Observa que, en la actual emergencia, la Ley N° 602 (de Gestión de Riesgos) quedó obsoleta para hacer frente a los desafíos climáticos
eju.tv
Baldwin Montero Plaza / La Paz
La Defensoría del Pueblo identificó debilidades en el Sistema de Gestión de Riesgos y una inadecuada respuesta de los diferentes niveles del Estado en la sofocación de los incendios forestales, lo que afecta los derechos humanos y de la Madre Tierra.
Esto se encuentra reflejado en un informe que fue elaborado por esa institución con base en datos acumulados en 13 verificativos defensoriales y 19 reuniones, mismo que fue presentado este viernes por representantes de esta institución, entre ellos Héctor Huanca, quien afirmó que “las instituciones trabajan en la medida de sus posibilidades, pero los recursos que tienen no son suficientes para aplacar el fuego”.
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El reporte preliminar identifica debilidades en el sistema de gestión de riesgos que no ha mostrado una respuesta rápida y eficiente en cuanto a la asistencia humanitaria, “demostrando una alta debilidad institucional respecto a la generación de información, que repercute en la toma de decisiones, para una atención rápida y eficiente que no ponga en riesgo a los pueblos indígenas y a la Madre Tierra”, señala un comunicado de la Defensoría.
Observa que, en la actual emergencia, la Ley N° 602 (de Gestión de Riesgos) quedó obsoleta para hacer frente a los desafíos climáticos que el país está atravesando, por lo cual “el Estado en todos sus niveles debe actualizar y articular la normativa y procedimientos de gestión de riesgos que permitan garantizar los derechos individuales, colectivos y un medio ambiente sano”.
Estableció una “alta debilidad institucional respecto a la información sobre los incendios forestales. Los sistemas de monitoreo del MMAyA y los desarrollados por las ETAs no se encuentran articulados”.
De acuerdo con los reportes que recibió la Defensoría, se pudo identificar la vulneración del derecho al medio ambiente sano, seis derechos de la Madre Tierra, además del derecho a la salud. También se evidenció la vulneración del derecho a la vida e integridad y el derecho a la vivienda, debido a que algunas familias afectadas perdieron sus unidades habitacionales.
Ante este panorama, la Defensoría planteó las siguientes acciones:
- Los viceministerios de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, en coordinación con el GAD (Gobierno Autónomo Departamental) y GAM (Gobierno Autónomo Muinicipal), deben implementar planes que permitan la recuperación de los ecosistemas afectados por incendios, así como gestionar los recursos correspondientes.
- El Ministerio de Medio Ambiente y Agua debe incorporar los instrumentos de evaluación y control de la calidad ambiental, así como el monitoreo de la amenaza en la flora y fauna silvestre.
- El Ministerio de Desarrollo Rural Debe elaborar planes de repoblamiento de ganado vacuno, porcino o aviar en el sector, porque se constituyen alimentos suplementarios de la población local. La atención también es en árboles de cítricos, cacao y otros productos forestales que dependen las personas del lugar.
- El Ministerio de Salud debe ampliar los servicios y especialidades que brinda a través de la Unidad de Atención de Emergencias y Desastres, brindando una atención integral y sostenible en el tiempo para sus pacientes.
- El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en coordinación con las ETAs, debe evaluar la aplicación de programas para la restitución de viviendas.
- El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, debe incorporar en los programas acciones para la restitución del servicio de agua en las comunidades afectadas por los incendios, fortaleciendo los programas de reforestación en las fuentes de agua.