La distancia, la pobreza y la ausencia del Estado dificultan que se haga justicia cuando una niña o niño de los pueblos Guaraní y Weenhayek sufre una agresión sexual. En muchos casos la denuncia ni siquiera llega a la justicia ordinaria
Fuente: El País.bo
“Yo no conozco la justicia, ni la ordinaria ni la de mi pueblo”, es la primera reflexión de Anahí Araceli Acosta López, una artesana líder del pueblo Weenhayek en Villa Montes, municipio de la Región Autónoma del Chaco, cuando habla sobre la violencia sexual contra las niñas y niños de pueblos indígenas y la respuesta de la justicia boliviana para las víctimas.
El diagnóstico lo comparten las mujeres autoridades y líderes de distintas comunidades, y lo relacionan a una serie de dificultades para encarar los procesos penales y conseguir una sentencia, como la distancia para llegar a las ciudades a sentar una denuncia, la pobreza estructural, la ausencia del Estado en zonas alejadas y la falta de conocimiento sobre las competencias de la justicia indígena y la ordinaria.
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Los datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD) dan cuenta que en el 2025 se registraron cerca de siete mil denuncias de agresiones sexuales a menores de edad. Pero no hay un dato específico sobre cuántas víctimas son indígenas, y a qué nación pertenecen. Invisibilizando aún más su condición.
Lejanía y pobreza
Representantes de las naciones indígenas Guaraní y Weenhayek advierten que la vulnerabilidad de las víctimas aumenta en sus comunidades.
La mburuvicha Teodora González de Huacaya, Chuquisaca, sintetiza los obstáculos que ella enfrenta como líder indígena para atender un caso de agresión sexual. Más cuando debe recorrer kilómetros para escuchar a la víctima.
“Movilizarnos es una de las principales dificultades que tenemos como territorio indígena. En Huacaya hay unas 10 a 12 comunidades. ¿Cómo nos movemos? A veces hasta dentro del maletero de los trufistas porque no hay campo, caminamos, sufrimos hambre y sed para poder llegar a las familias que están sufriendo”.
Luego de escuchar la víctima, empieza la peregrinación del proceso penal. Que muchas veces queda inconcluso, igual que las terapias para superar los traumas de una vejación.
“A veces las víctimas dicen: hasta aquí llego. Eso está mal porque se debe seguir, pero requiere mucho dinero y hay un desgaste emocional. También pasa que no contamos con un psicólogo en Huacaya, yo tengo que ir con la víctima hasta Macharetí y eso requiere un expreso de 900 a 1.000 bolivianos para llevarla. Ese apoyo no es de una sola terapia. Se requiere plata”.
Desde el Centro Educativo Alternativo Weenhayek de Villa Montes el docente Pablo Rivero relata un caso, de muchos, en los que la distancia derivó en impunidad, incluso a pesar de una confesión.
“Fuimos a ver a una niña que no quería hablar ni con sus padres ¡Dios santo! Cuando me vio me dijo lo que sucedió, pero ella está a 150 kilómetros de la capital del Chaco (Yacuiba). A media noche el autor confesó que sí cometió el hecho y el policía que atiende dijo que el papá y la mamá tienen que desplazarse a Yacuiba a sentar la denuncia. Pero ¿cómo nos desplazamos? Esas limitaciones permitieron que quedara impune”.
Justicia indígena versus justicia ordinaria
La Constitución Política del Estado en su artículo 190 reconoce la justicia indígena originario campesina como parte de un sistema plural de justicia. También existe la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que reconoce el pluralismo jurídico con igualdad jerárquica, pero delimita competencias.
La vicepresidenta del Consejo de Género y Derechos Humanos del Órgano Judicial, Gabriela Paola Araoz López, recalca que el reconocimiento de la justicia indígena “es una conquista histórica”, pero reconoce una falencia: los delitos sexuales, particularmente aquellos contra la niñez, están fuera de su ámbito.
La realidad en estos casos no se especifica en el papel. Dentro de las naciones indígenas muchos casos quedan en la impunidad debido a que las autoridades de justicia indígena confunden sus atribuciones y en ocasiones operan a favor de la impunidad.
El secretario de Justicia de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), mburuvicha Hugo Molina, reconoce esa situación.
“En mi comunidad hubo una violación y me llamaron queriendo que sea cómplice. Dije que no, porque es competencia de la justicia ordinaria. Claro, podemos cooperar. Pero muchas veces quieren tapar esos hechos con justicia indígena (…) Los que administran justicia son autoridades comunales y a veces pasa que son ellos quienes están involucrados”.
La CIDOB tiene una comisión, pero son cuatro personas para atender a 36 naciones indígenas. Molina reconoce que, muchas veces, ocurren hechos de los que ni se enteran.
Anahí, que también sufrió violencia doméstica en el pasado, lamenta que en su pueblo las niñas y mujeres jóvenes aún hoy sean objeto de abuso, incluso con el consentimiento de familias y autoridades.
Anahí Acosta: “En mi sector hay niñas de 11 años juntadas con hombres de 20, 30, 40 años. Lo único que hacen es decir que van a hacer justicia en la comunidad”
“Siendo sincera, yo no conozco la justicia, ni la ordinaria ni la de mi pueblo. Hay violaciones que se tapan, hay profesores que se involucran con estudiantes y llegan a tener hijos. En mi sector hay niñas de 11 años juntadas con hombres de 20, 30, 40 años. Lo único que hacen es decir que van a hacer justicia en la comunidad. Cuando una niña es abusada, hablan con los padres y desaparece el caso. Hay niñas que son ofrecidas por sus propios padres desde los 13 años”.
Anahí es madre y trabaja para sacar adelante a sus hijas, pero no puede evitar ese nudo en la garganta y las lágrimas, cuando imagina que algo les puede pasar.
“Si a mis hijas le pasara algo no sabría a dónde acudir y en mi pensamiento está que mato a quien les haga daño. Veo a niñas sufriendo sin saber a dónde ir, por someterse a costumbres que deberían cambiar”.
Rivero ve también una deficiencia en la capacitación que debería dar el Estado para que las autoridades indígenas conozcan sus atribuciones. En parte, considera que esa falta de atención a lo que pasa en las naciones indígenas es porque el Órgano Judicial desconoce su realidad.
“En lo personal nunca fui a Sucre a ver cómo trabajan mis altas autoridades de justicia y tal vez ellos nunca han pisado mi tierra y palpado cómo se vive (…) Nos demos a la tarea de capacitar a nuestras autoridades indígenas porque a veces confunden competencias, emiten juicios empíricamente o, en lugar que haya cooperación, están siendo como oficiales de diligencia de la jurisdicción ordinaria”.
Cifras incompletas
Los datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD) con la sistematización de denuncias atendidas por la Policía en 2024 muestran 7.064 denuncias agresiones sexuales a menores de edad. Estos incluyen violación, abuso, estupro, corrupción, acoso y proxenetismo. El 2025, hasta septiembre daba 6.818, un 85% tenía como víctimas a niñas y adolescentes mujeres.
Acerca de las estadísticas, los líderes coinciden en calificarlas como “incompletas”, por los casos de víctimas indígenas que nunca llegaron a la justicia ordinaria.
Respuesta del Estado
En el panel “Voces Indígenas: Realidades y desafíos de la justicia en el territorio”, la decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Rosmery Ruíz apuntó que la Sentencia Constitucional 026/2025 sentó precedencia, al impedir que la justicia indígena asuma competencia en un caso en el que un hombre violó reiteradamente a su nieta de siete años. Recalcó que “usos y costumbres no son ni serán excusa para violentar o justificar uniones forzadas”.
La magistrada reconoció las deficiencias y atribuyó parte del problema a una falta de recursos. Por ello esa instancia solicitó al Ejecutivo un incremento de su presupuesto, de 1% para justicia indígena y 5% para la justicia ordinaria.
Candelaria Peñarrieta, juez de sentencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Tarija, además hizo tres propuestas que podrían generar un cambio. Primero, el uso de tecnología para la toma de declaraciones hasta a 150 kilómetros de distancia, que las autoridades indígenas sirvan como peritos antropológicas porque “de nada sirve que un caso llegue a la justicia ordinaria si un juez piensa desde lo urbano y no sabe lo que ocurre en las comunidades” y la cooperación entre jurisdicciones para que la vía ordinaria apoye con sus psicólogos y equipo técnico a la justicia indígena.
Hay predisposición en los y las líderes indígenas para llevar justicia a sus comunidades y así garantizar protección a la niñez de sus pueblos y combatir la impunidad que hoy viven.
Fuente: El País.bo