Un diputado del MAS dice que es sospechoso que no se haya detenido a la directora de migración de Beni, quien es esposa de un miembro de Columna Sur
eju.tv
Baldwin Montero Plaza / La Paz
El caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset no deja de ocupar los principales espacios en los medios informativos de Bolivia, con giros constantes que destapan sorpresas todos los días. Este viernes, a casi una semana de que el denominado “Rey del Sur” burlara a la Policía, aumentaron los datos que vinculan a este caso a personas que serían allegadas al actual ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y al extitular de esa cartera de Estado, Carlos Romero. Ante ello, la oposición advirtió que el narcotráfico penetró altas esferas gubernamentales.
Ello ocurre mientras ambos intercambian dardos con acusaciones mutuas de ineficiencia en la lucha antidrogas e incluso insinuando complicidad con este delito. Pese a ello y pese a que el tema ha causado repercusiones en Uruguay, Paraguay y Brasil, hasta la fecha el presidente Luis Arce no se ha referido oficialmente al asunto.
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En las últimas horas se conoció que un exfuncionario designado por Romero promovió que se le otorgue a Marset una visa de trabajo por un año, pese a que era buscado por narcotráfico, y que quien le hizo “el favor” fue un funcionario miembro de la actual administración y militante de la agrupación política oficialista Columna Sur que conduce el actual titular de Gobierno.
No solo eso, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Anyelo Céspedes, reveló hoy que este funcionario, Rinat León, quien ocupada hasta hace pocas horas la dirección departamental de extranjería, respondía directamente a la actual directora departamental de Migración en Beni, Andrea Miranda Sosa, quien es esposa de otro miembro de Columna Sur y que además es asambleísta departamental por el partido oficialista en Beni.
“Esta directora es esposa de un asambleísta departamental de mi propia sigla política, que también había sido gente del mismo entorno de la agrupación Columna Sur y del mismo entorno del ministro de Gobierno”, denunció el diputado, para luego preguntar cómo era posible que Miranda Sosa no haya sido detenida, tomando en cuenta que todas las decisiones migratorias regionales pasan por su visto bueno antes de ser enviadas a La Paz.
“¿Por qué hasta ahora no se ha detenido a la señora Andrea Sosa? Ella es la directora departamental. Ningún funcionario de bajo rango puede hacer trabajo sin autorización de la directora o director departamental. Este señor hizo el trabajo y la de acá tuvo que autorizar porque no va nada a La Paz sin visto bueno de ella”, insistió, mostrando fotografías de Miranda Sosa y León.
Poco antes la directora departamental había ofrecido una conferencia de prensa en la que explicó que León tenía autonomía en la toma de este tipo de decisiones (la otorgación de una visa de trabajo) y además denunció que quien “corrompió” a León para que entregue esa visa al narco Marset fue Jamil Omar A.G. , un hombre de confianza del exministro Romero, quien hasta 2019 ocupó el mismo cargo que León.
“Le digo al señor Romero que no pretenda ensuciar la gestión que estamos llevando, ya no estamos en su gestión, cuando tenía funcionarios delincuentes y que habrían estado armando hoy en día todo esto y teniendo complicidad con este narcotraficante”, dijo.
Esta es una segunda acusación que toca a Romero por el caso Marset. Con anterioridad, el ministro Del Castillo denunció que el narcotraficante uruguayo obtuvo un pasaporte boliviano en Montero, cuando Romero era ministro, mediante la sospechosa apertura de una dependencia habilitada para otorgar este documento cuando eso no ocurría ni en la capital del país.
Ayer, durante una conferencia de prensa, Del Castillo insistió: “No olvidemos que el momento en que ingreso Marset al país fue en la gestión 2018. Ese año, 2019 y 2020 estuvo en el país con documentación que se la entregaron en menos de una semana. Certificado de nacimiento, cédula de identidad, certificado de ciudadanía extrajera, una serie de documentos e incluso abrieron oficinas para otorgarle pasaporte en el municipio de Montero”.
Ante esta situación, políticos de la oposición concluyeron que el narcotráfico rebasó al Gobierno en complicidad de actores del MAS.
“El caso Marset devela la profunda penetración de las mafias del narcotráfico en Bolivia, que se posicionaron cobijadas por la impunidad que permitió el MAS. Este gobierno no tiene capacidad ni voluntad para enfrentarlas, y solo una política integral, alianzas regionales, un sistema judicial idóneo y un aparato policial eficiente pueden llevar adelante una verdadera lucha contra este delito”, escribió, p0or ejemplo, el expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.
La senadora de este frente, Andrea Barrientos, opinó que ahora está más claro que nunca que el narcotráfico penetró altos cargos del gobierno. “Es más que claro que el narcotráfico ha penetrado altas esferas gubernamentales, lo que permite que no sólo él, sino otros narcotraficantes, operen en territorio nacional”, dijo