El fallo a favor del banco español BBVA quedó firme tras la decisión del Tribunal Supremo de los Países Bajos, que rechazó el último recurso presentado por el Estado boliviano.
Fuente: ANF / La Paz
Bolivia deberá pagar una indemnización de 105 millones de dólares al banco español BBVA, luego de perder definitivamente un arbitraje internacional relacionado con la nacionalización del sistema de pensiones. El fallo quedó firme tras la decisión del Tribunal Supremo de los Países Bajos, que rechazó el último recurso presentado por el Estado boliviano.
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El conflicto se remonta a 2010, cuando el gobierno de Evo Morales decidió nacionalizar la administración de los fondos de pensiones, hasta entonces gestionados por empresas privadas como Previsión BBVA AFP. La medida dio paso a la creación de una gestora pública, pero el proceso de transición fue cuestionado por la entidad financiera.
BBVA argumentó que la transferencia del sistema fue irregular, con retrasos y decisiones que afectaron sus operaciones. En 2018, el banco llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), alegando trato arbitrario, inseguridad jurídica y perjuicios económicos durante la implementación del cambio.
En 2022, el Ciadi falló a favor del banco y ordenó al Estado boliviano pagar una compensación de 105 millones de dólares. Aunque el Gobierno intentó anular ese laudo en instancias judiciales internacionales, primero en tribunales de La Haya y luego ante la máxima instancia judicial neerlandesa, todos los recursos fueron rechazados.
Según fuentes jurídicas, la decisión del Tribunal Supremo neerlandés es definitiva y no admite nuevas apelaciones, lo que obliga a Bolivia a cumplir con el pago. Además, el país fue condenado a cubrir los costos del proceso.
El banco sostuvo en su momento que su reclamo no se centraba en la nacionalización como tal, sino en la forma en que se ejecutó el traspaso hacia el sistema público, el cual —según su versión— fue “caótico” y perjudicial.
Por su parte, el Estado boliviano había cuestionado el laudo arbitral, señalando que no se valoraron adecuadamente sus argumentos sobre las dificultades en la transición. Sin embargo, con este último fallo, se cierra la vía legal internacional para revertir la decisión.