Tras el acarreo de gente para sumar mayor población en municipios y comunidades del país, diputados de oposición y oficialismo, por separado, plantearon modificar el Código de Procedimiento Penal para penalizar esa práctica con cárcel para que no se repita en el próximo Censo de Población y Vivienda 2034.
Fuente: ANF / La Paz
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Enríquez Cuéllar adelantó que propondrá un proyecto de ley de modificación al Código Penal para que el acarreo de gente, por cualquier razón, sea castigado con cárcel, ya que esa práctica es habitual en procesos electorales y ahora el censo.
“Vamos a trabajar un proyecto de ley para que de aquí al próximo censo del año 2034 se termine el acarreo de gente, para que cualquier alcalde que esté involucrado en acarreo de agente sea encarcelado, procesado y destituido de su cargo”, declaró Cuellar a la ANF.
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La propuesta surgió a raíz de que, para el Censo de Población y Vivienda 2024, los alcaldes de La Paz y El Alto, Iván Arias y Eva Copa, lamentaron que las terminales interprovinciales estén repletas de viajeros en horas antes del 23 de marzo, día del empadronamiento nacional.
Algunos viajeros denunciaron que fueron obligados a censarse en el campo bajo pena de multa de hasta Bs 1.000, “regla expresa”.
La ANF conoció de primera mano que una persona, que no quiso identificarse por temor a recibir represalias, viajó desde El Alto al municipio de Palca a hacerse censar. Si no lo hacía, tendría que pagar Bs 2.000 en los próximos dos años por terreno. Él indicó que a su cargo estaba al menos cuatro terrenos y el monto sumado de la multa sería Bs 8.000. Dijo que no le quedó más que obedecer las reglas internas impuestas por las autoridades originarias.
Otra denuncia que recibió este medio es que en Pata Patani, zona periurbana de El Alto, tras el censo del sábado pasado, los comunarios obligaron al jefe de zona a poner los stickers incluso a lotes baldíos, donde no fueron censados, de lo contrario tendrían que pagar Bs 1.000.
El otro hecho que llamó la atención es que el alcalde de Monteagudo en Santa Cruz, Adhemar Carvajal, reconoció el viernes pasado que “apoyó” al traslado de personas para su municipio. Varias personas revelaron que les pagaron los pasajes de ida y vuelta.
En ese marco, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea también planteó la penalización de esa práctica porque no puede ser que un alcalde confiese como si nada que pagó para aglomerar más gente a su municipio.
“El acarreo de gente por supuesto que tiene que ser contemplado como un delito penal (…), tiene que tener cárcel para cualquier autoridad o persona que pague para inflar POAs (Plan Operativo Anual) absolutamente artificiales que dañan a las grandes urbes”, sugirió Ormachea.
El senador del MAS Félix Ajpi explicó que el acarreo de gente tendrá sus efectos en los municipios donde no tenga mayor población, pero es responsabilidad de cada gobierno municipal. Por ello, propuso realizar una auditoría a los datos del proceso censal, no a la parte económica, para comparar la realidad de cada municipio con los datos que arrojará el censo del 2024.