Los abogados del dirigente cocalero dicen que el juez se lavó las manos
eju.tv
Baldwin Montero Plaza / La Paz
Este miércoles fue un día negativo para el dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas de La Paz (Adepcoca). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó sus dos solicitudes de intervención y decidió cerrar su expediente, mientras que el juez Carlos Montalván se declaró incompetente para tomar este caso y definir su situación procesal.
Apaza se encuentra detenido hace más de un año y un Tribunal de Garantías Constitucionales de la ciudad de La Paz había ordenado al juez Montalván resolver su situación tras que el 3 de diciembre feneció su detención preventiva. La audiencia se realizó ayer y la autoridad judicial evitó decidir sobre la solicitud de libertad del cocalero remitiendo el caso a un juzgado de sentencia.
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El abogado del cocalero, Jorge Valda, consideró que lo que hizo Montalvan fue “lavarse las manos”, además de cometer un delito y una “inmoralidad”, por lo que anunció que presentará una demanda por prevaricato.
“El juez, pese a advertir que César se encuentra en un estado delicado de salud ha rehuido poder considerar su situación. Donde ya se tenía determinado que César tenía que ser beneficiado con una medida menos gravosa, como una detención domiciliaria”, afirmó la abogada de Adepcoca Evelyn Cossío.
Además, el mismo día se conoció que la CIHD decidió cerrar el expediente del dirigente cocalero, quien había solicitado la aplicación de medidas cautelares ante su situación de salud apelando al artículo 25 del reglamento de este organismo.
«Tras haber analizado la información aportada por las partes al día de la fecha, la Comisión ha considerado oportuno cerrar el expediente de la presente solicitud, al no cumplirse los requisitos del artículo 25 del Reglamento. Sin perjuicio de ello, la Comisión ha decidido dar seguimiento a la situación planteada en el marco de sus funciones de monitoreo o de otros mecanismos establecidos por los instrumentos aplicables. Esta decisión en todo caso no afecta las obligaciones que el Estado sigue teniendo respecto de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo, conforme a los estándares internacionales aplicables», anunció en una nota enviada a la Ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, el 18 de diciembre.
«Al respecto, considerando lo anterior y la información aportada por ambas partes, la Comisión considera importante que el Estado continue garantizando las condiciones dignas de detención, en cumplimiento con los estándares interamericanos mínimos en la materia. Lo anterior, proveyendo de atención y/o tratamiento médico físico y mental adecuado, especializado y continuo, ya sea dentro o fuera del centro penitenciario, buscando, en la medida de lo posible, el consenso con los médicos de confianza del propuesto beneficiario y su consentimiento informado. Asimismo, la Comisión considera fundamental la permanencia de aquellas medidas adoptadas para garantizar los derechos del señor Apaza, como las visitas y el acompañamiento permanente de sus familiares», agrega la nota.