La necesidad de reformar la normativa minera en Bolivia generó coincidencias entre analistas y actores del sector, aunque las propuestas divergen en aspectos clave como el régimen de regalías, el acceso a áreas de explotación y el rol que debe asumir el Estado. Mientras unos plantearon recuperar la soberanía sobre los recursos, otros priorizaron la flexibilización de reglas para dinamizar la producción y el empleo.
Fuente: ANF
El analista en temas mineros y expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, sostuvo en contacto con ANF que la reforma de la ley es “una tarea pendiente y urgente”, debido a que la actual normativa contiene disposiciones que contradicen la Constitución Política del Estado (CPE) y afectan los intereses nacionales.
Desde su perspectiva, uno de los principales problemas es que el Estado pierde control sobre los recursos minerales una vez que estos son extraídos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Córdova cuestionó que el esquema vigente permita a los operadores apropiarse del valor del mineral tras el pago de regalías. En su criterio, el Estado debería mantener la propiedad efectiva del recurso y definir su destino, reconociendo a los actores privados o cooperativos la inversión y una utilidad razonable. Esta visión apunta a reforzar la soberanía estatal sobre los recursos naturales.
El analista también enfatizó la necesidad de fortalecer los derechos de las comunidades, proponiendo que tengan la potestad de decidir si se desarrollan actividades mineras en sus territorios, en línea con estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
Asimismo, advirtió sobre vacíos legales que permiten la transferencia o herencia indirecta de derechos mineros, lo que —según afirmó— contradice la Constitución.
En el ámbito ambiental, Córdova planteó que la normativa debe ser más estricta respecto a la actividad minera en áreas protegidas, ya que actualmente existen interpretaciones “amplias” que han facilitado el ingreso de operadores.
También cuestionó la reducción de la regalía del oro al 2,5% en operaciones de pequeña escala, calificándola como una decisión política que ha perjudicado al país.
A diferencia de esta mirada centrada en el fortalecimiento del rol estatal, el representante de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), Néstor Choque, planteó la necesidad de equilibrar la normativa en favor del sector privado. Señaló que la Ley N° 535 ha generado una situación de desventaja frente a las cooperativas, a las que —según afirmó— se les otorgaron facilidades que no alcanzaron a los operadores privados.
Choque denunció que existen más sanciones y requisitos para el sector privado, además de trabas administrativas que dificultan su funcionamiento. En ese contexto, una de sus principales demandas es la implementación de un plan de formalización que permita regularizar las operaciones privadas en condiciones similares a las del sector cooperativo.
Otro punto crítico para Canalmin es la falta de claridad en el régimen tributario y de regalías. Choque consideró que estos aspectos no están adecuadamente normados, lo que genera incertidumbre y limita la inversión. En esa línea, planteó que una eventual cumbre minera debe definir reglas claras que permitan al sector operar con mayor previsibilidad.
Además, el representante privado cuestionó la falta de representación en instancias gubernamentales, señalando que, a diferencia del sector cooperativo, no cuentan con un espacio institucional que canalice sus demandas. Esta situación, afirmó, los deja en una posición de desventaja dentro de la toma de decisiones.
Desde el sector cooperativo, Octavio Ramos, representante de Medio Ambiente y Seguridad Industrial de la cooperativa minera 15 de Agosto y expresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), coincidió en la necesidad de discutir cambios estructurales, aunque puso el énfasis en el acceso a nuevas áreas de trabajo.
Ramos identificó como uno de los principales problemas la “inmovilización” de extensas áreas mineras bajo control estatal, particularmente de Comibol, lo que —según señaló— limita la generación de empleo en regiones con alta demanda laboral como Potosí, La Paz y Oruro.
En su criterio, muchas de estas áreas permanecen ociosas y podrían ser aprovechadas por el sector cooperativo.
La principal demanda de este sector es, precisamente, la habilitación de nuevas áreas de explotación, considerando que las actuales se encuentran prácticamente agotadas. Ramos también propuso que la discusión sobre la reforma no se limite a aspectos técnicos, sino que incorpore dimensiones sociales, económicas y laborales.
Pese a las diferencias, los tres actores coincidieron en que una eventual cumbre minera para reformar la ley podría ser el espacio para debatir estos temas de manera integral. Córdova insistió en que el proceso debe ser amplio e incluir a universidades, gobiernos subnacionales, organizaciones sociales y ambientales, además de los tres sectores mineros.
/FC/