El conflicto se remonta a 2010, cuando el gobierno de Evo Morales decidió nacionalizar la administración de los fondos de pensiones, hasta entonces gestionados por empresas privadas como Previsión BBVA AFP.
eju.tv / Video: Radio Fides
El diputado José Luis Porcel afirmó este martes que Bolivia no está en condiciones de asumir el pago de 105 millones de dólares al BBVA y sostuvo que corresponde iniciar un proceso contra el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) por presunta negligencia en la administración del sistema de pensiones.
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«De ninguna manera. Y aunque el país estuviera en capacidad de pagar, no debería hacerlo. Esta es una indemnización que pide BBVA, la anterior AFP, pero no por la nacionalización. La nacionalización se realizó el año 2010 y el proceso de demanda se inicia en 2018», consideró el legislador.
La declaración surge luego que en psadas horas se informó que el país debe pagar una indemnización al banco español BBVA tras perder de forma definitiva un arbitraje internacional vinculado a la nacionalización del sistema de pensiones. El fallo quedó firme después de que el Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazara el último recurso presentado por el Estado boliviano.
«No es por la nacionalización, sino por la demora en la transferencia de la AFP a la Gestora. Esa demora significó que, desde la nacionalización en 2010, recién en 2013 la Gestora asumiera la responsabilidad de las AFP. Aquí hay un problema de negligencia total. ¿Para qué se realizó la nacionalización si pasaron tres años para asumir el control?», sostuvo Porcel.
El conflicto se remonta a 2010, cuando el gobierno de Evo Morales decidió nacionalizar la administración de los fondos de pensiones, hasta entonces gestionados por empresas privadas como Previsión BBVA AFP. La medida dio paso a la creación de una gestora pública; sin embargo, la transición fue cuestionada por la entidad financiera.
BBVA argumentó que el proceso fue irregular, con retrasos y decisiones que afectaron sus operaciones. En 2018, el banco llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), alegando trato arbitrario, inseguridad jurídica y perjuicios económicos.
En 2022, el Ciadi falló a favor del banco y ordenó al Estado boliviano pagar la compensación. Posteriormente, Bolivia intentó anular el laudo en tribunales internacionales, primero en La Haya y luego ante la máxima instancia judicial de los Países Bajos, pero todos los recursos fueron rechazados.
Para Porcel, este resultado representa un «daño económico tremendamente grande» para Bolivia. En ese sentido, insistió en que se deben establecer responsabilidades. En ese sentido, enfatizó que la carga económica no debería recaer sobre el Estado, sino investigarse y sancionarse a los responsables de las decisiones que derivaron en la millonaria indemnización.
