El presidente del vecino país puso en marcha el plan Escudo Fronterizo para enfrentar al crimen. La mayoría de los compatriotas deportados tienen nexo con autos robados.
Fuente: eldeber.com.bo
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En total fueron 17 ciudadanos bolivianos que fueron expulsados ayer desde Chile en el primer vuelo del plan migratorio Escudo Fronterizo, una política impulsada por el gobierno de José Antonio Kast para endurecer controles de migración irregular y acelerar expulsiones de extranjeros con antecedentes o situación irregular.
El operativo se llevó adelante con la salida de una aeronave desde Santiago que transportó a 40 migrantes con órdenes de expulsión vigentes. Del total, 12 bolivianos fueron embarcados en la capital chilena y otros cinco en Iquique, tras una escala en esa ciudad del norte. Según el reporte oficial, la mayoría de los bolivianos expulsados no estaba vinculado con faltas migratorias, sino a delitos como recepción de vehículos robados y narcotráfico; solo dos casos correspondían a infracciones por situación irregular.
El vuelo llegó a Santa Cruz, donde se realizó la entrega de los connacionales a autoridades bolivianas, antes de continuar su itinerario hacia Ecuador y Colombia, en un operativo que incluyó estrictas medidas de seguridad, con escoltas policiales asignados a cada pasajero.
La expulsión forma parte de una estrategia más amplia del gobierno chileno para reforzar la seguridad en sus fronteras. El plan incluye la construcción de zanjas y barreras físicas, el uso de tecnología de vigilancia y el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas
El presidente Kast justificó estas medidas al señalar que su administración heredó un escenario con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos vinculados —según afirmó— a redes de crimen organizado.
La inclusión de 17 bolivianos en este primer operativo refleja el alcance regional de la política migratoria chilena y vuelve a poner el foco en la situación de connacionales en ese país, donde miles residen por razones laborales, principalmente en sectores como agricultura, construcción y comercio. Aunque las autoridades no difundieron detalles individuales de los expulsados, el caso fue comunicado por vía diplomática al Estado boliviano, que realiza el seguimiento.
En paralelo, Bolivia y Chile mantienen canales de diálogo abiertos sobre temas migratorios y fronterizos. El 10 de abril, la Cancillería boliviana informó que recibió documentación oficial sobre la construcción de zanjas en la frontera común.