Fernando Untoja
Cada vez que se anuncia un incremento salarial en Bolivia, el debate público se reduce a una escena repetida: de un lado, quienes celebran una conquista social; del otro, quienes denuncian irresponsabilidad económica. Ambos bandos discuten como si Bolivia fuera una economía única, homogénea y moderna. Pero ahí comienza el error.
Bolivia no funciona como una sola economía. Lo que existe en realidad es la convivencia conflictiva de al menos tres estructuras distintas: un sector capitalista moderno y formalizado; un sector feudal-estatal sostenido por rentas públicas, burocracia y privilegios corporativos; y una vasta economía popular que vive de la rivalidad cotidiana, del autoempleo, del pequeño comercio, del taller familiar, del artesano y del ingreso diario. Pretender aplicar una sola política salarial a estas tres realidades es desconocer el país real.
Cuando se exige un aumento del 20%, la pregunta no debería ser si la cifra es generosa o insuficiente. La verdadera pregunta es otra: ¿quién recibe el beneficio y quién paga el costo?
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En el sector capitalista fuerte, compuesto por grandes empresas, banca, exportadores y actividades con mayor productividad, el aumento salarial puede ser absorbido con más facilidad. Algunas firmas trasladarán costos a precios; otras introducirán tecnología; varias simplemente reducirán personal menos calificado. Incluso puede ocurrir algo más duro: los actores grandes salen fortalecidos porque los pequeños competidores no resisten. Lo que se presenta como mejora social puede terminar acelerando la concentración económica.
En el mundo feudal-estatal, donde se ubican burocracias públicas, empresas deficitarias sostenidas por recursos fiscales y corporaciones protegidas, el incremento salarial suele transformarse en ganancia política inmediata. Allí no siempre manda la productividad, sino la capacidad de presión y negociación. El costo puede ser diferido mediante déficit, deuda, reasignaciones presupuestarias o sacrificios futuros. Se gana apoyo presente hipotecando recursos del mañana.
Pero donde el impacto es más silencioso y más severo es en la economía popular. El pequeño taller textil, la carpintería barrial, la artesana, el transportista con márgenes estrechos, el comerciante minorista o la familia que combina varios ingresos precarios no reciben automáticamente ese aumento. Para ellos, el incremento llega de otra forma: suben los insumos, sube el transporte, cae el consumo, se encarece contratar ayuda y aumenta la presión competitiva.
El resultado no aparece en discursos oficiales. Aparece en decisiones pequeñas y dolorosas: despedir al ayudante, trabajar más horas, incorporar a hijos o familiares sin remuneración formal, endeudarse o cerrar. En otras palabras, una política diseñada para beneficiar al trabajador formal puede castigar al trabajador por cuenta propia.
Aquí surge una pregunta incómoda: ¿a quién representa hoy el sindicalismo tradicional? Históricamente, las organizaciones obreras defendieron conquistas legítimas. Pero la estructura laboral cambió. Millones de bolivianos ya no viven del empleo asalariado estable, sino de actividades fragmentadas, informales e inciertas. Cuando se negocia desde la lógica del trabajador protegido, puede ocurrir que se hable en nombre del pueblo mientras se deja fuera a la mayoría real del trabajo.
Esto no significa negar la necesidad de mejores salarios. Significa reconocer que una política salarial ciega a la estructura económica puede producir efectos contrarios a los anunciados. El problema no es subir salarios; el problema es hacerlo como si todos los sectores tuvieran la misma capacidad de pago, la misma productividad y la misma protección.
Bolivia necesita abandonar el lenguaje cómodo de las consignas y entrar al terreno difícil de la realidad. No existe “el trabajador boliviano” como figura única. Existen trabajadores estatales, asalariados formales, microempresarios, autoempleados, artesanos, vendedores populares y productores familiares, todos insertos en estructuras distintas y muchas veces enfrentadas.
Por eso, el aumento del 20% no es simplemente una medida social. Es una redistribución desigual dentro de una economía heterogénea. Beneficia claramente a algunos, presiona a otros y puede asfixiar a los más frágiles.
Mientras sigamos creyendo que Bolivia es una sola economía, seguiremos aplicando recetas uniformes a un país profundamente diverso. Y cada vez que eso ocurra, los sectores con más organización cobrarán primero, mientras los más dispersos pagarán después.
La discusión salarial no debería comenzar preguntando cuánto subir. Debería comenzar preguntando algo más serio: en las tres economías de Bolivia, ¿quién gana y quién desaparece?