La abogada y exfuncionaria de la Dirección de Pueblos Indígenas de la Gobernación de Santa Cruz, Rossemary Castro, advirtió que la situación del pueblo ayoreo responde a un “círculo vicioso” sostenido tanto por prácticas asistencialistas de algunas organizaciones no gubernamentales como por la inacción de las autoridades locales.
Fuente: ANF
Según Castro, pese a décadas de intervención de fundaciones y ONG en territorios ayoreos, no se evidencian mejoras estructurales en la calidad de vida de la población.
“Hay instituciones que han trabajado durante 30 o 40 años sin resultados sociales reales”, sostuvo en declaraciones a ANF, al cuestionar la efectividad de estos programas.
La jurista considera que el enfoque asistencialista —basado en la entrega de víveres, ropa y alimentos sin contraparte— ha generado dependencia y debilitado la corresponsabilidad comunitaria.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Se ha acostumbrado a recibir sin participar en procesos de desarrollo”, explicó.
Incluso, alertó sobre una “distorsión de incentivos” que desvirtúa la formación: jóvenes ayoreos han llegado a preguntar cuánto se les pagará por asistir a talleres técnicos, debido a prácticas de otras organizaciones que ofrecen incentivos económicos por participación.
Castro fue más allá al señalar que, en algunos casos, la persistencia de la pobreza se convierte en un “negocio” para ciertas instituciones, que continúan canalizando financiamiento internacional sin lograr cambios sustanciales en la realidad de la comunidad.
No obstante, la abogada enfatizó que el principal factor que perpetúa la crisis es el abandono estatal. Aseguró que tanto la Gobernación como la Alcaldía de Santa Cruz carecen de políticas públicas efectivas para revertir la situación, pese a la existencia de informes oficiales —como el de la Defensoría del Pueblo de 2020— que catalogan al pueblo ayoreo como altamente vulnerable.
“Todo queda en documentos, no hay acciones concretas”, lamentó.
Asimismo, denunció la falta de respuesta a propuestas de prevención y sensibilización que ella misma presentó ante instancias como la Defensoría de la Niñez, orientadas a abordar problemáticas como la responsabilidad parental y los riesgos en contextos urbanos.
“No levantan ni una mano para implementarlas”, afirmó.
En el ámbito legislativo, Castro indicó que iniciativas para crear una normativa específica de protección para el pueblo ayoreo no han prosperado por falta de voluntad política en el Concejo Municipal. Esta inacción, advirtió, ha derivado en la normalización de prácticas como la mendicidad y la violencia sexual comercial como mecanismos de subsistencia.
Las consecuencias de este abandono, según la exfuncionaria, son alarmantes. En educación, denunció que los niños apenas aprenden a escribir su nombre en algunas comunidades, mientras que la ausencia de docentes es frecuente y no recibe sanción. En salud, señaló que hasta el 90% de la población padece enfermedades como la diabetes y enfrenta barreras de acceso: fuera de un centro específico, los hospitales suelen negar atención o confundir cuadros graves con estados de ebriedad, evidenciando prejuicios estructurales.
/FC/