Carvajal anuncia la apertura de oficinas provisionales y el grupo de Salazar habla de retomar las instalaciones que se encuentran en La Paz
eju.tv
Baldwin Montero Plaza / La Paz
La pulseta por el control de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) se reactivó esta semana. Mientras Amparo Carvajal reclama respeto a su presidencia y anuncia la apertura de oficinas provisionales para atender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, el bloque que encabeza Edgar Salazar, dirigente afín al Gobierno, anuncia la retoma de las instalaciones ubicadas en la avenida 6 de agosto de La Paz.
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Ello ocurre mientras que desde ambos grupos advierten que se estancaron los casos que atienden y tampoco llega el diálogo que debió instalarse a principios de mes, supervisado por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel.
Así lo establecía el acuerdo al que ambos bloques llegaron el pasado sábado 22 de julio, luego de más de 50 días de la toma de las instalaciones de la APDHB en La Paz protagonizada por el grupo de Salazar. El acuerdo, que se concretó con la intermediación de la Embajada de España, dispuso además que se realice un inventario de los bienes que se encontraban en ese inmueble.
Según informó este martes la vicepresidenta de la APDHB, Yolanda Herrera, el inventariado “al parecer fue sólo un protocolo para simular, porque una auditoría no se realiza en 48 horas. Solamente se ha entrado a observar cómo están las cosas. Estamos totalmente disconformes en con ello”. Pero aseguró que la mayor preocupación es dar continuidad a los casos que atendía la APDHB y que se encuentran en archivos dejados en las oficinas de La Paz, que ahora se encuentra con vigilancia policial.
Explicó que la anterior semana Carvajal se apersonó a esas instalaciones para continuar con su trabajo, pero ello le fue impedido por la Policía, por lo que ahora el objetivo es abrir oficinas provisionales para atender a la población.
“Esta es una afrenta contra las víctimas que han acudido a nuestra institución, de las cuales tenemos documentación y lamentablemente no podemos hacer un seguimiento porque los documentos están encerrados (…) Esto realmente preocupa”, afirmó.
Respecto al diálogo, Carvajal rechazó la posibilidad de reunirse con Salazar, lo que llevaría al grupo que este dirige a retomar las instalaciones de la avenida 6 de agosto, según anunció Virginia Ugarte, representante de la APDHB de El Alto.
“Si la señora Carvajal no cede y el que tendría que retomar, como él mismo manifiesta, es el presidente Salazar, él es quien va a retomar las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia”, advirtió en declaraciones a la televisdora RTP, tras recordar que esta situación está afectando a las personas cuyos derechos humanos son violados en el país y necesitan ser atendidos.
“A diario se vulneran los derechos humanos de la sociedad civil, del ciudadano de a pie. A diario hay retardación de justicia y por lo tanto son los ciudadanos los que están perjudicados y las oficinas de la APDHB deben funcionar a la brevedad posible”, dijo