Aunque también señaló que la propuesta de norma contempla una disposición transitoria para someter el tema a consulta popular. «Se va a determinar un referéndum para que sea el pueblo boliviano el que decida si aprueba o no esta ley».
eju.tv / Video: Radio Fides
Tras el anuncio de bloqueos de algunos sectores laborales y sociales, el diputado del PDC, Manolo Rojas, afirmó este lunes que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, tratará el jueves 30 de abril el proyecto de Ley del Derecho a la Libre Transitabilidad, y que luego la propuesta de norma será remitida al pleno de la Cámara de Diputados.
«El día jueves de esta semana se tratará el proyecto en comisión y, posteriormente, será remitido al pleno. Según la agenda prevista, también será abordado en esa instancia. Ya les anticipo que muchos asambleístas, de los 10 que conformamos la comisión, más de dos tercios, están a favor de esta ley para garantizar la libre transitabilidad en el país», anunció el legislador.
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Rojas indicó que el proyecto fue modificado tras su socialización con distintos sectores. Entre los cambios, destacó la incorporación de la figura de responsabilidad civil, que permitiría sancionar a organizaciones sociales en caso de comprobarse daños económicos al Estado o a particulares durante medidas de presión como bloqueos. Incluso, advirtió que estos sectores laborales y sociales pueden enfrentar el congelamiento de sus cuentas si se verifican perjuicios.
Aunque también señaló que la propuesta de norma contempla una disposición transitoria para someter el tema a consulta popular. «Se va a determinar un referéndum para que sea el pueblo boliviano el que decida si aprueba o no esta ley».
El tratamiento del proyecto se da en medio de una creciente conflictividad social. Desde este lunes, la ciudad de La Paz registró movilizaciones de sectores como los choferes cisterneros, maestros, y otros, que exigen respuestas a demandas económicas y laborales. En paralelo, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un cabildo nacional para el viernes 1 de mayo, en el que se prevé definir nuevas medidas de presión.
A este escenario se suma el conflicto por la escasez de diésel, que ha derivado en bloqueos impulsados por el transporte pesado en El Alto, con interrupciones en vías estratégicas y reclamos por la normalización del suministro.
El proyecto de ley, antes denominado «Ley Antibloqueo», es rechazado por la COB y sectores afines, que consideran que vulnera el derecho a la protesta social. No obstante, Rojas afirmó que continuará el proceso de socialización con distintos actores y expresó su expectativa de lograr consensos en torno a la iniciativa.
