Entre los principales indicios, la Fiscalía menciona la constitución de la empresa Agrongroup SRL en abril de 2021 junto a su hermana, con un aporte de capital de Bs 105.000 cada uno, sumando Bs 210.000. Según el Seprec, este monto no concuerda con los ingresos declarados por el imputado.
El Ministerio Público formalizó en las pasadas horas la imputación contra el hijo del expresidente Luis Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas y solicita su detención preventiva por el lapso de seis meses en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz. El caso tiene que ver con la adquisición del predio denominado «Adán y Eva», ubicado en el departamento de Santa Cruz, quien junto a su hermana, adquirió la propiedad en noviembre de 2021 por un monto de 3,3 millones de dólares.
La fiscal de materia Ingrid Rocío Feraudi Guerra presentó la resolución de imputación formal ante el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Anticorrupción, dentro de los plazos procesales, requiriendo además la instalación de una audiencia de medidas cautelares de carácter personal.
De acuerdo con el documento fiscal, existen suficientes elementos de convicción sobre la probabilidad de autoría en el delito tipificado en el Código Penal. La imputación se sustenta en una serie de observaciones sobre movimientos económicos que no guardan relación con el perfil financiero del investigado.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Entre los principales indicios, la Fiscalía menciona la constitución de la empresa Agrongroup SRL en abril de 2021 junto a su hermana, con un aporte de capital de Bs 105.000 cada uno, sumando Bs 210.000. Según el reporte del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), este monto no concuerda con los ingresos declarados por el imputado en ese periodo.
Asimismo, se detalla que Arce Mosqueira solicitó financiamiento a un banco para el proyecto agrícola denominado «Adán y Eva», que contemplaba una inversión total de 4,8 millones de dólares. Sin embargo, el informe de admisión crediticia establece que el 10% de aporte propio exigido, equivalente a más de 480.000 dólares, no fue identificado en sus movimientos financieros ni en su patrimonio declarado ante la Contraloría General del Estado.
El documento también señala que, según la declaración jurada, el patrimonio del imputado alcanzaba aproximadamente 135.096 dólares, mientras que el de su hermana era considerablemente menor, lo que representaría apenas el 2,76% del total requerido para el proyecto, evidenciando una presunta inconsistencia económica.
En cuanto a las medidas cautelares, el Ministerio Público sostiene que existen riesgos procesales de fuga y obstaculización. Entre los argumentos expuestos se menciona la falta de precisión sobre el domicilio del imputado y la posibilidad de interferir en la investigación. En ese marco, solicitan la detención preventiva por seis meses, periodo en el que se prevé la realización de actos investigativos pendientes, como pericias patrimoniales, requerimientos a entidades financieras y toma de declaraciones testificales. No obstante, actualmente se desconoce el paradero del hijo del exmandatario.