La corrupción de las palabras

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. Los Tiempos: LA CORRUPCIÓN DE LAS PALABRAS

2. El Deber: Las perspectivas

3. Cambio: Una mentira en ‘No mentirás’

4. La Prensa: Buscar un cambio de objetivos

5. El Diario: Catastrófico derrumbe de la minería

6. El Mundo: Dónde vamos

7. Clarín, Argentina: El arte moderno, en la Ciudad

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Los Tiempos: LA CORRUPCIÓN DE LAS PALABRAS

Por eludir la realidad, las autoridades han optado por distorsionar las palabras y los conceptos haciendo así imposible cualquier entendimiento

Agobiado por la magnitud del descalabro económico que empieza a vislumbrarse en el horizonte de nuestro país como principal resultado del fracaso de la política hidrocarburífera aplicada desde el 1 de mayo de 2006 y por sus previsibles secuelas políticas y sociales, el Gobierno de Evo Morales ha convocado a un debate para que todos los sectores de la sociedad contribuyan con sus ideas a la búsqueda de un camino para salir del entuerto.

Eso implica -a no ser que también en este caso los primeros mandatarios estén haciendo mal uso de los vocablos- adoptar una actitud abierta al diálogo y al intercambio de palabras, de razones y de opiniones. "Debate", por definición, es una confrontación de ideas contrapuestas sobre un mismo tema y eso es sólo posible si quienes intervienen en la discusión están dispuestos a oírse mutuamente, a respetarse, a atender los argumentos ajenos y, eventualmente, a aceptarlos como mejores que los propios.

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Tan o más importante que lo anterior es que quienes participen en el debate estén dispuestos a hacer buen uso del principal instrumento del intercambio de ideas: la palabra. Respetar las palabras y el significado que cada una de ellas tiene es condición imprescindible pues si se las corrompe y se las desvirtúa o se las despoja de su significado para dotarlas arbitrariamente de cualquier otro, el entendimiento se hace imposible.

Y es ahí, en lo lejos que el Gobierno actual ha llegado en la distorsión de las palabras, los conceptos y las ideas que representan, donde se encuentra la mayor dificultad para que la urgente reflexión colectiva sobre las causas de la actual situación de la economía nacional y sus posibles soluciones dé algún fruto. Es que en su afán de eludir en los hechos el debate que proponen en sus discursos, los ideólogos, apologistas y propagandistas del actual régimen han vulgarizado los conceptos básicos de la economía, la política y la sociología hasta hacerlos inservibles.

La facilidad con la que se endilgan etiquetas como "derechistas" o "neoliberales" a quienes se rebelan contra la disminución de las subvenciones estatales y el restablecimiento de los dictados del mercado para la fijación de precios de los combustibles, con todo el efecto liberalizador que tal medida tendría sobre todos los demás precios, es un ejemplo de lo dicho.

Si se ha llegado al extremo de justificar en nombre del socialismo el restablecimiento de "la mano invisible del mercado" como principal fijador de precios, y no se ha podido hallar mejor argumento que un adjetivo como "neoliberal" para descalificar a quienes contra toda racionalidad económica propugnan la preservación de unos subsidios aritméticamente insostenibles, resulta imposible que sea de un debate racional de donde surjan las fórmulas de solución que tan angustiosamente buscan las autoridades gubernamentales.

Mientras con la corrupción de las palabras y de los conceptos se elimina la posibilidad de cualquier entendimiento, habrá que seguir intentando vanamente entender la lógica según la que los "movimientos sociales", a los que el Gobierno dice obedecer, son acusados, por ese mismo Gobierno, de obedecer, a su vez, a la "derecha neoliberal". En esas condiciones, más que un debate, lo que se puede esperar es un monólogo autista.

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El Deber: Las perspectivas

Esperanzas e  ilusiones de mejores tiempos acompañan siempre la apertura de un nuevo año.  Sin duda que 2011 alienta tales augurios en no pocos bolivianos, que de una vez por todas quieren dejar atrás la incertidumbre que hoy ensombrece  el horizonte nacional, aunque todavía no se han sacudido del ramalazo que significó el súbito y elevado incremento del precio de los combustibles en el país y que luego fue dejado sin efecto por el Gobierno nacional.

Por cierto que no inspiran mucho optimismo algunos de los  datos  que se difunden sobre aspectos cruciales de la economía nacional.  Es indudable que todavía no hay luces de alarma en el cuadro de la macroeconomía, donde son más las cifras positivas que las negativas para el Estado.  Pero las primeras se comprimen de forma progresiva bajo el peso de un creciente gasto corriente, lo cual nos puede conducir a una situación difícil a plazo mediato.

El verdadero problema está en la microeconomía.  Baja progresivamente la capacidad adquisitiva de los ingresos de la gente común, mientras se encarecen los artículos alimenticios de la canasta familiar básica.  Aporta lo suyo a lo primero la apreciación del peso boliviano frente al dólar, medida que proseguirá durante 2011.  Se estima que,  al final, el precio del dólar quedaría reducido a  Bs 5.  Si así ocurriese, serían perjudicados miles de miles de bolivianos que esencialmente dependen de las remesas que en tal moneda extranjera les envían sus familiares del extranjero.

Las perspectivas para 2011 son igualmente sombrías en el frente de la producción agropecuaria.  Datos divulgados por las correspondientes entidades empresariales del sector acreditan un ostensible descenso en los volúmenes de siembra y  cosecha, respecto a 2010.  Todo, a causa de adversos fenómenos de la naturaleza, como la sequía, por ejemplo, pero también a medidas gubernamentales que quitan incentivos a los productores. Éste y no otro es el efecto de las prohibiciones  de exportación de ciertos productos.

El panorama tampoco es halagüeño  en el frente de la producción hidrocarburífera, aunque el Gobierno del MAS afirme lo contrario. Se requiere una inversión de miles de millones de dólares en tareas de habilitación de nuevas y suficientes áreas hidrocarburíferas, a fin de evitarle al país que se quede sin gas en 15 años,  tal como pronostican muchos especialistas para el caso de que no se lo haga.

  Es de hacer notar que la inseguridad jurídica redujo al mínimo la inversión de las transnacionales que hoy operan en Bolivia como socias minoritarias de YPFB.  La de tipo externo no llega al país.  La única a aplicarse será la de YPFB, pero en cantidad sensiblemente inferior (apenas 351 millones de dólares)  a la que se requiere para  que el gas y el petróleo boliviano satisfagan plenamente la demanda interna de carburantes y la de  los países a los cuales provee gas. 

“La letra entra con sangre”, reza un refrán popular. Ojalá que en 2011 el Gobierno nacional expurgue su política económica de talantes  ‘socialistas’ y ‘antiimperialistas’ que reducen la inversión interna y bloquean la externa, pensando únicamente en la necesidad de que el país logre de forma sostenida y creciente unos incuestionables repuntes en la producción y exportación de los hidrocarburos.

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Cambio: Una mentira en ‘No mentirás’

"Se dice que mañana podrían anunciar que el dólar va a bajar a seis bolivianos. Yo lamentaría que eso suceda, porque eso va a desordenar más la vida de los bolivianos, y un mal no se corrige con otro mal. Una cosa mal se corrige reconociendo que se ha estado equivocado y dando un paso correcto", aseguró el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, la noche del 28 de diciembre pasado, y precipitó una corrida de 200 millones de dólares del sistema financiero boliviano el miércoles 29 de diciembre.

¿Pero quién le pasó ese dato al empresario cementero? ¿De qué fuentes escuchó que el dólar sería drásticamente devaluado? Las respuestas coherentes escasean, pero la cizaña aflora. "Se dice que mañana podrían anunciar que el dólar va a bajar a seis bolivianos", fue la frase que le bastó a Doria Medina para crear incertidumbre entre miles de ahorristas y atentar en contra de la estabilidad del sistema financiero.

Y aunque en la misma entrevista de PAT, Doria Medina maquilló su artera "bomba financiera" —como calificó el hecho el vicepresidente Álvaro García Linera—, al sostener que "dividiendo este incremento en varias veces (…) no se tendría este impacto tan fuerte en los precios", el impacto de su mentira en el sistema financiero, paradógicamente expresada en un programa denominado No mentiras, sembró desconfianza e incluso pánico entre miles de ahorristas que conformaron largas filas en todas las entidades financieras para retirar sus depósitos.

Sin embargo, el golpe de la mentira de Doria Medina en No mentirás no cumplió su objetivo político por las oportunas intervenciones de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, del Banco Central de Bolivia (BCB), de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) y de la Asociación de Bancos y Entidades Financieras (Asoban), quienes devolvieron tranquilidad a los ahorristas, negaron rotundamente la supuesta hiperdevaluación del dólar respecto del boliviano, aunque no evitaron la fuga de 200 millones de dólares como consecuencia de una mentira. Además, la mentira del eterno candidato a la Presidencia del Estado chocó contra la fortaleza de la economía boliviana apuntalada desde hace cuatro años con superávit fiscal, reservas internacionales del BCB de 9.730 millones de dólares y depósitos del sistema financiero —al mes de julio pasado— alcanzaban a 8.701 millones de dólares. Es esta barrera macroeconómica la que no pudo superar el falaz "se dice" que difundió irresponsablemente Doria Medina, y el supuesto ‘corralito’ bancario, rumor que alimentó desde la ciudad de Cochabamba la diputada opositora Norma Piérola.

En ese contexto, la intención opositora era muy clara: la desestabilización del gobierno del presidente Evo Morales; tenían que generar incertidumbre, caos y desesperación.

Y al terrorismo financiero desatado por el empresario cementero, se sumó el oportunismo político del jefe del MSM, Juan del Granado, de su sucesor en la Alcaldía paceña, Luis Revilla —quien planificó y alentó la marcha que derivó en actos de violencia—, de frustrados políticos alteños como Abel Mamani (expulsado del MAS y ex candidato municipal del MSM) y Fany Nina (dirigente de una de las Fejuves de la misma ciudad), amén de otros actores trotkistas que hallaron en el descontento popular —por el alza de los precios de los carburantes— el caldo de cultivo para sus fines desestabilizadores.

Pero como la mentira tiene patas cortas y la verdad al final siempre prevalece, los hechos desnudaron una tenebrosa santa alianza entre moros y cristianos, entre socialdemócratas y trotkistas, entre fascistas y oportunistas que tejieron un entramado político, cuyo objetivo no sólo era profundizar el descontento popular sino desestabilizar el proceso de cambios estructurales que recorre los caminos de la patria.

Pero mientras la derecha conspiraba, el gobierno del presidente Morales mantenía intensas reuniones con dirigentes de los sectores sociales, en las que explicaba las razones por las cuales se había visto obligado a aprobar el DS 748, de nivelación de los precios de los carburantes.

Ningún sector, ningún dirigente rechazó la necesidad de dejar de subvencionar a países vecinos con la sangría de 150 millones de dólares, durante 2010, de un total de 380 millones que fueron invertidos en la subvención que posibilita que los bolivianos accedan a los carburantes más baratos de la región.

Es que los sectores sociales comprendieron que de persistir la actual subvención, Bolivia corre el riesgo de que hasta 2015 deberá invertir 4.000 millones de dólares en la importación de líquidos, lo que constituye una megasangría de recursos que bien podrían ser invertidos en la construcción de nuevas carreteras, infraestructura productiva, amén de fomentar políticas de alcance social, además que en tareas de exploración, explotación e industrialización de hidrocarburos.

No obstante y ante el descontento de gran parte de la población boliviana y para evitar que la antipatria enarbole la bandera de defensa de los derechos populares y ponga en riesgo la construcción del nuevo Estado, el presidente Evo y su gabinete decidieron, la noche del 31 de diciembre pasado, abrogar el DS 748, en el marco de la promesa expresada el 22 de enero de 2006: "Mandar obedeciendo al pueblo".

Y este pueblo le dijo al Presidente que no era el momento oportuno para nivelar los precios de los carburantes y Evo asumió ese mandato. Por eso corresponde que las autoridades jurisdiccionales asuman que su deber es proteger los intereses de todos los bolivianos y, en este contexto, investiguen y sancionen la mentira que atentó contra la estabilidad financiera.

Lo que corresponde es que las autoridades jurisdiccionales asuman que su deber es proteger los intereses de todos los bolivianos y, en este contexto, investiguen y sancionen la mentira que atentó contra la estabilidad financiera, contra la patria.

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La Prensa: Buscar un cambio de objetivos

Ni siquiera un gobierno con la fortaleza del que encabeza Morales podría encarar medidas que golpeen impunemente a la economía de la gente…

En verdad nadie se lo esperaba. El viernes, el presidente Evo Morales anunció algo que ?por experiencias ya pasadas? nadie suponía que iba a suceder: el Decreto Supremo 748 quedaba sin efecto, no iba más. El Primer Mandatario había decidido retornar al estado de cosas de antes del 26 de diciembre, es decir, los precios de la gasolina y el diésel volvían a los niveles en los que se mantuvieron hacía unos cinco años. En la oportunidad, el Primer Mandatario prefirió no mostrarse muy locuaz, lejos de la verborrea que ya le conocemos. En verdad, podría decirse que se lo sentía un tanto simple.

Además de reiterar las razones por las cuales su Gobierno había determinado el incremento de hidrocarburos, del gasto de unos 660 mil millones de dólares que significan la importación y subvención del diésel y la gasolina, dijo que en reunión con el Vicepresidente y sus ministros habían decidido ?mandar obedeciendo al pueblo?, por lo que todas las medidas anunciadas por el vicepresidente García Linera el domingo 26 de diciembre quedaban sin efecto alguno, pues su decisión, si bien la medida era necesaria, no era de ninguna manera oportuna. Ponderó la postura de los dirigentes de movimientos sociales que apoyaron la medida, cuestionando en cambio la de aquellos que no lo hicieron.

Naturalmente, no podemos dejar de observar que aunque la medida tranquilizó a la ciudadanía, el señor Presidente prefirió no mencionar las verdaderas razones por las que decidió la abrogación de una medida que si bien se la sabe necesaria, golpeaba en forma inclemente la economía ya precaria del ciudadano común, no sólo la de los más pobres, también la de la clase media. En verdad, todo hace suponer que este retroceso, que podría influir negativamente en la credibilidad de sus numerosos electores, es una respuesta a las masivas y violentas marchas de protesta que, según pudo percibirse, iban en camino de desarrollar semejante efecto al de una bola de nieve.

De todas maneras, la respuesta del Presidente a estas marchas de protesta, que por desgracia derivaron en manifestaciones de excesiva violencia, también podría traducirse como el cambio estratégico de una posición gubernamental considerada hasta hace poco como dura frente a cualquier atisbo crítico de la oposición, a la oferta de una convivencia pacífica entre todos los bolivianos, ajena a cualquier diferencia ideológica o política en pos de un beneficio común para todos los bolivianos. Posiblemente todo ha derivado hacia la comprensión de que ni aún un gobierno con la fortaleza del conformado por Evo Morales y el MAS puede encarar una serie de medidas que golpeen impunemente a la gran mayoría del pueblo boliviano.

Es cierto que este corto proceso ?duró poco menos de una semana? transitado por el gasolinazo ha servido para desnudar las falencias del proceso iniciado en enero de 2006, sobre todo en lo relativo al campo económico, especialmente el que se refiere a la política hidrocarburífera, bien puede ser un proceso que le ayude a recapacitar al Gobierno de Evo Morales sobre la conveniencia de encarar un proceso de pacificación que le permita derivar de la búsqueda de un potenciamiento político?partidario, hacia un verdadero desarrollo económico que beneficie a todos los bolivianos.