El pronunciamiento surge tras operativos policiales. De acuerdo con el periódico La Patria, el pasado 12 de abril se aprehendió a 11 personas, entre ellas un menor de edad, en el sector Patiño de la Empresa Minera Huanuni.
eju.tv / Video: Radio Fides
El Comité Cívico de Huanuni, en Oruro, determinó este miércoles declararse en estado de alerta ante el incremento del robo de minerales, conocido como «juqueo», que desde hace semanas atrás genera preocupación en la población y en sectores que tienen que ver con la actividad minera y que afecta a la principal empresa estatal, mina Huanuni, que genera ingresos para el municipio.
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El presidente del Comité Cívico, Gerson Mollinedo, expresó la inquietud de su sector por el crecimiento de este delito y demandó al Gobierno central la aprobación de una ley corta que permita endurecer las sanciones. Según indicó, se espera que esta normativa establezca penas más severas, de entre cuatro y seis años de cárcel, para quienes incurran en el hurto de mineral.
«Huanuni ya está militarizado. Sin embargo, el problema persiste porque, como se ha evidenciado, los grupos que incurren en el juqueo no llegan en pequeños números, sino en contingentes de entre 100, 200, 500 e incluso hasta 1.000 personas. Ante esta situación, desde la empresa se manifestó que no se permitirá ningún tipo de avasallamiento», enfatizó el representante de los cívicos orureños.
Develó que los que incurren en el delito, en muchos casos, cuentan con mayor nivel de organización e incluso armamento que las fuerzas policiales. «Este tipo de hechos tiene que ver con el alza de precios de los minerales y el resultado es la conformación de organizaciones criminales», dijo.
El pronunciamiento surge tras recientes operativos policiales. De acuerdo con reportes del periódico La Patria, el pasado 12 de abril se aprehendió a 11 personas, entre ellas un menor de edad, en el sector Patiño de la Empresa Minera Huanuni. Durante la intervención, se hallaron aproximadamente 320 kilos de mineral en poder de los denominados «jucus».
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que el menor fue remitido a un centro dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges).
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