habilitar su acceso a crédito, podría derivar en concentración de tierras; mientras el Gobierno sostiene que la medida busca dinamizar la producción rural.
La movilización, que partió inicialmente desde Pando y se reorganizó en Rurrenabaque, ha ido sumando columnas de distintas regiones del Beni y el norte de La Paz. La articulación incluye a organizaciones campesinas e indígenas que denuncian que la norma afecta directamente la estructura de tenencia de la tierra en territorios donde predominan formas comunitarias y pequeñas propiedades.
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El núcleo del conflicto radica en el mecanismo de ‘reconversión, porque la norma permite que predios clasificados como pequeña propiedad pasen a la categoría de mediana propiedad, lo que habilita su uso como garantía para acceder a financiamiento. Sin embargo, ese mismo cambio implica que las tierras puedan ser embargadas o transferidas, un punto que genera preocupación en los sectores movilizados.
Los marchistas partieron de Pando hace ocho días y esperan llegar a La Paz. Foto: Benevisión
Dirigentes de la marcha sostienen que la ley introduce una lógica de mercado en territorios que históricamente han estado protegidos de procesos de concentración. Argumentan que, en contextos de vulnerabilidad económica, el acceso al crédito puede convertirse en una puerta de entrada a la pérdida de tierras, especialmente si no existen mecanismos efectivos de protección frente al endeudamiento.
La Ley de Reconversión de Tierras fue promulgada la pasada semana por el presidente Rodrigo Paz Pereira y publicada en las pasadas horas en la Gaceta Oficial, por tanto, ya tiene plena vigencia en medio de la movilización de sectores campesinos e indígenas de tierras bajas que cuestiona su alcance. Sin embargo, el contenido de la norma se circunscribe a predios individuales titulados y no incluye disposiciones sobre Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
El cuestionamiento también alcanza al proceso de aprobación. Las organizaciones señalan que la norma fue promulgada sin un proceso amplio de consulta y sin estudios públicos que evalúen su impacto en regiones amazónicas, donde persisten demandas de saneamiento y titulación pendientes. Ahí radica otra confusión en el alcance de la norma, porque la conversión abarca solo a quienes tienen tierras tituladas y se acogen de manera voluntaria a la norma.
La columna se engrosó con campesinos e indígenas de Beni y el norte de La Paz. Foto: Benevisión
Desde el Órgano Ejecutivo sostienen que la reconversión es voluntaria y que no afecta la propiedad colectiva. Enfatizan que el objetivo es superar una de las principales limitaciones del pequeño productor: la falta de acceso al sistema financiero. Bajo este argumento, la posibilidad de hipotecar la tierra permitiría inversiones en tecnología, infraestructura y mejora de la productividad. Según el Gobierno, ese es el sentido fundamental de dicha norma.
El presidente Rodrigo Paz Pereira se refirió a la polémica creada y cuestionó las versiones que supuestamente intentan distorsionan el contenido de la ley. “No está bien que se le engañe a la gente para movilizar con falsos discursos”, afirmó el mandatario, en alusión a las advertencias que circulan en sectores rurales sobre supuestas expropiaciones o afectaciones a tierras comunales. Afirmó que la Ley 1720 se enmarca en un paquete de medidas orientadas a dinamizar el acceso al crédito productivo, particularmente en el área rural.
Estudios del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) han insistido en que la hipotecabilidad de la tierra debe evaluarse con cautela en territorios indígenas, donde el valor de la tierra no es solo económico, sino también cultural y político. En estos contextos, la pérdida de un predio puede significar también la fragmentación de estructuras comunitarias.
Los movilizados esperan que el Gobierno desista en la aplicación de la Ley 1270. Foto: RKC
No obstante, otros economistas rurales señalan que Bolivia arrastra un rezago en el acceso al crédito agrícola. Desde esta perspectiva, la Ley 1720 podría convertirse en una herramienta útil si se acompaña de políticas de protección, educación financiera y regulación del mercado de tierras. Por ejemplo, el economista Christian Aramayo señaló que la ley de conversión de pequeña a mediana propiedad sí puede impulsar el desarrollo y frenar la pobreza.
Sin embargo, dejó en claro es que la condición es que facilite el acceso a capital, condición clave en países que lograron salir del subdesarrollo. “Estamos hablando de que se le brinde la oportunidad de manera voluntaria (al pequeño propietario) para salir de la pobreza. Y no hay forma de salir de la pobreza sin tener derechos de propiedad claramente establecidos y que en ese marco puedan tener acceso a capital”, señaló a Canal Rural.
El conflicto se inscribe en una problemática histórica: la disputa entre modelos de desarrollo rural. Por un lado, uno orientado a la protección de la pequeña propiedad y los territorios comunitarios; por otro, uno que busca integrar plenamente la tierra al circuito económico y financiero. La marcha desde Pando, en ese sentido, no solo cuestiona una norma específica, sino que reactiva un debate de fondo sobre el futuro del régimen agrario en el país.