El gobierno chileno busca restablecer relaciones con Venezuela como un paso necesario para concretar las expulsiones de inmigrantes venezolanos en situación irregular, una promesa de campaña del presidente ultraderechista José Antonio Kast. Una decisión que mezcla «realismo» y «pragmatismo», según Gilberto Aranda, profesor de la Universidad de Chile.
Kast había prometido durante la campaña mano dura contra los migrantes irregulares, la mayoría de ellos venezolanos. Tras asumir el poder, los invitó a abandonar el país. Un mes después, su gobierno tiende la mano a Caracas para que ambas capitales se hagan cargo conjuntamente de la situación.
Las relaciones consulares y diplomáticas entre ambos países fueron rotas por Venezuela en 2024, luego de que la administración del presidente de izquierda Gabriel Boric denunciara fraude en las últimas elecciones en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor.
¿Por qué este intento por restablecer relaciones con Caracas?
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«Se trata de una dosis de realismo, habida cuenta de que en campaña se aludió reiteradamente a la necesidad de un corte definitivo con Venezuela. Sin embargo, la única forma de ejercer cierto control sobre las personas que ingresan al país es mediante una colaboración, al menos consular, con Venezuela», analiza Gilberto Aranda, doctor en Estudios Latinoamericanos y profesor de la Universidad de Chile.
Se estima que más de 300.000 migrantes se encuentran en situación irregular en Chile; unos 75.000 tienen órdenes de deportación pendientes, la mitad de ellas correspondientes a ciudadanos venezolanos. Sin embargo, la falta de relaciones bilaterales es uno de los factores que dificulta el retorno prometido por Kast. El gobierno chileno no puede, como sí hizo con Colombia la semana pasada, embarcar personas en un avión si no existe un país que las reciba.
«Este proceso está sujeto a la legislación vigente en Chile. La migración irregular es una falta, no un delito. Existe un proyecto de ley que propone transformarla en delito y, de concretarse, podría implicar una gestión diferente, por ejemplo, más expedita. Por ahora, es necesario saber quiénes son y dónde están», añade Aranda.
Y si Venezuela se niega a colaborar, ¿qué alternativas tendría Chile?
Para el especialista, es necesario considerar «lo ocurrido el año pasado entre Chile y Venezuela, con todos los elementos arrastrados desde 2024”. Advierte que existe un riesgo «al escalar el reclamo en todos los niveles», ya que se podrían «romper los puentes con Venezuela».
«El gobierno de ese país podría simplemente negarse. Probablemente, una intermediación de Estados Unidos podría allanar el camino hacia gestos que permitan restablecer relaciones consulares. Estados Unidos, como sabemos, tiene una enorme capacidad de influencia en la actual administración venezolana», concluye Aranda, quien subraya que el pragmatismo del gobierno chileno confirma que una cosa es la campaña y otra la realidad jurídica de gobernar.