Un salto atrás en el proceso autonómico

Al poner en manos del poder central los presupuestos de 337 municipios, se asesta un golpe mortal a las autonomías municipales

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: El misterio de las reservas

2. El Día: Al banquillo o el exilio

3. El Día: 1561: Nuestro Patrimonio Cultural de la Humanidad

4. El Día: Bolítica

5. El Día: ¡Milagro milagro!

6. El Día: Teoría y práctica

7. Los Tiempos: UN SALTO ATRÁS EN EL PROCESO AUTONÓMICO

8. El Deber: Corrupción y transparencia

9. Cambio: Difícil camino hacia la paz

10. La Prensa: Las cajas de salud

11. El Diario: Prevenciones sobre crisis de alimentos

12. El Mundo: Así sea

13. Opinión:

14. Clarín, Argentina: La prevención de las adicciones

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El Día: El misterio de las reservas

Tribuna.

Desde septiembre de 2010 el informe final de  cuantificación de las reservas de petróleo y de gas natural se encuentra en poder del gobierno y han fenecido  todos los plazos dados por el mismo gobierno para  publicitarlos. Primero se dijo que el voluminoso informe de 27 tomos tenía que ser previamente analizado por los técnicos de YPFB y se anunció su publicación para diciembre del 2010. Ahora el nuevo Ministro del ramo dice que  “(…) antes de dar a conocer el informe final de certificación de reservas de gas, se solicitará a las empresas petroleras datos para efectuar una cuantificación oficial (¿?).”

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En rigor, se debe saber que toda certificación de reservas, incluyendo la que  se mantiene en secreto, debe contar  con  los propios cálculos de la certificadora y con los cálculos, de al menos, otras  dos fuentes de referencia: la de las empresas operadoras de los campos y la de los socios de los operadores. Por ejemplo. para el campo San Alberto, la cifra de reservas tiene tres estimaciones, la de Ryder Scott que es la certificadora, la de Petrobras que es la operadora del campo y la de Andina (Subsidiaria de YPFB) y de Total que son los socios de Petrobras en el campo San Alberto. Las cifras de las tres fuentes mencionadas se encuentran claramente expuestas tanto en los informes preliminares como en el informe final de la certificadora.

El Ministro debe pensar que su pesquisa abultará las cifras de las reservas porque según la autoridad “(…) una cosa es la certificación y otra es tener la cuantía de las reservas”. Esta alta autoridad debería saber que se debe certificar la cantidad de hidrocarburos existentes en el territorio nacional a través de una empresa independiente y de reconocido prestigio para que la cantidad certificada tenga credibilidad plena.

El costo de la contratación de la certificadora ha sido de casi 4 millones de dólares, y ahora resulta que el gobierno no cree en sus informes y se dedica a recolectar su propia información para efectuar la “cuantificación oficial” entonces cabe preguntarse ¿cuál ha sido el objeto de contratar una certificadora?

Para completar el embrollo en el Informe de la Gestión 2010 del Ministerio de Hidrocarburos, se sostiene que el Plan Exploratorio 2011-2020, ha establecido que el potencial gasífero del país es de 54 TCFs y el potencial petrolero  de 1.409 millones de barriles. El potencial hidrocarburífero que se menciona es una aberrante especulación. Los pretextos y dilaciones para ocultar las cifras de las reservas así como las desatinadas y desaprensivas declaraciones de la  autoridad cabeza del sector, nos inducen a pensar en una  aguda declinación de las cifras. Se debe asumir la situación verdadera y transparentarla a la población  por más que ésta se encuentre ansiosa de escuchar buenas noticias.

Ahora bien, se sabe que las reservas probadas de gas bajaron de 26 a 8,35 TCFs, es también  necesario indicar que otro tanto sucede con las reservas de líquidos.

La certificadora  Ryder Scott ha dividido su trabajo en tres grandes rubros: Campos mayores de gas, campos menores de gas y campos mayores de petróleo. En este último rubro, se encuentra la certificación del Bloque Mamoré que incluye los campos Surubí y Paloma. En el cuadro siguiente se observa la evolución de sus reservas certificadas, en millones de barriles, tanto por De Goyler & MacNaugthon y RSC:

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El Día: Al banquillo o el exilio

¿Es o no es Verdad?

Contra la vera doctrina jurídica secularmente aceptada, salvo por países con gobiernos dictatoriales o jueces antediluvianos, la irretroactividad de la ley, será arrojada al  basurero si -como es probable- se promulga la nueva Ley de Juicio de Responsabilidades, “made in MAS”.  Tal sólo para recordar, la figura de la irretroactividad se establece cuando una disposición legal  no se puede aplicar a hechos o situaciones ocurridas anteriormente a la promulgación de una nueva, sean o no de orden público.

Esta figura jurídica encierra una noble intención humanitaria. Especialmente en el marco de la ley penal que, como su nombre indica, acostumbra a ser más punitiva que transigente. De tal manera que, si una nueva disposición penal perjudica al reo, la norma legislada posteriormente al hecho que se imputa, no  le será aplicada.  Y si una ley posterior beneficia al  reo o al acusado, entonces sí que tendrá aplicación  retroactiva. El viejo aforismo jurídico ya sentenciaba – y vaya el latinazo – “favorabilia sunt amplianda, odiosa, restringenda” Es decir, lo favorable será ampliado y lo desfavorable (odioso), restringido.

Ahora bien: parece que los grandes principios del Derecho no han calado en el sentimiento jurídico de Don Evo y que esos abogados en quienes el Presidente confiaba que deberían resolver los tropiezos legales que chocan bruscamente con las improvisaciones del mandatario -pues “para eso estudiaron”-  no aprendieron ni el “abc” cuando pasaron por las aulas universitarias, o se lo hicieron olvidar a fuerza de consignas antijurídicas. Remachando el clavo, el mismo Presidente ya declaró su desdeñoso menosprecio por la jurisprudencia de los tribunales bolivianos, acumulada a través de los siglos de “colonización”.

¿A qué viene esta monserga leguleya, preguntará el ilustrado lector? Pues a que el Gobierno ha recordado que están pendientes los juicios de responsabilidades contra los ex mandatarios, empezando por Gonzalo Sánchez de Lozada y siguiendo con Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé y Víctor Hugo Cárdenas. Y para mofa del espíritu jurídico, humanitario y democrático, a todos ellos, se les aplicará la nueva Ley de Juicio de Responsabilidades. Y, por carambola, también golpeará a quienes fueron sus estrechos colaboradores.  Así que, señoras y señores, ya saben: o se defienden valientemente por medio de los nobles recursos de la ley que estaba vigente durante sus respectivos mandatos y otras normas justas, o -claro y castellano- se van del país antes de que sea tarde.  Bolivia perdería a unas personas valiosas, hasta que dure la ilegalidad revanchista, que no es eterna. Y nunca les faltará un país democrático que les acoja amistosamente. Otra posibilidad sería que sus casos arriba mencionados se dejarán caer en el tolerante y retardatario olvido político – judicial, tal como está ocurriendo con  los procesos Terrorismo I y Terrorismo II. El bien informado lector sabe a qué me refiero.

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El Día: 1561: Nuestro Patrimonio Cultural de la Humanidad

Pensando en Voz Alta

Después de la guerra del Chaco don Plácido Molina Barbery, entonces un joven excombatiente se enamoró de las antiguas Misiones Jesuíticas de Chiquitos. Su fina sensibilidad, que había sido moldeada durante los años de su permanencia en Roma, le hizo ver que la maravilla arquitectónica que albergaban estos pueblos estaba en grave peligro de desaparecer. Durante años se dedicó a fotografiar estas iglesias y su entorno y a tocar las puertas de las autoridades regionales para que se hiciera algo al respecto. Y no se hizo nada. En los años 60 fue nombrado obispo del Vicariato de Ñuflo de Chávez Mons. Antonio Böesl que, después de conseguir dinero en Europa y contratar al Arq. suizo Hans Roth, inició el proceso de restauración de estos templos, lo que fue descubriendo a propios y extraños esa maravilla arquitectónica. A fines de los años 80 los cruceños empezamos a tomar conciencia de la riqueza de nuestro patrimonio cultural. Por una feliz iniciativa de don Plácido Molina Barbery, el autor de esta columna y el Arq. Virgilio Suárez, nos lanzamos a la aventura de preparar por nuestra cuenta y riesgo el dossier para solicitar a la Unesco la declaratoria de las Misiones de Chiquitos como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo hicimos a la manera cruceña: de abajo para arriba, sin esperar que la iniciativa fuera del gobierno de turno. Fue un trabajo apasionante y apasionado. No sólo se pidió la declaratoria para los templos, sino para todos y cada uno de los pueblos, con el argumento irrebatible de que son pueblos vivos. La declaratoria llegó en 1990.

En 1991, el Parque Noel Kempff Mercado fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Unos años más tarde se iniciaron los trámites para la declaratoria  de la ruinas arqueológicas de Samaipata (llamadas vulgarmente El Fuerte); lo que se consiguió en 1998.

En un lapso de ocho años los cruceños nos encontramos con un patrimonio cultural, reconocido a nivel mundial, que aumentó considerablemente nuestra autoestima. Mientras que el Parque Noel Kempff nos hace apreciar más nuestra geografía que es tan diversa y rica; las ruinas de Samaipata (se trata del monumento rupestre más grande de Sudamérica) nos hacen sentir orgullosos de nuestro pasado prehispánico, pues se trata de un asentamiento en el que encontramos rastros de algunos de nuestros ancestros indígenas, especialmente chané y; finalmente, las misiones de Chiquitos  nos muestran la importancia y creatividad de nuestra cultura mestiza.

En el proceso de restauración de los templos chiquitanos  se descubrió que algunas comunidades indígenas custodiaban celosamente una enorme cantidad de partituras musicales. Con ellas se formó el Archivo Musical de Chiquitos con sede en Concepción (uno de los más importantes del mundo en lo que a música barroca se refiere), que atesora una fabulosa cantidad de música barroca, una buena parte compuesta por indígenas chiquitanos. Con el propósito de conservar y difundir este riquísimo patrimonio musical, un grupo de cruceños tuvimos la iniciativa de crear el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca, Americana. Este festival, que se inició en 1996 y se realiza cada dos años, no sólo ha cumplido el objetivo de difundir esta música a nivel internacional, sino que puso a la cultura cruceña, con nombre propio, en la geografía universal de los más importantes eventos culturales; por otra parte, empezó a beneficiar a estos pueblos con una cada vez mayor afluencia turística y se empezaron a multiplicar las orquestas juveniles en todo el departamento.

El descubrimiento de este rico patrimonio, que es reconocido a nivel mundial por la Unesco, ha incentivado enormemente la actividad cultural y ha convertido a Santa Cruz de la Sierra en la capital de los festivales culturales.
 

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El Día: Bolítica

Que se pronuncie la ministra de Desarrollo Productivo, queremos saber qué es lo que se ha hecho con la plata de los bolivianos que ha sido invertida en Emapa, queremos saber cuál es el verdadero rol que tiene Emapa en este momento".

Bernard Gutiérrez
JEFE BANCADA DE SENADORES DE CONVERGENCIA NACIONAL

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Se dice que: Convergencia Nacional se suma al pedido de otros parlamentarios de que Emapa se cierre ya que no estaría cumpliendo el verdadero rol para el que fue creado, "al contrario provoca especulación y desabastecimiento".

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De no haber sido Emapa no habría azúcar, los responsables de la estatal no tienen la culpa de la escasez del producto sino los empresarios, quienes destinan la caña de azúcar para la fabricación de alcohol".

Isaac Ávalos
SENADOR DEL MAS

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El Día: ¡Milagro milagro!

Bajo el Penoco.

Los milagros ocurren y la ex ministra de Desarrollo Productivo, Antonia Rodríguez, puede atestiguarlo. Cuando estaba en el gabinete, doña Toña se la pasaba rezando para que aparezca el azúcar y los precios bajen. Así como sucedió con la multiplicación de los panes, el azúcar brotó por quintales, en grandes cantidades y justo en la casa de la piadosa ex funcionaria, tal como lo evidenció un canal de televisión que se sorprendió por el gran tumulto que se había formado alrededor del domicilio de la milagrera. Resulta que después de quedarse sin la pega de ministra, doña Antonia, capitalista hasta las enaguas, no tuvo mejor idea que dedicarse a vender los quintalitos que vaya a saber cómo los habrá conseguido. El otro milagro lo ha conseguido Emapa, que según denuncian, tiene almacenadas cientos de toneladas de azúcar y con ello está contribuyendo denodadamente a la escasez. La “genial” estrategia ha conseguido poner en reversa al contrabando. El azúcar peruana está entrando a Bolivia porque acá está más cara y cómo será de pingüe el negocio que hasta una ex ministra se ha metido al mambo.

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El Día: Teoría y práctica

Editorial

Cuando el vicepresidente García Linera habla del Estado alcanza su máxima inspiración, es como si ingresara en un estado de trance teórico. Así sucedió cuando pronunció aquella elucubración llamada “Estado Integral”, teoría que al ponerla en práctica no sirvió ni para vender unas cuántas bolsas de azúcar.

García Linera volvió a hablar del Estado el pasado martes, al celebrar el Día Nacional de la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Su discurso fue litúrgico, como si estuviera pronunciando el evangelio y el Gobierno fuera una pléyade de apóstoles inmaculados, el culmen de la virtud y el desprendimiento; la personificación de la honradez, el sacrificio y la entrega. Acababa de hablar el canciller David Choquehuanca, quien prometió que en el futuro Bolivia será como los ayllus, donde en lugar de candados usan hojitas de los árboles.

Ninguno de los dos mencionó a aquella autoridad que un día antes fue pillada extorsionando a varias empresas y el ministro Choquehuanca hablaba en términos ilusorios como siempre, porque de lo contrario tendría que referirse a aquellas comunidades originarias que se entienden muy bien con narcotraficantes y contrabandistas, que asesinan policías, les tienden emboscadas a las fuerzas antidrogas y sacan tostando a los militares que persiguen a los camiones repletos de mercaderías ilegales.

Tanta inspiración del Vicepresidente fue motivada por la reciente posesión del primer Procurador de Bolivia, una nueva autoridad que viene a sumarle fuerza al Estado Plurinacional y que a juicio de algunos observadores, se constituirá en otro mecanismo más de persecución política, mientras que García Linera insiste en que se trata de alguien que buscará proteger el bien común, como supuestamente lo están haciendo todos quienes trabajan en el Gobierno.

En la teoría el vicepresidente no se equivoca ¡qué va! y seguramente nadie puede afirmar que la corrupción y el saqueo –las características del viejo Estado republicano- han aumentado en los últimos años (¿habrá bajado?). Pero de ahí a afirmar que los actuales administradores han llegado al Gobierno para empobrecerse, para trabajar 16 horas diarias sin esperar nada a cambio, para fortalecer y enriquecer a la sociedad en lugar de beneficiar sus bolsillos y a sus familias, es mucho disparar la lengua. Si andar de un lado para otro en un avión de 38 millones de dólares no es buena vida, qué pueden esperar los cocaleros del Chapare y los contrabandistas del norte de Potosí que no han conseguido más que unos cuantos Hummer “chutos”.

Pensemos que aquellos no son más que excesos, errores que podría cometer cualquier administración estatal. Sin embargo, el manejo absoluto del poder, el dominio pleno del Estado le ha permitido a una élite, a cuyo mando justamente se encuentra el Vicepresidente, poner en marcha toda una serie de aventuras ideológicas que han fracasado, que le están costando millonadas al país en pérdidas, que están destruyendo la producción y dejando a millones sin trabajo, empobreciendo a la gente y haciendo sufrir de hambre a los mismos de siempre. Es verdad que el Estado se ha fortalecido, ha aumentado la burocracia y en consecuencia ha mejorado la vida de mucha gente, pero ha convertido a ese espectro cuyo apellido es “Plurinacional” en un fin en sí mismo, en un modo de vida y de subsistencia de una clase política que está dedicada a jugar con experimentos que están llevando a Bolivia a la profundización del atraso.
 

El  dominio pleno del Estado de una élite liderada por el Vicepresidente, pone en marcha una serie de aventuras ideológicas que han fracasado y que le están costando millonadas al país.

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Los Tiempos: UN SALTO ATRÁS EN EL PROCESO AUTONÓMICO

Al poner en manos del poder central los presupuestos de 337 municipios, se asesta un golpe mortal a las autonomías municipales

Representantes de los 337 municipios en los que está dividido el territorio nacional, aglutinados en la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), han alzado su vigorosa voz de protesta porque consideran que la autonomía municipal, uno de los pilares del proceso autonómico que supuestamente está en marcha en nuestro país, está siendo cercenada y condenada a desaparecer al ser absorbida por una de las medidas más centralistas de los últimos tiempos.

Se trata de una de las disposiciones de la Ley del Presupuesto General del Estado (Ley 062) aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional en diciembre pasado, mediante la que por primera vez se incorporan en las cuentas del Estado central los presupuestos de los 337 gobiernos autónomos municipales del país.

Según los reclamos de la FAM, la cuestionada ley obligaría a cada uno de los 337 municipios a mandar sus respectivos presupuestos a la Asamblea Legislativa, lo que, además de someterlos a la voluntad de los legisladores, dificultaría con innecesarios y engorrosos trámites burocráticos la ejecución de sus respectivos planes operativos anuales.

Peor aún, los municipios quedarían imposibilitados de realizar modificaciones o reformulaciones en sus presupuestos cuando existan recursos adicionales o éstos disminuyan, pues sería necesaria la promulgación de una nueva ley por parte de la Asamblea cada vez que algún municipio se proponga modificar su propio plan de gastos. Ese hecho, como es por demás evidente, atenta al pilar principal sobre el que se sostiene la autonomía municipal, como cualquier otra autonomía, que es la posibilidad de disponer de sus recursos económicos sin depender de la venia ni del Gobierno central ni del Órgano Legislativo.

A primera vista, y considerando que la inmensa mayoría de los 337 gobiernos municipales están bajo pleno control de alcaldes y concejales del Movimiento Al Socialismo, es posible descartar cualquier motivación política como inspiradora de la disposición legislativa. Así, podría suponerse que se trata de un error cometido por un descuido o por la inveterada tendencia a complicar burocráticamente cuanto asunto cae en manos de nuestros legisladores. Sin embargo, hay motivos para sospechar que no es involuntario ni inconsciente el enorme salto atrás que se pretende dar en el camino que conduce a la consolidación de un sistema autonómico.

Tal sospecha es avalada por la permanente falta de correspondencia entre los discursos gubernamentales y sus actos cuando de autonomías se trata. Es que mientras en el plano de las palabras abunda la fraseología autonomista, en el de los hechos lo que más se ve es una tendencia a reforzar el centralismo por todos los medios disponibles.

Muy esclarecedora al respecto es una reciente declaración del canciller del Estado Plurinacional, según quien la Ley de Participación Popular aprobada en 1994, la medida más descentralizadora de la historia republicana, fue una de las principales causas de corrupción.

Si así razonan quienes mandan en el Gobierno central, no resulta sorprendente que mediante la Ley 062 pretendan cercenar las autonomías municipales para volver a poner en sus manos el poder de decidir sobre los 337 gobiernos municipales.

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El Deber: Corrupción y transparencia

Con la advertencia de meter a la cárcel a los masistas que en función de gobierno se involucren en hechos de corrupción, el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, matizó el acto conmemorativo del Día Nacional de la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción que por decreto fue instituido cada 8 de febrero. Dicho acto tuvo lugar en Palacio de Gobierno frente a una audiencia que, sin pestañear, escuchó la amenaza lanzada contra los corruptos tentados o acostumbrados a amasar fortuna a costa del inescrupuloso manejo de la cosa pública, tal como viene ocurriendo desde siempre y sin perspectiva alguna de cambio en la azarosa vida nacional.

“No hemos venido a enriquecernos, para dar pegas, dinero y casas a nuestros amigos o parientes. Hemos venido a servir y quien no quiere cumplir con eso que se vaya, que renuncie… porque si lo pescamos, lo vamos a meter a la cárcel y no lo vamos a perdonar”, sentenció García Linera. Probablemente él ya estaba informado sobre la sonada destitución del ejecutivo de la Dirección de la Autoridad de Empresas (AEMP) por presuntas extorsiones contra tres empresas. Dicho funcionario, del que se dice que con mano de hierro ejercía su tarea fiscalizadora, fue sorprendido recibiendo dinero de un particular, según una grabación enviada al Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que procesa las denuncias y que ha dejado abierta la posibilidad de realizar una auditoría a la gestión del defenestrado fiscalizador que, de su lado y a manera de descargo, afirma que su salida por la puerta trasera de la AEMP se debe a que durante su desempeño tocó ‘altos intereses económicos’.

Por cuerda separada pero con parecido sello se ha dado la pretensión de un alto jefe militar que exige $us 50.000 para dejar sin efecto una acción legal contra este medio de comunicación, tras considerarse ofendido en su dignidad por una caricatura publicada hace un par de años.

Y no es solamente la lacra de la corrupción la que merece condenarse y combatirse sin tregua en el país. La falta de transparencia en muchos actos del actual Gobierno -como la que principalmente se observa en el tratamiento de la aguda y prolongada crisis económica que afecta a los bolsillos de los bolivianos- también es materia pendiente que con un manejo poco claro de la situación en cuanto a cifras, indicadores y proyecciones se refiere, ha despertado una creciente desconfianza y descontento entre la población, al mismo tiempo que el clima en el país empieza a enrarecerse en medio de movilizaciones y protestas sociales que se anuncian a partir de la fecha con unos imprevisibles efectos.

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Cambio: Dificil camino hacia la paz

La liberación del concejal Marcos Baquero, por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), abrió ayer una nueva etapa en la convulsionada política interna de ese hermano país, ya que ese gesto unilateral del grupo irregular se constituye en un elemento que, entendido en su real alcance y si de veras el gobierno de Juan Manuel Santos también apuesta por la paz, podría constituir un eje sobre el cual será posible construir un proceso político de paz y que dé certidumbre al atribulado pueblo colombiano.

A la liberación de Baquero se sumarán, entre el 11 y 18 de febrero, otros cuatro secuestrados por el grupo guerrillero, lo que en opinión de la suspendida senadora Piedad Córdoba cimentará la voluntad de las FARC de avanzar por el camino de la paz, aunque advirtió que existen "poderosos intereses" de los "enemigos de la paz" que cuentan "con muchísimo poder, pero nos corresponde insistir".

La tenencia de la tierra es el principal eje articulador de la violencia que azota desde hace medio siglo a Colombia. Según diversos informes, las tierras despojadas a los campesinos por los grupos de poder alcanzarían al menos a 4,5 millones de hectáreas, en un contexto en el que Colombia se constituye en el país latinoamericano de los grandes latifundios. Además, la estrategia oficial de legalización y la creación de un mercado de tierras está orientada a la extranjerización de su tenencia, uso y explotación.

Es decir, un modelo orientado a los agronegocios, pero que dificulta las posibilidades reales de los pequeños campesinos que producen algo más del 65% de los alimentos que consume Colombia, un país altamente dependiente de la importación para satisfacer su creciente demanda interna. Sin embargo, este panorama no cambiará mientras no se instale un verdadero y creíble proceso de paz.

Además, la principal barrera es que el gobierno colombiano impulsa una nueva geografia economica, es decir nuevos polos de desarrollo en la región andina, en la amazonia y en el litoral del Pacífico y del Atlantico, pero en el marco del cuestionado mercado de tierras.

Otro elemento que necesariamente debe ser tomado en cuenta es que las riquezas naturales están asentadas en las regiones donde opera la guerrilla, es decir, zonas económicamente estratégicas. Por eso, una salida negociada al conflicto militar interno es una necesidad para devolver posibilidades de desarrollo a millones de campesinos colombianos desplazados por una guerra que, según organismos de defensa de los derechos humanos, cobró la vida de al menos 175.000 personas, 34.000 desaparecidos y se encontraron 3.000 cuerpos en fosas comunes.

Es en ese contexto que ayer, durante el proceso de liberación de Baquero, fue decisiva la participación de la senadora Piedad Córdoba —víctima de la Procuraduría colombiana que la suspendió por 18 años por su labor a favor de la paz—, del gobierno brasileño que proporcionó los helicópteros, y de los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja que posibilitaron el éxito de la misión humanitaria.

Baquero —de 33 años de edad y quien permaneció retenido durante 19 meses— lo primero que hizo, tras descender del helicóptero, fue dirigirse a su esposa, así como a sus dos hijos, de 10 y dos años, respectivamente.

"Las primeras palabras son para mi familia y a mi esposa que la amo mucho, gracias a Dios ya estamos saliendo", dijo en sus primeras declaraciones públicas poco después de ser liberado y cuando aún se dirigía en el helicóptero hacia el aeropuerto de Villavicencio. Y en el camino que podría allanar la edificación de un proceso de paz, este viernes —de acuerdo con lo previsto— se iniciará el proceso de entrega del concejal de Garzón (Huila), José Armando Acuña, y del infante de Marina, Henry López Martínez; pero en este caso la misión humanitaria partirá desde Florencia, departamento de Caquetá. A su vez, para el domingo siguiente se espera que el operativo se inicie desde Ibagué, Tolima, para la entrega del cabo del Ejército, Salín Antonio Sanmiguel, y del mayor de Policía, Guillermo Solórzano, con lo cual culminará el presente proceso de liberación.

El 27 de septiembre del pasado año, la Procuraduría General de Colombia destituyó a Córdoba de su electo cargo y la inhabilitó por 18 años. Para el procurador General, Alejandro Ordóñez, la activa participación de la senadora liberal a favor de una salida negociada al conflicto armado no fue sino una actitud que "promocionó" y "colaboró" con el grupo insurgente, al que las autoridades colombianas, en sintonía con el gobierno de Estados Unidos y de países europeos, califican de terrorista.

Y como un acto de humanidad y desagravio a Córdoba, a quien señalaron como a la "senadora de la paz", las FARC anunciaron —el pasado 8 de diciembre— la liberación de cinco secuestrados. Desde enero de 2008 liberaron unilateralmente a 14 personas, entre políticos, policías y militares, procesos en los cuales la labor de Córdoba ha sido crucial.

En ese sentido, el hecho de que las FARC asuman unilateralmente la liberación de rehenes busca crear las condiciones para una verdadera negociación de paz, para que termine la guerra interna y se apuntale la democracia.

Y como señala James Petras, este gesto forma parte de una estrategia donde el grupo rebelde quiere que el gobierno actúe de una forma recíproca y empiece a liberar a presos políticos y guerrilleros encarcelados desde hace 10 y 15 años en condiciones deplorables.

En ese sentido, el hecho de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia asuman unilateralmente la liberación de rehenes busca crear las condiciones para una verdadera negociación de paz, para que termine la guerra interna y se apuntale la democracia.

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La Prensa: Las cajas de salud

Se debe buscar soluciones adecuadas que les permitan a las actuales cajas, tanto estatal como privadas, cumplir con su principal función?

La seguridad social está, entre otras, caracterizada por los servicios de salud que permitan velar por cientos de miles de enfermos y pacientes existentes a lo ancho y largo del país.

Lamentablemente, la Caja Nacional de Salud ha visto rebasada su capacidad física por su enorme cantidad de afiliados, atendidos por pocos médicos que se enfrentan a deficiencias de infraestructura y escasa cantidad de medicinas. Por ello presta un servicio de baja calidad.

La solución encontrada para enfrentar esos problemas ha sido la creación de las cajas privadas para que los empleados de distintos sectores, enfermos y sus dependientes no tengan que sufrir las vicisitudes que pasaban los funcionarios públicos en general en la Caja Nacional de Salud. Pero la solución se ha visto complicada por el tiempo y el crecimiento demográfico.

Hay cajas privadas que están haciendo enormes esfuerzos para mejorar la calidad de sus infraestructuras. Construyen edificios vistosos y adecuados para la atención médica y hospitalaria. Pero hay otras, algunas muy antiguas y otrora eficientes, que han desmejorado la calidad de prestación de sus servicios. Cualquier anciano, para ser atendido por un médico, debe acudir a sus instalaciones desde las cinco o seis de la mañana y hacer fila, corriendo el riesgo de no encontrar espacio para el mismo día y tener que volver al día siguiente para un nuevo intento, como sucede con la CNS.

¿Qué pasó con ese sistema eficiente que daban hasta hace algunos años? La respuesta es simple: la capacidad de atención ha sido también rebasada por la cantidad de asegurados o afiliados, a lo que se suma una infraestructura cada vez más insuficiente.

La razón no es nada complicada: buscan crecer para tener más ingresos económicos, pero mantienen el mismo personal o lo incrementan sin respetar la proporcionalidad que debe haber con el número de afiliados.

La situación se pone más grave cuando se conoce que se opta por la provisión de los medicamentos más baratos, desechando los que podrían ser más efectivos para curar una afección, pero que son más caros, lo que afecta a la calidad de los servicios.

Una idea que surgió en esferas gubernamentales, de fusionar todos los sistemas de salud, no parece la más adecuada porque los monstruos son siempre lentos, poco flexibles y demasiado complicados. Lo que se debe hacer es buscar soluciones adecuadas que les permitan a las actuales cajas, tanto estatal como privadas, cumplir con su principal función: servir al usuario con eficiencia, con calidad, respeto y agilidad.

Tal vez sería necesario crear un ente fiscalizador del Estado que vele por el buen servicio y porque se eliminen problemas que puedan afectar a la salud o la vida de los afiliados, a fin de darles la protección necesaria y el buen trato que se merecen.

La Caja Nacional de Salud deberá aumentar sus instalaciones, equiparse mejor y, en esto, el Gobierno juega un rol decisivo. Una de las principales funciones del Estado es la salud y a ella deberá volcar los esfuerzos que sean necesarios, colocando en cada nosocomio administradores de primer nivel que cuenten con los recursos imprescindibles para dar a los pacientes un servicio de calidad.